Jorge Eduardo Arellano
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Estupor, confusión e indignación, entre otros sentimientos, afloraron ayer en diversas personas y organizaciones de derechos humanos, al conocerse de los privilegios de libertad que se gestan desde instituciones del Estado para beneficiar a los reos Eugenio Hernández González y William Hurtado García, homicidas confesos de los periodistas María José Bravo y Carlos José Guadamuz, respectivamente.

Esta semana la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, reveló que por motivos humanitarios se le otorgó libertad condicional a William Hurtado García, de 48 años, quien fue condenado a 21 años de prisión por asesinar de tres balazos al periodista y disidente sandinista, Carlos José Guadamuz Portillo, en febrero de 2004.

De igual modo magistrados liberales de la Corte Suprema de Justicia revelaron que se gestiona una sentencia de reducción de pena que pondría en libertad al ex activista del Partido Liberal Constitucionalista, Eugenio Hernández González, quien fue sentenciado a 25 años de cárcel por la muerte a balazos de la periodista María José Bravo, en noviembre de 2004, cuando laboraba como corresponsal del Diario Hoy y La Prensa.


Medallas y puñales
“Es irónico y contradictorio que el sábado (Primero de Marzo, Día Nacional del Periodista) el gobierno está entregando medallas a periodistas, y pocos días después surja la orden de que estos agresores del periodismo nacional sean enviados a sus casas”, expresó Boanerges Ojeda, vicepresidente del no gubernamental Instituto Nicaragüense para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, cuya labor se centra en los derechos humanos de los reos del Sistema Penitenciario Nacional (SPN).

Ojeda indicó que estas señales son negativas para la sociedad, pues a su juicio muestran impunidad y avalan la cultura de la violencia no sólo contra la ciudadanía, sino también contra el periodismo y la libertad de expresión “al establecer que cualquiera puede matar y salir libre sin mayores consecuencias”.

“A título personal considero que se debe aplicar los preceptos constitucionales, donde se obliga al Estado a salvaguardar el derecho a la vida, pero también a la integridad de las personas bajo principios de igualdad y legalidad. Para tales efectos están las leyes. Por eso me parece que si se quiere cumplir con justicia, el señor Hurtado debió ser internado en un centro de atención médica, resguardado con custodia”, comentó Ojeda.

Oscar Molina, alcaide de la Cárcel “Modelo”, dijo que Hurtado está gozando del régimen de convivencia familiar extraordinaria desde el viernes, y que la decisión fue tomada estrictamente por cuestiones humanitarias “debido al delicado estado de salud del privado de libertad”.

Así está registrado en su historial clínico y en el dictamen del médico forense, precisó Molina.

“Esencialmente lo que predominó fue el derecho a la vida y su protección. Este año se ha dado igual beneficio a 15 personas a nivel nacional, y a seis en La Modelo, teniendo en cuenta que no poseemos las condiciones para darles atención médica”, explicó el funcionario del penal, quien amplió que entre las restricciones establecidas está que Hurtado tendrá que reportarse al SPN una vez al mes y no puede salir del departamento de Managua.

Molina comentó que el presupuesto que recibieron este año contó con 16 millones de córdobas menos de lo solicitado, por lo cual estaban priorizando sus gastos, en detrimento de la alimentación, condiciones de vida y de salud de los reos.


En defensa de Hurtado
Al respecto, la procuradora especial de cárceles, María Auxiliadora Urbina, de la estatal Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, comentó que debido a su labor en la inspección de los centros penitenciarios, “le consta” que el señor Hurtado durante los últimos cinco meses estuvo en el “hospitalito” del centro penitenciario “La Modelo”.

Según ella, Hurtado estuvo junto a los enfermos crónicos y valetudinarios, y salía continuamente hacia los hospitales “porque su condición era inestable”. Según el dictamen del Instituto de Medicina Legal, este individuo no podía continuar en el régimen carcelario “por su delicado estado de salud”.

La procuradora Urbina indicó que para enviar a un preso al régimen de convivencia familiar, debía aplicar a una serie de requisitos estipulados en el capítulo VIII de la Ley de Régimen Penitenciario y Ejecución de Pena.

Los elementos a los que se refiere Urbina son el comportamiento, tiempo purgado en prisión y el dictamen médico para evaluar el nivel de su situación de salud. El artículo 122 de la mencionada Ley, dice que para aplicar el régimen de convivencia familiar se necesita haber cumplido el 40 por ciento de la condena. Hurtado, con 25 años de pena, tan sólo ha cumplido cuatro años, o sea, menos del 16 por ciento de la condena.

“Es potestad de las instancias penitenciarias y de gobernación considerar esto dependiendo la gravedad del interno. Además, según los registros, su comportamiento era calmo y retraído. Asimismo, era un reo primario o sea que no tenía antecedentes delictivos”, justificó la procuradora de cárceles.


Cenidh: Justicia selectiva
Al preguntarle si esta persona, con apenas cuatro años cumplidos de una condena por asesinato, había dejado de ser un peligro para la sociedad, la procuradora dijo que ese debía ser un riesgo que las autoridades penitenciarias debían tomar al cumplir con lo establecido por la ley, tal como eran los Regímenes de Sistema Progresivo.

Bayardo Izabá, Director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), dijo que a nivel nacional hay por lo menos 200 privados de libertad con delitos similares o menores que presentan problemas cardíacos, vasculares, con cáncer y valetudinarios, pero siguen cumpliendo su sanción.

“En la cárcel La Esperanza podemos ver a mujeres privadas de libertad por vender 5 bolsitas de crack, que ya condenadas han parido hijos y ahí los tienen que amamantar, pero nadie se compadece de ellas, como sí se compadecen de asesinos vinculados a partidos políticos”, se quejó Izabá. (Colaboración de Luis Alemán y Yelba Tablada).


