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Al estilo anterior y más cortés de la banca española, le gustaba que sus empleados y los hombres de negocios y funcionarios de gobierno le llamaran Don Julio aquí, en la ciudad donde nació.

Y durante las más de cuatro décadas que Julio Fernández Gayoso dirigió lo que eventualmente se convirtió en el mayor banco de ahorros, o caja, en el noroeste de España, la institución ayudó a transformar la ciudad de Vigo, una ciudad portuaria industrial a casi 500 kilómetros de Madrid.

Por tanto, fue una caída precipitosa a fines de junio cuando Fernández Gayoso, que tiene 80 años de edad, se vio obligado a renunciar después de ser acusado en una demanda judicial presentada por investigadores anti-fraude.

Cualquiera que sea el resultado de esa demanda, Fernández Gayoso ha surgido como un símbolo del choque entre la honorable tradición de la caja como una institución comunitaria noble y la moderna economía bancaria basada en el euro que España ha tratado de crear en las últimas décadas.

Este choque de culturas empresariales quedó de manifiesto en varias formas entre las 45 cajas que operaban en España hasta principios de 2010, más de un año después del estallido de la burbuja inmobiliaria. Juntos, estos choques ayudaron a llevar a la industria bancaria del país al borde del colapso, provocando que los ministros de finanzas europeos idearan en junio un plan de rescate de emergencia de 100,000 millones de euros (123,400 millones de dólares) para el sector.

En los años previos al colapso inmobiliario, Fernández Gayoso y su caja, Caixanova, financiaron el primer campus universitario de Vigo. Construyeron o adquirieron algunos de los edificios más grandiosos a lo largo de la principal avenida de la ciudad. Y a través de Caixanova, Fernández Gayoso se convirtió en un importante mecenas de las artes, reuniendo una impresionante colección de pintura que cuelga en varios centros culturales patrocinados por el banco.

“Esta es una ciudad de obreros, pero incluso nuestros pintores comunistas recibieron tantas comisiones de él que lo describían como un dios”, dijo Carlos González Príncipe, un ex alcalde de Vigo.

Fernández Gayoso renunció a Caixanova pocos días después de que investigadores presentaran una demanda en su contra y de otros cuatro miembros del consejo, acusándolos de establecer subrepticiamente planes de retiro multimillonarios en euros para ellos mismos después de la fusión en 2010 entre la caja de Fernández Gayoso y otro banco de ahorros en la región de Galicia. La institución fusionada, Novacaixagalicia, era el quinto banco de ahorros más grande de España, con unos 8,000 empleados, casi tres millones de clientes e ingresos anuales de 124,000 millones de euros.

Un personaje poderoso

El año pasado, el Estado asumió el control de Novacaixagalicia e inyectó 2,500 millones de euros de capital para compensar la creciente cartera de créditos problema del banco.

Fernández Gayoso declinó ser entrevistado para este artículo. Pero en un reciente testimonio ante el Parlamento español, negó responsabilidad por el colapso del banco. Describió su presidencia como un puesto institucional que estaba limitado a hacer propuestas al consejo.

“No tomé una sola decisión personal, porque no podía”, dijo a los legisladores.

La descripción que hace Fernández Gayoso de su presidencia la contradicen algunos ex miembros del consejo. Cualquier cosa que Fernández Gayoso pidiera a los directores del banco, “no había debate ni votación”, dijo José Luis Veiga, que se unió al consejo hace tres años y sigue en el consejo de una fundación cultural vinculada al banco.

“El liderazgo y estrategia del banco estaban completamente en sus manos”, afirmó Veiga.

La mayoría de las cajas de España fueron establecidas en el siglo XIX como casas de empeño, con el respaldo de ayuntamientos y de la Iglesia Católica Romana. Su propósito no era generar utilidades para los accionistas, como hacen los bancos comerciales, sino redistribuir los ingresos excedentes a través de la obra social. En muchos casos, sin embargo, las cajas cayeron cada vez más bajo el control de políticos regionales que estaban ansiosos de usarlas para financiar proyectos gubernamentales.

Pero conforme las cajas amasaron poder en Galicia, la tendencia “resultó ser no un excesivo control por parte de los políticos sino por parte de algunos banqueros que se volvieron tan poderosos que incluso los políticos les temían”, dijo Santiago Lago-Peñas, un profesor de economía de la Universidad de Vigo. Ser miembro del consejo, añadió, se volvió cuestión de “cuán cercana era la relación con el presidente, en vez de la experiencia”.

