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Un pozo infernal para los humanos yace debajo de las narices de los turistas estadounidenses que conducen desde California hacia México. Debajo del puente que lleva hacia Tijuana hay un canal seco, salpicado de jeringas de heroína, que alberga a incontables migrantes y vagabundos, la mayoría de ellos expulsados de Estados Unidos por no tener los documentos correctos.

Jesús Alberto Capella, jefe de la policía de Tijuana, dice que su número ha incluido a unos 10,000 ex convictos deportados de cárceles estadounidenses este año. Viven bajo toldos y en madrigueras excavadas en el suelo del canal. El lugar es un caldero de violencia. También es un punto focal para la estrategia del Presidente Enrique Peña Nieto de aplicar lo que funcionarios llaman “acupuntura social” a algunas de las partes más peligrosas de México.

El ex Presidente Felipe Calderón, predecesor de Peña Nieto, hizo del combate al crimen organizado la pieza central de su presidencia. Respaldados por la Iniciativa Mérida, un plan de ayuda estadounidense de 1,900 millones de dólares que ha suministrado helicópteros Black Hawk y máquinas de rayos X para detectar narcóticos, la policía, el ejército y la armada de México intentaron desmantelar a las mafias del narcotráfico capturando a sus jefes. Sin embargo, la violencia aumentó, y cuando menos 60,000 personas murieron, principalmente en cruentas batallas campales entre pandillas rivales.

Nuevo enfoque

Preocupado por la imagen sangrienta que esto dio a México, Peña Nieto ha adoptado un nuevo enfoque desde que asumió en diciembre. El elemento que más atrae la atención es invertir 9,100 millones de dólares en los 220 barrios más violentos del país, algunos de los cuales están en Tijuana, ofreciendo más escuelas, empleos, parques y actividades culturales para evitar que se conviertan en “fábricas de delincuentes”. Los futbolistas se han unido, ofreciendo campos de fútbol a los niños de las barriadas que de otro modo querrían convertirse en pistoleros a sueldo.

Estas no son ideas nuevas. Los esfuerzos para remendar el desgarrado tejido social en las ciudades más abrumadas por la delincuencia, como Ciudad Juárez y Tijuana, comenzó bajo el gobierno de Calderón. Peña Nieto les ha dado mayor impulso, aun cuando su gobierno reconoce que no producirán un resultado rápido.

Mientras tanto, está bajo presión para producir un plan coherente de aplicación de la ley en un país donde, según incluso las estadísticas oficiales, casi nueve de cada 10 delitos no son reportados. La vigilancia policiaca es una preocupación en particular.

“Siguen en modalidad reactiva”, dice Vanda Felbab-Brown, analista de delincuencia en el Instituto Brooking basado en Washington. “Si hay un plan para ir tras los narcotraficantes, está siendo mantenido súper secreto”.

Funcionarios dicen que han registrado al menos tres éxitos tangibles hasta ahora. El primero es una declinación en los asesinatos, que según cifras policiales cayeron en 18 por ciento en los primeros ocho meses de este año.

Segundo, las fuerzas de seguridad han empezado a desmantelar a la banda narcotraficante de los Zetas que aterrorizó a México durante años. En julio, las autoridades arrestaron a su líder, Miguel Ángel Treviño Morales. Afortunadamente, su captura no condujo al tipo de derramamiento de sangre que ha seguido al arresto de capos de la droga en el pasado.

Tercero, el gobierno ha intentado imponer una cadena de mando más clara convirtiendo a la Secretaría de Gobernación en el barco insignia de la miríada de agencias de seguridad federales de México. Esto involucra absorber a la alguna vez omnipotente Secretaría de Seguridad Pública de Calderón y también manejar complicados asuntos de orden público y defensa civil como el paro de maestros y la ayuda tras los huracanes. Funcionarios dicen que el aparato de seguridad unificado facilita coordinar los esfuerzos antidrogas con la procuraduría general, las fuerzas armadas y los gobiernos estatales. Sin embargo, expertos en delincuencia palidecen ante la pesadilla administrativa que el gobierno se ha impuesto.

Más secuestros y extorsiones

Para muchos, el éxito más tangible del gobierno de Peña Nieto ha sido retirar la violencia de las primeras planas de los periódicos nacionales e internacionales. Su afirmación de que ha reducido el número de asesinatos, sin embargo, es al menos compensada en parte por un aumento de 35 por ciento en los secuestros en los primeros ocho meses del año, comparado con el mismo periodo en 2012, así como por un aumento en la extorsión, según estadísticas policiales.

Esas cifras podrían subestimar enormemente el problema. Según estimaciones del INEGI, el instituto nacional de estadísticas, el año pasado hubo 105,682 secuestros, de los cuales sólo 1,317 fueron reportados a la policía. Hubo alrededor de 6 millones de casos de extorsión, aunque la policía situó la cifra en sólo 7,272.

Usando sus propias cifras, la organización de caridad contra la delincuencia, Seguridad, Justicia y Paz, dice que México es actualmente el peor lugar en cuanto a secuestros en el mundo, y que más víctimas están siendo asesinadas. Dice que Peña Nieto carece de una política antisecuestro y está restando importancia a todo el problema de la delincuencia.

Otros analistas coinciden en que el gobierno aún tiene que hacer algo para mejorar la calidad de la policía, para poner fin a su cultura de impunidad o crear tribunales con las agallas y experiencia para sentenciar a los criminales. Está dejando mucho del trabajo a los gobernadores estatales, lo que quiere decir que los resultados serán irregulares en el mejor de los casos.

Durante meses, los funcionarios han titubeado sobre cómo cumplir la promesa de campaña de Peña Nieto de crear una nueva fuerza policial federal. Originalmente esto fue concebido como convertir a 40,000 ex soldados en agentes policiales para patrullar áreas rurales en problemas. Las luchas internas políticas han reducido esta idea prometedora a una sombra, y funcionarios ahora dicen que la nueva fuerza sólo tendrá 5,000 hombres. En línea con el enfoque de la “acupuntura social”, ofrecerá cortes de pelo y trabajos dentales al igual que seguridad.

El vacío resultante ha sido llenado, en partes del sur más pobre de México, por grupos de autodefensa paramilitares, algunos pagados por los narcos y otros establecidos para proteger a las comunidades de ellos.

Bajo las actuales circunstancias, algunos expertos se burlan del enfoque “blando” de Peña Nieto ante la prevención del delito. Quieren a más criminales menores tras las rejas antes de que se conviertan en asesinos y secuestradores. Capella, que ha ayudado a poner en forma a la fuerza policial de Tijuana, dice que México necesita una vigilancia policiaca firme para frenar la violencia, así como trabajadores sociales para lidiar con las consecuencias.

Bajo el cruce fronterizo de Tijuana, eso podría significar enviar a la policía a limpiar el área, pero también establecer casetas para recibir a la gente expulsada de Estados Unidos, ofreciéndoles documentos, apoyo sicológico, orientación antidrogas, comida y refugio antes de que se vuelvan un riesgo criminal. Con suerte, el sórdido canal podría incluso recibir un poco de pintura fresca, la cual haría maravillas por la primera impresión que tienen de México muchos estadounidenses.

Si esto es suficiente para hacer al país seguro es otro asunto.

 

Inversión millonaria

El Gobierno de México planea invertir 9,100 millones de dólares en los 220 barrios más violentos del país, algunos de los cuales están en Tijuana, ofreciendo más escuelas, empleos, parques y actividades culturales para evitar que se conviertan en “fábricas de delincuentes”.