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Organizaciones de personas con discapacidad solicitarán al Gobierno ser partícipes de los planes de prevención ante emergencias y pedirán participar en el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres (Sinapred).

“Cada una de las discapacidades tiene una atención especial y en terremoto o inundación el tratamiento es diferente. Ejemplo, en un terremoto a una persona con discapacidad visual se le puede llevar de la mano, o guiar con la voz; en el caso de alguien con discapacidad físico-motora, se necesita al menos de dos personas para cargarla, pues entre escombros no podrá utilizar su silla de ruedas”, explicó María Cristina Aguilar Castillo, miembro de la organización de Ciegos de Nicaragua Marisela Toledo.

Aguilar, quien es parte de la Comisión de Gestión de Riesgo de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad (Feconori), destacó que aunque existe una organización comunitaria y planes de atención a personas con discapacidad durante desastres, no hay ninguna persona de las organizaciones en el Sinapred y la asistencia establecida no es la más apropiada.

Unifican criterios
Las organizaciones de personas con discapacidad se han estado preparando en prevención a desastres y 75 de sus representantes hoy realizarán un taller donde identificarán problemas según la discapacidad, unificarán criterios y presentarán aportes en torno a la petición que incluirá la atención posemergencia.

Según el estudio “La reducción del riesgo de desastres en la población de personas con discapacidades en Nicaragua”, presentado por el presidente de Feconori, Javier López, las personas con discapacidad se encuentran entre los grupos más excluidos de la sociedad.

Por eso recomiendan ser tomados en cuenta en las estrategias para prevenir y afrontar emergencias. Señalan que urge más esfuerzo para transformar actitudes y derribar las barreras que impiden la integración de las personas con discapacidad a las distintas instancias organizativas a nivel sectorial y territorial del Sinapred.

Asimismo, señalan que falta fortalecer el sistema de monitoreo y herramientas adaptadas para la valoración del riesgo de las personas con discapacidad, además de institucionalizar y cualificar los procesos de gestión del conocimiento asociados a los derechos de las personas con discapacidad considerando los enfoques de derechos.