González Príncipe, el ex alcalde de Vigo, reflexiona. “Casi todo aquí tuvo que cambiar, conforme hacíamos la transición de la dictadura de Franco a la democracia; excepto por la persona que controlaba nuestro sistema bancario”, dijo González Príncipe, que afirma que Fernández Gayoso ayudó a poner fin a su carrera política en los años 90 al financiar la campaña electoral de un rival.

“Cuando se es el principal financiero durante tanto tiempo, es posible infundir temor”, añadió.

Fernández Gayoso se unió a la caja en Vigo en 1947 como asistente de contabilidad a los 16 años de edad. Para 1965 había ascendido al puesto máximo, director general, y en los siguientes 30 años consolidó su poder y amplió el alcance del banco. Sus críticos dicen que entre más tiempo dirigió Fernández Gayoso el banco, menos responsables fueron él y el consejo.

En los 80, Miguel Ángel Quinteiro, un empleado del departamento de tecnología de la información del banco, se unió al consejo como representante del personal. Quinteiro dijo que había escuchado rumores de que la caja estaba cancelando préstamos malos que habían sido concedidos en términos preferenciales a algunas empresas locales, pero cuando pidió una lista de los incumplimientos de pago se la negaron. Dijo que también había pedido detalles de las bonificaciones pagadas a los empleados en efectivo cada año, pero también se los negaron.

Ambición provocó hundimiento de cajas

Eventualmente, dijo Quinteiro, fue despedido después de ser acusado de filtrar información confidencial de las reuniones de consejo al sindicato. Amenzó con demandar por despido injusto; hasta que, dijo, el banco le ofreció el equivalente de 180,000 euros, “una de las compensaciones más altas en esa época y suficiente para hacer lo que yo quisiera”, que fue establecer una compañía de tecnología de la información.

Cuando España se preparaba para entrar en la zona del euro en medio del auge impulsado por la construcción a fines de los años 90, las cajas recibieron una advertencia. Debían mantener su participación del 50 por ciento en el mercado bancario de España, y empezar a competir más agresivamente con los bancos comerciales para ofrecer créditos inmobiliarios. Fueron alentados por políticos regionales ansiosos de vender terrenos públicos anteriormente indeseados.

Conforme la burbuja inmobiliaria continuó durante 2008, las cajas empezaron a aventurarse más allá de sus regiones, donde estaban mal preparadas para evaluar y supervisar la dignidad crediticia de los solicitantes de préstamos. Las cajas de Galicia se aventuraron especialmente lejos; no sólo en Valencia, al otro lado del país, sino incluso en las Islas Canarias, frente a la costa de Marruecos.

Para fines del año pasado, las cajas de Galicia habían acumulado 5,500 millones de euros de préstamos que presentan riesgo de incumplimiento, requiriendo que el Estado inyectara 2,500 millones de euros de fondos de rescate.

Marcelino Otero López, presidente de una asociación de compañías gallegas que está basada en Vigo, argumentó que Fernández Gayoso tenía razón en defender los intereses financieros de la ciudad y resistir la fusión impulsada por Madrid con su principal competidor. La caja de Vigo, arguyó, había sido “el paradigma de un banco bien administrado”; hasta que se infectó por el frenesí inmobiliario en España.

Luis Miguel Franqueira García, un portavoz, dijo que el banco – ahora llamado Novagalicia Banco – estaba “empezando de nuevo” bajo la presidencia de José María Castellano, un ex alto ejecutivo de Inditex, el gigante minorista de moda basado en Galicia cuyas marcas incluyen a Zara.

La caja sigue siendo propiedad en 93 por ciento de la agencia bancaria estatal, que aprobó la designación de Castellano. Éste recientemente indicó que el Novagalicia Banco requeriría 6,000 millones de euros adicionales de capital, aparte de los 2,500 millones de euros de fondos de rescate que recibió el año pasado.

A principios de julio, el banco pidió públicamente perdón a los clientes – notablemente depositantes a los que, antes del colapso del banco, se les habían vendido acciones preferenciales, un instrumento de deuda convertible cuyo valor se desplomó, llevando a protestas y demandas judiciales. Muchos analistas dicen que estos instrumentos eran demasiado complejos y riesgosos para haber sido vendidos a depositantes de la banca de consumo.

Ahora, en las ventanas de las oficinas del banco, ha sido pegado un cartel con la “Promesa a Galicia” de 10 puntos. Promesa No. 3: ser “austeros y transparentes”.