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  • The Economist

Aquellos que han tratado con las FARC dicen que para el veterano movimiento guerrillero de Colombia el tiempo es diferente que para el resto de la humanidad. Fundado en 1966, han superado por mucho el fin de la Guerra Fría. Se dice que piensan en décadas en vez de meses.

Pero los tiempos cambian, incluso para las FARC. Después de nueve meses de conversaciones con el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, los guerrilleros están más cerca de un acuerdo de paz que nunca antes. En forma irónica, eso pareció ser confirmado este mes por un retiro de las FARC de las negociaciones; solo para que regresaran tres días después.

Santos tiene prisa. No es tan popular como era: El gobierno se ha convertido en el blanco de protestas frecuentes, esta semana por parte de agricultores y camioneros que demandan subsidios. Una elección congresional está programada para marzo próximo, y le seguirán en mayo unos comicios presidenciales, en los cuales es probable que busque un segundo mandato.

Ahora es improbable que logre eso: Oficialmente, los negociadores, que se reúnen en La Habana, han alcanzado un acuerdo solo sobre el primer punto – sobre la reforma agraria y el desarrollo rural – de una agenda de seis asuntos.

Es mucho lo que está en juego para Colombia. Un enorme reforzamiento de la seguridad en la última década ha reducido a las FARC de unos 18,000 combatientes en su apogeo a unos 10,000 actualmente, y causado la muerte de tres de sus líderes superiores así como de muchos comandantes de nivel medio. Esos reveses militares, junto con su aislamiento político, son la razón de que por primera vez las FARC hayan estado de acuerdo con negociaciones serias destinadas a poner fin al conflicto de Colombia (conversaciones anteriores en los años 80 y 90 fueron cínicos ejercicios tácticos). Pero los guerrilleros siguen siendo lo bastante fuertes para infligir sufrimiento y disuadir la inversión en áreas rurales.

Los negociadores ahora están discutiendo la participación de las FARC en la política democrática. Pero al margen también han hecho avances en los otros temas espinosos de la agenda, incluida la reparación para las víctimas, el tipo de castigo que los guerrilleros podrían enfrentar y un mecanismo para ratificar el acuerdo. El 19 de agosto, los negociadores de las FARC expresaron una admisión pública sin precedentes, aunque tibia, de la responsabilidad de la parte de los guerrilleros en las atrocidades de Colombia, reconociendo la “crueldad y dolor provocado por nuestras fuerzas”.

El tema del referendo

Tres días después, el gobierno envió un proyecto de ley al Congreso que permitiría que se celebrara un referendo a la par de las elecciones del año próximo. Las FARC vieron eso como un intento de “acorralarnos”, según una declaración de su comandante máximo, quien se hace llamar Timoleón Jiménez.

Los guerrilleros quieren un acuerdo de paz que culmine en una Asamblea Constituyente y una nueva constitución. Saben que es una imposibilidad política: La constitución data apenas de 1991. Pero según una fuente bien ubicada, les enojó que el gobierno pareciera haberse anticipado a las conversaciones al anunciar el proyecto de ley del referendo. El 23 de agosto, los negociadores de las FARC anunciaron una “pausa” en las conversaciones.

Santos le llamó un blofeo, y ordenó a sus negociadores regresar a Bogotá. Horas después, las FARC acordaron reanudar las conversaciones el 26 de agosto. Pero también filtraron lo que dijeron era el plan del gobierno de que el referendo creara un órgano legislativo temporal, que incluyera a designados de las FARC así como de todos los partidos políticos, con el fin de aprobar las leyes necesarias para poner en práctica un acuerdo de paz. Eso sería controversial, y el gobierno no ha hecho comentarios sobre la filtración.

“Hemos avanzado como nunca antes”, insistió Santos esta semana. Dijo sentirse “esperanzado” de que un acuerdo final fuera alcanzado para diciembre o enero. También dijo que estaba “dispuesto” a iniciar conversaciones paralelas con el ELN, el más pequeño de los dos grupos guerrilleros de Colombia, después de su liberación de un rehén canadiense. Si se llega a dar un referendo, necesita ser aprobado por el Congreso en su sesión actual.

La paz no es un trato hecho todavía. Las FARC objetan una enmienda constitucional, aprobada por el Congreso el año pasado y ratificada por el Tribunal Constitucional el 28 de agosto, que establece el marco legal para abordar los cargos criminales contra sus comandantes. Por otra parte, a grupos defensores de los derechos humanos les preocupa que este marco, el cual aplicará también al ejército colombiano, sea demasiado indulgente.

Al final, alcanzar el equilibrio entre la paz y la justicia quizá sea el punto más difícil de todos. Sin embargo, las conversaciones podrían haberse cancelado este mes. Que no fuera así es un signo alentador de que están en vías de poner fin al derramamiento de sangre de Colombia, no obstante lo lento y tortuoso que sea el camino.

Un deseo irrealizable

Los guerrilleros quieren un acuerdo de paz que culmine en una Asamblea Constituyente y una nueva constitución. Saben que es una imposibilidad política: La constitución data apenas de 1991.