Familias sorprendidas y dolidas

JOSÉ ADÁN SILVA y LUIS ALEMÁN
La libertad de William Hurtado y la posibilidad de una pronta liberación de Eugenio Hernández no sólo causaron estupor entre las organizaciones de derechos humanos, sino que provocaron confusión e indignación entre los familiares de las víctimas y de los mismos victimarios.

Selim Guadamuz, el hijo menor del finado periodista, testigo del crimen, y quien capturó a Hurtado el propio día de la muerte mientras su padre se desangraba en la acera del Canal 23 tras recibir tres balazos, se disculpó por no poder articular una respuesta.

“Te agradezco el gesto, pero ni siquiera puedo hablar, hablá con mi hermana mejor, yo creo que ella va a poder, yo no, hermano”, dijo el joven, que tenía 16 años al momento del crimen, y a quien Hurtado le disparó dos veces antes de intentar huir.


Aturdimiento y llantos
A Adilia Guadamuz, hija de Carlos Guadamuz, la noticia de la liberación del asesino de su padre le causó tal impresión que dijo sentirse “impactada, destruida, rematada…”.

“No sé qué podría decirte, me siento tan aturdida que apenas puedo creerlo, lo único que sé es que mi familia no va dejar de luchar para que se haga justicia y ese hombre regrese al lugar donde debe estar”, dijo Adilia, quien anunció que una vez pasado el impacto decidirá con su familia “qué decisión tomar”.

Quien reaccionó con mayor emotividad fue la familia de la periodista María José Bravo Sánchez, quien desde Santo Tomás, Chontales, estalló en llanto al conocer la noticia que abrió las heridas todavía recientes de su pariente fallecida.

Doña Antonia Sánchez, madre de María José Bravo Sánchez, estaba llorando en su casa cuando se le consultó sobre la suerte del asesino de su hija, Eugenio Hernández quien pese a estar condenado a 25 años de cárcel podría quedar en libertad por gestiones de magistrados liberales.


Mensaje a Ortega
A pesar del dolor de la sorpresa, doña Antonia manifestó acongojada que ya casi esperaba la libertad de Hernández, puesto que hubo un tiempo en que constantemente le llamaban vía telefónica y la amenazaban con que pronto el asesino de su hija quedaría en libertad, “porque tiene amigos en el Poder Judicial”.

María José tenía 26 años al momento de su muerte en noviembre de 2004. Ella cubría el resultado de las elecciones y las denuncias de fraude electoral en Santo Tomás, cuando Hernández disparó agazapado y con el arma escondida en un bolso, para luego salir huyendo a esconderse entre una muchedumbre agitada que reclamaba por el resultado de las votaciones.

“Sería una burla para la memoria de mi hija y para la familia, al igual que para todos los periodistas que exigieron justicia por la muerte de María José, y no es justo que después de comprobarse el delito lo dejen en libertad”, expresó la señora, quien junto a su hija Esperanza, termina de criar al niño de María José, quien quedó huérfano a los tres años.

“Cuando mi hija murió tuve la visita en mi casa de Daniel Ortega, quien me aseguró que la muerte de mi hija no quedaría impune. Hoy le pido que cumpla su palabra y que no permita que la libertad de ese hombre (Eugenio) sea negociada”, suplicó doña Antonia Sánchez.

Su otra hija, Esperanza, dijo ellas son dos mujeres solas y un niño de seis años, que ahora piden ayuda para ver qué pueden hacer al respecto, ya que no sólo temen que la muerte de su pariente quede sin castigo, sino que ellas mismas temen que algo les ocurra.


“Nosotros quisiéramos hacer algo para que esto no quede así, pero no tenemos abogado ni dinero para luchar”, expresó Esperanza. Bayardo Izabá, del Cenidh, prometió respaldar a las familiares de la asesinada periodista.


Dolor de madre
Pero la noticia no sólo sorprendió a los familiares de las víctimas, sino que también a la de los victimarios mismos.

Flor García, madre de William Hurtado García, se mostró sorprendida por la noticia sobre el otorgamiento del beneficio de convivencia familiar a su hijo, y dijo desconocer si éste realmente se encontraba fuera de la cárcel.

Tanto García como su hija Mireya confirmaron que desde hace tiempo estuvieron realizando gestiones para lograr un beneficio para Hurtado “debido a su grave estado de salud”, pero dijeron que no tenían ni idea de que las gestiones habían tenido un resultado positivo.

“No sé si mi hijo ya está fuera de la cárcel, pero si es así le doy gracias a Dios y que Dios me lo perdone por lo que hizo”, dijo la señora García, quien aseguró que la última vez que lo vio fue hace cuatro meses cuando lo visitó en la cárcel.

“No me doy cuenta si ya salió de la cárcel, pero si fuera cierto, yo, que soy la madre, ya me hubiera informado”, dijo la señora García, quien lamentó el crimen cometido por su hijo, pero también lamentó el “daño que mi familia ha sufrido”.

“No sólo la familia del señor Guadamuz ha sufrido, también nuestra familia ha sufrido demasiado”, dijo García, quien aseguró que fueron los vecinos en el anexo Pablo Sexto del barrio San Judas, quienes llegaron a informarle sobre la supuesta excarcelación de su hijo. Según la hermana de Hurtado, las amenazas de muerte en contra de la familia no se han detenido.

“Aparecen cartelones amenazantes colocados en las verjas de la casa, nos llaman por teléfono, corrieron de los trabajos a todos mis hermanos sólo por ser hermanos de William, mis hijos tuvieron que abandonar las aulas por lo señalamientos que se hacían en contra de ellos… Esta vida ha sido terrible”, dijo llorando la madre de Hurtado.