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  • New York Times

Manuel Cunha ha luchado durante tres décadas para persuadir al gobierno de Estados Unidos para que proporcione más trabajadores inmigrantes legales a los agricultores en el verdeante valle de San Joaquín en California. Así es que se emocionó al principio, cuando el presidente Barack Obama anunció en junio que suspendería las deportaciones de cientos de miles de jóvenes inmigrantes indocumentados.

Sin embargo, después de leer la letra chiquita del programa, Cunha les dice a los agricultores y dueños de pequeños negocios a los que organiza que procedan con cautela.

Los inmigrantes que presentan la solicitud para aplazar la deportación por dos años pueden pedir a los empleadores que verifiquen su situación laboral como una forma de cumplir con el requisito de demostrar que han vivido en Estados Unidos por al menos cinco años. Sin embargo, los empleadores que están de acuerdo en esas peticiones podrían estar reconociendo que, a sabiendas, contrataron a un trabajador no autorizado, violando la ley estadounidense. Cunha teme que las autoridades encargadas de hacerla cumplir pudieran usar algún día la información en sus expedientes para procesar judicialmente a los empleadores.

El Departamento de Seguridad Interna “no es para nada amigable con nosotros”, dijo Cunha, el presidente de la Liga de Agricultura Nisei, basada en Fresno, California. “Hemos visto como auditan y atacan a la agricultura. Este programa podría terminar para los trabajadores en dos años. Y, entonces, la dependencia podría perseguir a los empleadores por contratar a extranjeros ilegales”.

Cunha dijo que el mensaje de los funcionarios del gobierno de Obama fue: “Solo confíen en mí”. Su respuesta: “No, no, ya no hay más confianza”.

El polvorín para los empleadores es uno de los riesgos que han aparecido en el programa de aplazamiento de las deportaciones desde que el organismo encargado, los Servicios de Inmigración y Naturalización, empezó a recibir solicitudes el 15 de agosto. El primer mes, la dependencia, que pertenece al Departamento de Seguridad Interna, registró más de 82,000 solicitudes, una cantidad que dicen los funcionarios muestra que el programa avanza con rapidez.

Sin embargo, dado que se estima que más de 1.2 millones de jóvenes inmigrantes son elegibles de inmediato, algunas de sus organizaciones dicen que la cantidad de solicitudes es menor de lo que esperaban, en parte debido a dificultades inesperadas.

Para cualificar, los inmigrantes indocumentados deben haber tenido menos de 31 años el 15 de junio, cuando Obama anunció el programa. Deben demostrar que llegaron a Estados Unidos antes de cumplir 16 años, que han estado aquí durante al menos cinco años y que estaban en el país el 15 de junio. También deben estar inscritos en alguna escuela o tener certificado de secundaria o que el ejército los haya dado de baja honorablemente, y no tener antecedentes penales.

De ser aprobados, se otorga a los inmigrantes lo que se conoce oficialmente como acción aplazada, y por separado reciben permisos legales para trabajar. Sin embargo, no obtienen ningún estatus legal de inmigración.

Un dilema particularmente engañoso es enfrentar a los agricultores y a otros negocios en el ámbito nacional que dependen del trabajo barato. Muchos jóvenes inmigrantes trabajaban medio tiempo para ayudar a pagar los estudios superiores. Otros trabajan tras haber abandonado la universidad por no conseguir descuentos en las colegiaturas, ni ayuda financiera debido a su situación. Según el Instituto para la Política Migratoria, un organismo de investigación, hay en la fuerza laboral cerca de 740,000 inmigrantes elegibles para el aplazamiento.

“Si sabes de seguro que un empleado no está autorizado para trabajar, no lo puedes emplear”, expresó Greg Siskind, un abogado en inmigración en Memphis, Tennessee, quien ha asesorado a negocios sobre cómo responder a las solicitudes de verificación de empleo.

Mucho depende de cómo un empleado plantea la cuestión, comentó Tamar Jacoby, la presidenta de ImmigrationWorks USA, una organización de pequeños negocios que emplean a inmigrantes. Quienes piden la verificación para el aplazamiento de la deportación están admitiendo ser trabajadores no autorizados. Es posible que al final consigan un permiso para trabajar legalmente, pero, mientras tanto, el empleador podría tener que despedirlos, dijo Jacoby.

Tras escuchar a los empleadores inquietos, el organismo de inmigración emitió nuevos lineamientos este mes para confirmar que los negocios podrían proporcionar la verificación para los solicitantes del aplazamiento de la deportación. Esta información no se compartirá con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, a menos que exista evidencia de violaciones atroces a los estatutos penales o abusos generalizados”, establecen los lineamientos.

Peter Boogaard, un portavoz del Departamento de Seguridad Interna, dijo que la dependencia busca centrar los recursos del orden en las amenazas para la seguridad pública. Señaló que los funcionarios investigarían si las solicitudes de los trabajadores indican “patrones y prácticas generalizados de contrataciones ilegítimas” o de “empleadores abusivos que violan otras leyes penales”.

Eso no reconfortó a Jacoby ni a Cunha.

“Eso es una red de seguridad con muchos agujeros”, dijo Jacoby.

Ella exhorta a los defensores de los inmigrantes a que les digan a los solicitantes que no mencionen el programa de aplazamiento cuando pidan la verificación del empleo.

El organismo migratorio también aclaró una sección de la solicitud en la cual se pide al inmigrante que anote los números de Seguridad Social que hubiera usado. Es común que utilicen unos falsos o, a veces, verdaderos, pero que pertenecen a otra gente. En una solicitud oficial, dichos números podrían ser evidencia de fraude o, incluso, de robo de identidad.

En el formato, se piden solo los números “que la Administración de la Seguridad Social emitió oficialmente para usted”, dicen los nuevos lineamientos.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Interna “no confieren inmunidad a nadie”, dijo un funcionario gubernamental. “Sin embargo, no están interesados en usar eso como una forma de identificar casos excepcionales en los que algún individuo pudo haber violado alguna ley federal en una relación laboral”.