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William Ernesto Tórrez Peralta, es el primer doctor en Derecho procesal en la historia de Nicaragua. Se graduó con honores en la prestigiosa Universidad Jesuita de Deusto, Bilbao, España. Entres sus profesores se destacaron los eminentes juristas españoles: Ricardo De Ángel Yagüez, Manuel Zorrilla, José María Rifá Soler, José Luis Iriarte, entre otros.

Recientemente, el doctor Tórrez Peralta ha publicado su libro Manual de Derecho Procesal Civil nicaragüense, editado por Hispamer. Destacado como profesor de Derecho procesal, Tórrez acaba se encuentra actualmente en el prestigioso Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, fundado por Héctor Fix Zamudio, uno de los más grandes juristas latinoamericanos y  del mundo. Sobre su libro y su experiencia, hemos conversado en esta entrevista.

-¿Qué nuevo aportes trae tu libro al Derecho procesal civil nicaragüense?
En este libro recojo una reflexión de conjunto sobre el sistema procesal civil vigente en Nicaragua, cuyo núcleo más importante se encuentra regulado en el Código de Procedimiento Civil de 1906. Por las noticias que corren, probablemente será ésta una de las últimas oportunidades de un estudio de conjunto del actual sistema, antes de la ya anunciada reforma, que se está trabajando en la Corte Suprema de Justicia y que, ya está puesta en escena un anteproyecto.

Por otra parte, la obra es el resultado del trabajo y experiencia docente universitaria. El propósito que me ha guiado en su realización ha sido ofrecer, por una parte, a los estudiantes de Derecho procesal civil, una obra general que contenga los conocimientos necesarios en esta materia. En este sentido, la obra se ha estructurado como un Manual de referencia para los alumnos de Derecho. Por otra parte, su consulta también puede resultar de extrema utilidad para abogados, procuradores, jueces y otros intervinientes o partícipes en el sistema jurídico procesal nicaragüense. La obra como todo producto humano tiene defectos, por lo cual estoy trabajando desde ya en una revisión y actualización para una futura segunda edición.

-Tengo entendió que harás una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional de México, ¿qué línea de investigación pensar realizar?
Efectivamente realizaré una estancia de investigación en dicho Instituto, para la cual me van a asesorar dos eminentes juristas mexicanos como son José Ovalle Favela y Nuria González Martín; trabajare sobre el recurso de casación civil en el sistema de impugnación, bajo una perspectiva de Derecho comparado, específicamente analizando los sistemas mexicano, español y nicaragüense. Hay que tener en cuenta que existe en la actualidad un debate entre la doctrina sobre todo aquello que hace referencia a la finalidad de la casación dentro de los modernos ordenamientos jurídicos.

En la actualidad la casación no sólo tiene una función esencial en lo relativo a la uniformidad de la jurisprudencia sino que supone un instrumento eficaz para los litigantes como recurso encuadrado en la unidad del fin que se dirige a la actividad jurisdiccional. Se trata de la realización por parte de los órganos jurisdiccionales de los intereses tutelados por el derecho objetivo, pues la mayoría de las Constituciones políticas garantizan sólo la obtención de una resolución motivada pero no el acierto en la aplicación de la legalidad ordinaria.

El control y corrección de eventuales errores corresponde siempre al sistema de recursos jurisdiccionales. Esto porque el sistema de recursos responde a una necesidad humana. Hay que tener presente que tanto la prueba como los recursos son la consecuencia lógica de admitir la imperfección humana. Con el sistema de recursos se trata de evitar la fiabilidad humana, la necesidad de corregir los errores judiciales garantizando el principio de legalidad y en garantía del principio de seguridad jurídica; buscando la uniformidad en la interpretación de la ley por los órganos judiciales.

-¿A tu criterio, ¿qué tipo de reformas necesita el ordenamiento jurídico nicaragüense, en materia procesal?

Está primero el trabajo que viene realizado la Comisión de Reforma al Anteproyecto de Código Procesal Civil, que ha tomando en cuenta la experiencia y los diversos puntos de vistas de todos los sectores protagonistas de la justicia civil, para establecer una justicia civil nueva en la medida en que, a partir de nuestra actual realidad, dispongamos de regulaciones plenamente enunciadas y coherentes, con innovaciones y cambios sustanciales, para la efectividad, con plena garantías, de la tutela que se confía a los Jueces y Tribunales.

Per además, Nicaragua, necesita otras reformas, y desde ya se viene trabajando en algunas áreas como son el Proyecto de Código Procesal Laboral, que dicho sea de paso colabore con la Comisión de Reforma que en su momento integró la Corte Suprema de Justicia, donde se establecen una serie de principios y novedades en lo que respecta al futuro Código Procesal Laboral.

También se ha trabajado en un Código de Familia, que contiene una serie de normas de carácter procesal, y que son trascendentales, porque se establece un proceso único de familia. Todas estas transformaciones han sido integrales, vale decir, han cambiado orgánica y funcionalmente las jurisdicciones mencionadas y todas ellas han sido concebidas desde el paradigma o idea símbolo de la oralidad, que hoy se publicita exitosamente como panacea de todos los males procesales.

También se ha planteado la necesidad de una reforma al Código de Comercio, el cual será de gran importancia, ya que dicha norma contiene números preceptos de carácter procesal en lo que se refiere a la Suspensión de Pagos y la Quiebra. A propósito de esto último en una ponencia que hice el año pasado en la UCA, proponía que aprovecháramos la reforma al Código de Procedimiento Civil y al Código Mercantil, para trabajar en una futura Ley Concursal.

¿Qué quiero decir con esto?, que cuando se aprueben dichas normas, se dejen transitoriamente los capítulos que versan sobre el Concurso de Acreedores que contempla la ley procesal civil y el Código Civil; así como la Suspensión de Pagos y la Quiebra del Código de Comercio, para que se unifiquen en una futura Ley Concursal como lo han hecho la mayoría de los países en Iberoamérica, para no tener esa disparidad de normas cuando se trate de insolvencias de comerciantes y no comerciantes.

Otra reforma que también merece importancia y de la que hay que ir trabajando es la de elaborar una Ley de Cooperación Judicial Internacional en Materia Civil y Mercantil, relativa a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales extranjeras, que vendría a derogar los preceptos actuales de la ejecución de dichas sentencias que contiene el Código de Procedimiento Civil.