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El libro primero del Código Civil de Nicaragua ya está actualizado, pero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe autorizar su contenido antes de ser aprobado por el plenario de la Asamblea Nacional, indicó Anibal Ruiz, asesor de la Sala Civil de la CSJ. 

“La Corte tiene que dar una opinión oficial sobre la actualización del primer libro. Son 14 magistrados, no es una opinión individual, sino la opinión del cuerpo colegiado de la Corte”, explicó Ruiz, quien trabaja con los diputados de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos del Poder Legislativo en la actualización del Código Civil.

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El Código tiene tres libros. La Comisión terminó la actualización del primero y presentó un informe del mismo a la junta directiva del parlamento, pero para aprobar la nueva versión en el plenario, esta debe recibir el aval de la CSJ.

“En el libro primero hubo una cantidad de derogaciones, toda la materia de la familia quedó excluido del Código Civil y pasó al Código de Familia, todo eso dejó más delgado el libro primero del Código y entonces ha sido relativamente más fácil su revisión”, comentó Ruiz.  

Por concluir libro segundo

La actualización del libro segundo del Código Civil concluirá pronto, dijo por su parte la legisladora María Auxiliadora Martínez,  presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea.

“El libro segundo contiene alrededor de 1,300 artículos, ya ahorita hemos revisado unos 1,200. Nos faltan 99 artículos para terminar de revisar el libro segundo y vamos a concluir esa tarea en la siguiente reunión que tengamos”, expresó Martínez. 

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Respecto a la actualización del libro tercero del Código Civil, Anibal Ruiz señaló que “el libro tercero contiene todo lo relacionado a las obligaciones y contratos, y este libro está prácticamente sin tocar, anteriormente no se le ha hecho cambios, entonces ahí vamos a tener bastante leña qué cortar”. 

El Código Civil data de 1904 y hasta el momento no se ha publicado una versión oficial con las actualizaciones de vocabulario y las derogaciones de algunos instrumentos legales que ya no tienen efecto o han sido cobijados por otras herramientas jurídicas como el Código de la Familia.