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El sonido del golpeteo de ollas comenzó mucho antes del amanecer. En las calles de Caracas el 24 de febrero, surgieron barricadas en todo el sur y el este de la capital venezolana. Troncos de árboles, bloques de concreto, neumáticos en llamas y basura en ascuas detenían el tránsito. En algunas áreas, los manifestantes cubrieron el asfalto con aceite o clavos para mantener alejadas a las fuerzas gubernamentales.

La misma escena se repitió en otras grandes ciudades de toda Venezuela esta semana. Con una coordinación impresionante, los radicales de la oposición estaban enviando un mensaje al presidente Nicolás Maduro: las golpizas, las balas y el gas lacrimógeno no nos disuadirán.

“Mire, esto es sacrificio”, dice el constructor de una barricada en San Cristóbal, en el estado fronterizo sudoccidental de Táchira, donde las protestas comenzaron hace tres semanas y las tensiones son más altas. “No importa si toma un mes, dos meses, tres meses. Nos vamos a deshacer de este gobierno”.

Causas de la crisis

Las protestas comenzaron debido al enojo por la delincuencia violenta, la inflación y la escasez de alimentos, medicamentos y otros productos básicos, pero el trato duro que han dado las autoridades a los manifestantes ha avivado la furia. Más de una docena de personas han muerto desde que la respuesta del régimen se volvió violenta el 12 de febrero, la mitad con disparos en la cabeza. La mayoría de las muertes ha sido a manos de las fuerzas de seguridad o pistoleros civiles que respaldan al gobierno: El 26 de febrero, las autoridades anunciaron que siete miembros de los servicios de inteligencia habían sido acusados de asesinato. El Foro Penal Venezolano, un grupo de derechos humanos, dice que ha documentado 18 casos de tortura entre los cientos de detenidos. Están pendientes de investigación más de 500 quejas sobre abusos. Docenas de vídeos de aficionados muestran un uso excesivo de la fuerza en las calles.

Los moderados

Los líderes moderados de la opositora alianza Unión Democrática están pasando apuros por controlar a los radicales, cuyo dirigente, Leopoldo López, ha estado bajo custodia desde el 18 de febrero. El 22 de febrero, el excandidato presidencial Henrique Capriles, gobernador del estado de Miranda, dijo en un mitin masivo en la capital que había “millones de razones para protestar”, pero que el hecho de que los manifestantes erigieran barricadas en sus propios distritos favorecía al gobierno. Ese llamado cayó en oídos sordos.

También hay signos de fractura dentro de las filas del gobierno. La línea oficial del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela es que la oposición está tratando de montar un “golpe fascista”. Se ha propuesto una “comisión de la verdad” para que investigue la “violencia promovida por grupos de ultraderecha”. Sin embargo, los llamados de Capriles para que las autoridades pongan fin a la represión y liberen a prisioneros políticos fueron repetidos el 24 de febrero por José Gregorio Vielma Mora, un socialista que es gobernador del estado de Táchira. Vielma reconoció los abusos y dijo que la crisis económica estaba detrás de las protestas.

Tensiones internas

Aunque Vielma posteriormente se retractó de estos comentarios, presumiblemente bajo presión del gobierno, sus palabras fueron la primera evidencia pública de tensiones dentro del régimen. Fueron aún más importantes porque el gobernador, un oficial militar retirado, tomó parte en la intentona golpista de 1992 por parte del difunto Hugo Chávez, fundador y “líder eterno” de los socialistas, y es tenido en alta estima por muchos excamaradas.

Mientras tanto, los males económicos del país empeoran. En un esfuerzo por moderar el impacto de las protestas, Maduro decretó que el fin de semana de Carnaval –que coincide con el llamado “Caracazo” de 1989, cuando las penurias económicas llevaron a dos días de saqueos y una matanza por parte del ejército– empezara el 27 de febrero, dos días antes de lo programado. Con muchas oficinas y tiendas ya cerradas debido a las protestas, una fiesta extendida agravará la escasez.

“No se puede conseguir nada aquí”, dice Bettsi Carolina Quintero, habitante de San Cristóbal. “Ni leche, ni harina, ni arroz, ni aceite de cocina, ni siquiera detergente”.

Las penurias económicas extremas están a la vuelta de la esquina en Venezuela, y con ellas la probabilidad de que la ira contra el gobierno se extienda.

 

La línea oficial

La línea oficial del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela es que la oposición está tratando de montar un “golpe fascista”.

 

Temor y violencia

Ir de compras en la ciudad en estos días involucra tocar en puertas de tiendas cerradas, por el temor a la violencia y el saqueo. El gobierno central ha reaccionado a la crisis en Táchira enviando tropas del ejército y usando aviones de guerra Sukhoi de fabricación soviética para sobrevolar a los manifestantes. “Me siento como si esto fuera una zona de guerra”, dice Bettsi Carolina Quintero.

Con reservas de dólares limitadas para comprar los alimentos importados de los cuales depende Venezuela, y con el país cargando una deuda de más de 10,000 millones de dólares con proveedores extranjeros, la semana pasada el gobierno modificó su complejo sistema cambiario de nuevo. Las empresas y los individuos ahora podrán comprar y vender dólares a través de intermediarios, usando efectivo o bonos gubernamentales. La introducción de más flexibilidad en la tasa cambiaria debería aliviar la escasez de dólares, pero también es probable que impulse la inflación conforme un bolívar en declive incremente el costo de las importaciones.

 

“Los violentos son una minoría que están encapsulados, que están aislados cada vez más, y este lunes al mediodía digo que las guarimbas han sido derrotadas por la felicidad del pueblo”.
Andrés Izarra, ministro de Turismo de Venezuela