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No cumplir con las expectativas bajas se está convirtiendo en un hábito para la economía de Brasil.

Cifras publicadas el 29 de mayo muestran que, en el primer trimestre de este año, creció sólo 0.6 por ciento, una tasa anualizada de 2.4 por ciento, muy por debajo de la recuperación esperada por los analistas. Por primera vez en años, el país está registrando un déficit comercial. Su superávit fiscal primario, es decir, antes de pagos de intereses, se está contrayendo y la deuda del gobierno está creciendo.

Otras economías emergentes también están reduciendo los pronósticos de crecimiento, conforme China se desacelera y la zona del euro se desploma, pero los males de Brasil empezaron antes que los de la mayoría y parecen ser de origen nacional. La inflación cercana al 6.5 por ciento, pese al bajo crecimiento, sugiere que las rigideces nacionales son el problema principal,  y no la demanda extranjera débil.

Después de asumir el poder en 2011, la Presidenta Dilma Rousseff buscó estimular el crecimiento elevando el gasto público y el salario mínimo, y obligando a los bancos estatales a prestar más. La inflación resultante fue enfrentada no elevando las tasas de interés sino recortando los impuestos sobre las ventas y manteniendo bajo el precio de artículos con gran impacto en el índice de inflación, incluidos los alimentos, la gasolina y las tarifas de autobuses.

Hasta hace poco, los votantes reaccionaron favorablemente, aunque no la economía. Los sondeos en marzo dieron a Rousseff un índice de aprobación de 79 por ciento, rompiendo su récord y haciéndola la clara favorita para ganar la elección presidencial del año próximo, lo que le permitió postergar los ajustes económicos hasta un segundo mandato.

Sin embargo, el crecimiento estancado ahora está afectando a los brasileños en el bolsillo. Después de sucesivos aumentos salariales, los acuerdos de salarios de este año apenas superaron a la inflación. Ya endeudados, los hogares están recortando su gasto. La confianza del consumidor está cayendo, y más personas dicen que los precios al alza son su mayor preocupación económica.

Al parecer, el rápido deterioro en los datos económicos y el sentimiento público han forzado al gobierno a actuar. Pese a las débiles cifras de crecimiento, el Banco Central sorprendió a los mercados elevando la tasa de interés base de 7.5 a 8 por ciento, haciendo de Brasil la única gran economía que actualmente está restringiendo su política monetaria. El gobernador del banco, Alexandre Tombini, dijo que la decisión tuvo el “apoyo total” de Rousseff. Logró en cierta medida restaurar las credenciales de combate a la inflación de la institución, muy dañadas por la decisión de la presidenta de bajar las tasas aun cuando la inflación subía.

El banco tendrá que elevar las tasas de nuevo para acercar más a la inflación a su meta de 4.5 por ciento. El 4 de junio, el gobierno eliminó un impuesto sobre las compras extranjeras de bonos, con la esperanza de alentar la entrada de divisas y desacelerar el debilitamiento del real, lo cual ha avivado la inflación al hacer más costosas las importaciones. El Ministerio de Finanzas será observado con detenimiento en busca de señales de un regreso a la rectitud, después de usar una contabilidad creativa para alcanzar su meta de superávit primario el año pasado. La salida de Nelson Barbosa, destacado funcionario que supuestamente se oponía a las travesuras fiscales, preocupa a muchos analistas.

Se espera más intensamente la evidencia de que el gobierno habla en serio sobre su promesa de dejar de tratar de impulsar el consumo y más bien alentar la inversión, actualmente de sólo 18.4 por ciento del PIB. Durante el primer trimestre, la inversión repuntó, pero mayormente debido a una recuperación en las ventas de vehículos pesados, las cuales se han deprimido el año pasado por las reglas sobre emisiones más estrictas.

Rousseff ha exhortado a las empresas a invertir más, pero las propias acciones del gobierno son una razón para que hayan desatendido al llamado. Mantener bajos los precios de la gasolina para frenar el ascenso de la inflación debilitó la hoja de balance de Petrobras, el gigante petrolero controlado por el Estado, y causó estragos en la industria del etanol de caña de azúcar, que compite directamente con la gasolina en las bombas de suministro. Un retraso en la introducción de las nuevas leyes de minería y una disputa en torno a cómo compartir las regalías petroleras han puesto en suspenso a la explotación y el desarrollo en ambas industrias.

En agosto, el gobierno dijo que a principios de 2013 empezaría a licitar concesiones de carreteras y ferrocarriles al sector privado. Sin embargo, su poca disposición a permitir un rendimiento competitivo desalentó a los inversionistas, y las licitaciones fueron postergadas. Las torpes intervenciones en las industrias de la electricidad y la banca completaron el panorama de un gobierno desmañado y contrario a las empresas.

Idear un auge de la inversión significará romper al menos algunos de estos atascamientos. Una exitosa subasta de de derechos de perforación el mes pasado, y planes para vender un enorme nuevo campo frente a la costa de Río de Janeiro en octubre, han despertado esperanzas de que la inversión en la industria petrolera pronto repunte. En las últimas semanas, el gobierno también ha aceptado que debe ofrecer rendimientos más jugosos para atraer a los licitadores a sus concesiones de carreteras y ferrocarriles. Una serie de ventas exitosas harían mucho para impulsar la confianza de las empresas y la inversión del sector privado; y para ofrecer las mejoras de la obsoleta infraestructura de Brasil necesita para que el crecimiento repunte.

Aun cuando el espacio para la maniobra económica está disminuyendo, sin embargo, el panorama político está tornándose más difícil. Aunque la coalición gubernamental controla 80 por ciento del Congreso, sus miembros incluyen a todos, desde comunistas hasta cristianos evangélicos, así como a muchos buscadores de poder sin principios.Ex burócrata sin experiencia previa en cargos de elección, Rousseff ha resultado mal preparada para los manejos diplomáticos requeridos para coaccionar a sus llamados aliados a respaldar sus planes. Brusca e impaciente, rara vez dialoga con congresistas. Ellos consideran arrogantes a los testaferros que ella envía y, en ocasiones, incompetentes.

El mes pasado, un Congreso hostil casi bloqueó una muy necesaria nueva ley que incrementará la competencia y la inversión privada en los atestados y obsoletos puertos del país. Aprobar el proyecto de ley requirió de dos sesiones de toda la noche en la cámara baja, presión en el Senado y la promesa de 500 millones de dólares en gasto que finalmente beneficiará a los legisladores.

El Partido del Movimiento Democrático Brasileño, el socio más grande de la coalición de Rousseff, ahora está amenazando con apoyar el año próximo al partido de Eduardo Campos, un probable rival presidencial, en algunas contiendas estatales y postular a sus propios candidatos en otros.

Con toda probabilidad, esto es meramente un argumento de negociación, pero sugiere que Rousseff tendrá que pagar un alto precio para sacar de la mesa de dibujo sus planes de infraestructura.