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El juez IV del Distrito Penal de Juicio de la capital, Carlos Silva Pedroza, dio un plazo de 24 horas al abogado Israel Zelaya, defensor de Jorge García Vargas, el hombre declarado culpable de homicidio por matar a un ladrón que ingresó a su casa, para que se pronuncie de la petición de la Fiscalía de anular el veredicto de culpabilidad que recayó sobre su representado.

“Yo mandé a oír a la defensa (Israel Zelaya) para que se pronuncie en torno a las pretensiones de la Fiscalía (de anular el veredicto) y si él lo hace en el plazo de 24 horas, yo podría estarme pronunciando el viernes”, aseguró el judicial en declaraciones a los periodistas.

La Fiscalía que inicialmente acusó a Jorge García Vargas por homicidio en perjuicio de Francisco Altamirano Morales y pidió 15 años de prisión, el pasado viernes introdujo un escrito pidiendo se anule el veredicto emitido por el tribunal de jurado.

El argumento del Ministerio Público para pedir la nulidad del veredicto de culpabilidad es que supuestamente el juez Carlos Silva Pedroza no instruyó bien al tribunal de jurado de cómo debían realizar su trabajo.

Ante este señalamiento del Ministerio Público para pedir la nulidad del veredicto de culpabilidad, el judicial respondió: “Yo instruí a los miembros del jurado a como corresponde”.

Cuestionamiento de la defensa

Después de permanecer varios días en silencio, el abogado Israel Zelaya, defensor de Jorge García Vargas, salió en público cuestionando la idoneidad de uno de los miembros del tribunal de jurado.
Mostrando documentos facilitados por las autoridades de archivo fenecido, Zelaya aseguró que el jurado Javier Antonio Téllez González tiene antecedentes penales por daño menor y amenaza.

“El (Javier Téllez) medió y se mandó a archivar la causa”,  subrayó Zelaya, ante un grupo de periodistas  en los pasillos judiciales.

Ante este señalamiento, el juez Carlos Silva Pedroza respondió que las partes procesales (Fiscalía y defensa) tuvieron la oportunidad de impugnar al miembro del tribunal de jurado y no lo hicieron.

“Yo no puedo andar investigando si las 500 o 600 personas que a diario son citadas para ser miembros del tribunal de jurado tienen o no antecedentes”, explicó el juez Carlos Silva, agregando que eso le corresponde a las partes procesales (acusador y defensa).

Los abogados Óscar Carrión y Juan Miranda Tercero señalaron que el Artículo 136 del Código Penal establece, que solo generan antecedentes penales las sentencias condenatorias dictadas por la autoridad competente.

¿Qué pasa con la mediación?

Cuando una persona es denunciada o acusada por una falta penal como las amenazas y los daños menores, la legislación penal sobre el principio de oportunidad permite la mediación.

Si las partes median, el acuerdo es presentado en la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos (Ordice) asignándolo a un juzgado local penal, donde el juez lo inscribe en el libro de acuerdos.

Posteriormente el judicial ordena el archivo definitivo y dicta el sobreseimiento definitivo del imputado, pero en virtud del acuerdo de mediación.