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  • The Economist

Hasta recientemente, Colombia era permisiva en la aplicación de sus leyes ambientales. Así que resultó una sacudida para la industria minera del país cuando, en enero, el gobierno frenó las exportaciones de carbón desde un puesto operado por Drummond, una compañía minera estadounidense, en una controversia en torno a la contaminación.

La suspensión ha sido costosa, y no solo para Drummond: sus operaciones generan 66 millones de dólares mensuales en regalías e impuestos para las arcas colombianas. El ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, confirmó esta semana que el gobierno permitiría que la compañía reanudara sus exportaciones a fines de este mes, cuando Drummond haya completado mejoras en la instalación portuaria para evitar la contaminación de playas cercanas.

El gobierno ha estado bajo presión para emprender acciones desde que ambientalistas fotografiaron el año pasado un incidente, en el cual más de 500 toneladas de carbón fueron depositadas en la bahía de Santa Marta para impedir que una barcaza se hundiera. El mes pasado, se presentaron cargos contra seis empleados del puerto, y ahora enfrentan posibles sentencias de cárcel. Drummond ha sido multada con 3.6 millones de dólares y se le ordenó que limpiara el desastre.

Clima hostil

El caso es un ejemplo de cómo el gobierno, tras haber dado la bienvenida a los intereses mineros extranjeros, ahora está teniendo que enfrentar la intranquilidad pública acerca de la contaminación y la forma en que se comparte la riqueza mineral del país. En una elección en mayo, el presidente Juan Manuel Santos buscará un segundo mandato. Por tanto, no puede ignorar el clima “hostil” de la opinión pública sobre el tema, dice Álvaro Ponce, experto colombiano en minería.

Las protestas de residentes cercanos han retrasado varios grandes proyectos, incluida la propuesta mina de oro de Anglogold Ashanti en la provincia de Tolima y la planeada mina de oro y plata de Eco Oro en la provincia de Santander. Un estudio realizado por la oficina nacional de auditoría de Colombia, publicado en enero, encontró que el desarrollo económico y social en las localidades cercanas a las grandes operaciones mineras es peor que en los lugares donde se cultiva ilegalmente coca para producir cocaína.

Aprobación tortuosa

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible está buscando nuevos poderes para requerir licencias para la exploración, así como para la extracción. Las empresas mineras se quejan de que el proceso para obtener la aprobación de los proyectos ya es bastante tortuoso. Esto y la reciente caída en los precios mundiales de algunos minerales significan que hasta 7,300 millones de dólares en inversiones están estancados, dicen. Acosta afirma que las mineras deben aceptar que, además de conseguir los permisos oficiales, tienen que convencer a las comunidades locales de aceptar su presencia, consiguiendo una “licencia social” para operar.

“Sin eso”, dice, “los proyectos se vuelven inviables”.

Inversiones

Pese a todos los tropiezos y reveses, Colombia está avanzando en su campaña para explotar sus reservas minerales. En 2013, la inversión minera fue de 3,600 millones de dólares, 21 por ciento más que en 2012. La minería ya representa 2.3 por ciento del PIB y 7 por ciento de las exportaciones, y las compañías extranjeras siguen formándose para realizar nuevas exploraciones.

Según los estándares de las economías emergentes ricas en recursos, Colombia es un lugar bastante bien dirigido, así que es probable que tenga éxito en proponer un régimen de otorgamiento de licencias que alivie las preocupaciones públicas sin disuadir la inversión. Como en los países más ricos, los proyectos mineros seguirán siendo bienvenidos, pero no a cualquier precio.

 

El desarrollo

Un estudio realizado por la oficina nacional de auditoría de Colombia, publicado en enero, encontró que el desarrollo económico y social en las localidades cercanas a las grandes operaciones mineras es peor que en los lugares donde se cultiva ilegalmente coca para producir cocaína.

 

Los hechos

La reacción negativa contra la minería se ha estado forjando desde hace algunos años. A mediados de la década del 2000, cuando los precios de las mercaderías estaban en auge y los conflictos internos de Colombia estaban aquietándose, el gobierno ofreció incentivos para que vinieran las empresas extranjeras y crearan empleos en la minería.

Concedió permisos de exploración para zonas del territorio, incluidos terrenos en áreas hasta entonces fuera de los límites, como el frágil páramo en los Andes.

“Las compuertas se abrieron”, dice James Lockhart-Smith de Maplecroft, una firma de análisis de riesgo.

Sin embargo, los reguladores de Colombia estaban mal preparados. En 2011, el gobierno dejó de aceptar nuevas solicitudes para licencias mientras manejaba un atraso de 19,000. Rechazó 90 por ciento de ellas, luego volvió su atención a los 10,000 proyectos a los que ya se habían concedido licencias, encontrando que 92 por ciento no estaba cumpliendo de alguna manera con las condiciones de sus licencias.

 

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, no puede ignorar el clima “hostil” de la opinión pública hacia la minería, sostiene un experto.