Ernesto García
  • Managua, Nicaragua |
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La Defensoría Pública y la Fiscalía estuvieron cerca de debatir si se le otorgaba o no el beneficio de suspensión de ejecución de la pena a un ciudadano que había fallecido casi siete meses atrás.

El singular episodio ocurrió este lunes en el Juzgado Quinto Distrito Penal de Ejecución de Sentencia de la capital, donde su titular, Melvin Vargas, convocó para debatir si cabía el beneficio para Henry Morales, de 36 años.

Morales, sentenciado a 16 meses de prisión por violencia psicológica y violencia física contra su pareja, falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Alemán Nicaragüense el 20 de noviembre del 2013, a consecuencia de shock hipovolémico y arritmia cardíaca.

No obstante, hasta ayer en el Sistema Penitenciario Nacional, donde se registran todas las causas judiciales tramitadas en Managua, Morales aparecía “activo”, es decir que no fue reportado su deceso, explicaron por separado las representantes de la Fiscalía y la Defensoría Pública.

Oralidad evita ridículo

Fue hasta que el juez Melvin Vargas abrió la audiencia que las partes procesales —Fiscalía y Defensoría— se percataron de que el reo para quien fue solicitado el beneficio de suspensión de ejecución de la sentencia estaba muerto desde hace siete meses.

Entonces, sobre el principio de oralidad, la vista pública pasó de ser una audiencia para debatir sobre la suspensión de la pena a una audiencia de extinción de la acción penal por fallecimiento a petición de la defensora pública, Flor de María Páramo.

Las partes involucradas justificaron el inusual episodio, alegando que cuando los reos están cumpliendo sentencia firme y sucede algún hecho relevante con ellos, las autoridades del penal informan de manera directa al judicial.