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“Me quiero ir”.

Así es cómo reaccionó en abril pasado Hernán Lorenzino, ministro de Economía de Argentina, cuando un periodista extranjero lo presionó sobre los polémicos datos inflacionarios del gobierno. El asistente de Lorenzino concluyó rápidamente la entrevista.

La evasión es una de las formas favoritas del gobierno argentino de hacer frente a la creciente inflación. La manipulación es otra.

Entre 2007 y 2013, la agencia de estadísticas del país, Indec, seleccionó los precios para hacer que la inflación pareciera de la mitad del 25 por ciento medido por economistas independientes. En 2013, el Fondo Monetario Internacional finalmente censuró a Argentina, amenazando con castigos que incluirían la expulsión, si el Indec no mejoraba su operación.

El 13 de febrero lo hizo. Axel Kicillof, el reemplazo de Lorenzino como ministro de Economía, presentó un nuevo índice de precios al consumidor. Desarrollado con la ayuda del FMI, el nuevo índice registró una inflación del 3.7 por ciento en enero, la tasa oficial más alta desde 2002 y mucho más que la tasa falsa de 1.4 por ciento publicada en diciembre.

Índices

La nueva cifra es creíble. Está a la par de las estimaciones publicadas por State Street, una firma de servicios financieros. Sigue estando por debajo de otras cifras extraoficiales, pero eso podría deberse a que el nuevo índice no es directamente comparable con otros índices.

Usa precios de datos de todo el país, mientras que el antiguo IPC y firmas más independientes extraen datos solo de Buenos Aires y sus suburbios. Además, los bienes y servicios son sopesados de manera diferente en el nuevo índice: alimentos, bebidas y vivienda han disminuido, mientras que viajes, transporte y comunicaciones han aumentado.

El gobierno parece haber dejado de ejercer presión sobre los proveedores de datos inflacionarios alternativos. Abeceb.com fue una de varias firmas multadas en 2011 por publicar cifras desagradables para el gobierno. No se le ha molestado desde entonces, dice Dante Sica, su director.

Sin embargo, un nuevo índice de precios y el cese de hostilidades contra los economistas privados todavía no son suficientes. Tomará al menos un año ver si las nuevas cifras son confiables, si permanecen dentro de un margen razonable de las estimaciones no oficiales y si a los expertos en estadísticas del Indec se les permite trabajar sin trabas.

Interrogante

Mientras tanto, el gran interrogante es cómo aplicará el gobierno las nuevas cifras inflacionarias en otras partes. Las estadísticas de pobreza e indigencia, que se calculan usando la disponibilidad de una canasta de productos básicos, deben ser anunciadas en abril.

Un gran salto en el número de argentinos considerados pobres sería políticamente devastador para la presidente Cristina Fernández de Kirchner, que desde hace tiempo se ha aplaudido a sí misma y a su difunto esposo y predecesor, Néstor, por reducir la pobreza. El gobierno reconoce solo a 1.2 millones de pobres, pero el año pasado la Universidad Católica de Argentina situó la cifra en 10 millones.

 

“Me quiero ir”.
Hernán Lorenzino, exministro de Economía de Argentina