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  • The Economist

Cualquiera que haya estado en la capital de Colombia hace un año vio tres días de caos. Montones de basura se apilaron en las esquinas mientras una agencia municipal pasaba apuros para poner en práctica un nuevo sistema de manejo de desechos después de que Gustavo Petro, el alcalde izquierdista de Bogotá, permitiera que expiraran los contratos de empresas privadas que habían estado proporcionando el servicio.

Enfrentado a las protestas públicas, Petro llamó de nuevo a las empresas privadas. Desde entonces, la basura ha sido recolectada con regularidad.

Sin embargo, esos tres días han costado a Petro su puesto y su futuro político. El 9 de diciembre, el inspector general de Colombia depuso al alcalde y lo inhabilitó del servicio público por 15 años por violar los principios del libre mercado y poner en riesgo la salud pública.

El puesto de inspector general es único de Colombia, y su función consiste en someter a escrutinio a los funcionarios públicos, incluidos los de elección, y penalizarlos si violan la ley. Eso en sí mismo es extraño, porque en la mayoría de los países esas tareas corresponden a los fiscales, los tribunales y los votantes. Para empeorar las cosas, el inspector actual, Alejandro Ordóñez, parece haber abusado de su cargo para fines políticos. Ordóñez, aliado del ex presidente Álvaro Uribe, es un conservador y un católico ultratradicionalista.

Personalidad arrogante

Por consenso, Petro, un ex guerrillero de personalidad arrogante y un toque autoritario, no ha sido buen alcalde. Sin embargo, incluso sus críticos quedaron consternados por su destitución. El castigo parece muy desproporcionado en relación con sus errores.

El alcalde anterior, Samuel Moreno, que enfrenta cargos criminales por supuestamente haber recibido sobornos por contratos de construcción, recibió de Ordóñez solo una suspensión de 12 meses. Dos congresistas sentenciados por la Suprema Corte por nexos con grupos paramilitares derechistas fueron absueltos de malas acciones administrativas por Ordóñez en mayo. También ha amenazado con acción disciplinaria contra jueces o notarios que registren matrimonios entre homosexuales.

Petro afirma que su destitución fue un golpe contra su administración “progresista”. Prohibió las corridas de toros, trató de frenar a desarrolladores de propiedades y defendió los derechos de los homosexuales.

En respuesta al fallo, arengó a decenas de miles de simpatizantes y trabajadores municipales desde un balcón en la Plaza Bolívar en noches consecutivas. En términos exagerados, comparó su destino con el del asesinato de cientos de activistas políticos izquierdistas en los años 80 como una manifestación del “fascismo” de la élite gobernante de Colombia.

Su destino también repercutió en La Habana, donde los guerrilleros de las FARC están negociando un acuerdo de paz con el gobierno. El mes pasado, alcanzaron un acuerdo parcial sobre cómo las FARC podrían participar en la política democrática. Llamando al fallo contra Petro un “serio golpe” al proceso de paz, las FARC declararon: “Con una simple firma, Ordóñez dio a los rebeldes una lección sobre lo que significa la democracia para la oligarquía en Colombia”.

Agendas opuestas

Eso no inquieta a Ordóñez, quien se opone a las conversaciones. Tanto él como Petro son luchadores morales, aunque promueven agendas opuestas. Ambos han estado preparándose para una posible postulación presidencial en 2018. A menos que su apelación prospere, Petro ya quedó fuera de eso, aunque un sondeo en Bogotá mostró que el apoyo hacia él subió de 30 por ciento a 50 por ciento después del fallo.

En cuanto a Ordóñez, parece haberse extralimitado. Hubo llamados esta semana para que su puesto sea abolido, o al menos que se limiten sus poderes. Ese sería un golpe contra el poder arbitrario.

 

Arenga a simpatizantes

En respuesta al fallo que lo destituyó como Alcalde de Bogotá, Gustavo Preto arengó a decenas de miles de simpatizantes y trabajadores municipales desde un balcón en la Plaza Bolívar en noches consecutivas.