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Las protestas han sido una especie de forma de vida en Perú durante décadas, el producto duradero de un colapso en la economía y de la confianza en el sistema político en los años 80. Han seguido incluso cuando la economía ha entrado en un auge, con un crecimiento promedio anual de 6.5 por ciento desde 2003.

Las manifestaciones más recientes del país tienen un aire de modernidad en ellas, sin embargo, un tenue olorcillo al descontento de una clase media baja con aspiraciones que recientemente ha sacudido a Brasil y Chile.

El detonante fue una decisión del Congreso de distribuir entre fieles partidistas puestos importantes en organismos supuestamente independientes como el ombudsman, seis jueces del Tribunal Constitucional, el tribunal más alto, y tres lugares vacantes en el consejo del Banco Central, aunque en este caso los designados fueron inobjetables.

La indignación contra lo que muchos peruanos ven como una clase política corrupta y convenenciera fue rápida, dominando los medios tradicionales y las redes sociales. Cuando varios miles de manifestantes se reunieron afuera del Congreso el 22 de julio, los legisladores rápidamente se retractaron y rescindieron las designaciones.

Otros grupos tienen quejas más conocidas. Médicos y enfermeras están en huelga por cuestiones salariales. Los sindicatos están protestando contra una importante reforma encaminada a hacer al estado más eficiente permitiendo que los servidores públicos ociosos o incompetentes sean despedidos.

Todo esto ocurre mientras el Presidente Ollanta Humala, un ex oficial del ejército, enfrenta una creciente impopularidad y una desaceleración de la economía. Su índice de aprobación ha caído en 20 puntos desde abril, desplomándose a alrededor de 35 en sondeos de opinión a principios de julio.

Humala fue elegido como izquierdista pero ha gobernado como conservador. Líder casi huraño de pocas convicciones evidentes, es desconfiado y, después de dos años en el poder, cada vez más objeto de desconfianza. Los líderes sindicales, que lo respaldaron en 2011, ahora lo consideran un traidor de su causa.

Los empresarios que acogieron sus políticas económicas se sintieron desconcertados por una sugerencia presidencial mal aconsejada – y rápidamente archivada – de que el gobierno debería comprar una participación accionaria en los activos peruanos de Repsol, una firma petrolera española. Muchos peruanos se quejan de que Humala no ha abordado la creciente delincuencia.

No ayuda al presidente que la caída en el precio de los minerales haya desacelerado a la economía. En los primeros cinco meses del año, las exportaciones fueron 13 por ciento menores al mismo periodo en 2012. La economía probablemente crecerá sólo alrededor de 5 por ciento este año.

Ése sigue siendo un buen índice. Luis Miguel Castilla, el competente ministro de Economía, señala que Perú sigue siendo un destino atractivo para la inversión minera, con menores costos de energía y mano de obra que el vecino Chile.

Dice que proyectos de infraestructura públicos-privados con valor de más de 5,000 millones de dólares serán licitados este año. El sistema financiero y las finanzas públicas son sólidas. Aun así, admite, sin reformas que creen un estado más efectivo, como la ley de servicio civil, el crecimiento se desacelerará.

Humala no es aún tan popular como llegaron a ser sus dos predecesores. En realidad, Steven Levitsky, un científico político de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, señala en una columna en La República, un diario limeño, que desde 1997 ningún presidente peruano se las ha ingeniado para sostener un índice de aprobación mejor al 50 por ciento.

Advierte, sin embargo, que Humala se ha aislado políticamente más que sus dos predecesores, con pocos aliados firmes fuera del ejército. Si eso continúa, eventualmente pudiera ser peligroso para la democracia de Perú.

 

Impopularidad

El Presidente Ollanta Humala, un ex oficial del ejército, enfrenta una creciente impopularidad y una desaceleración de la economía.

 

Atractivo minero

Luis Miguel Castilla, ministro de Economía, señala que Perú es un destino atractivo para la inversión minera, con menores costos de energía y mano de obra que el vecino Chile.