•   Estados Unidos  |
  •  |
  •  |
  • The New York Times

Al gobernador Bruce Rauner de Illinois, un republicano, le gustaba hablar con severidad sobre los sindicatos y las pensiones del sector público cuando estaba haciendo campaña para el cargo que ahora ocupa.

“El sistema está lleno de fraudes, medidas para provecho propio y abusos”, dijo en agosto de 2013, “como tipos que reciben un aumento salarial en los últimos años de su carrera o tipos que entran y salen de ciertos empleos para que puedan recibir una pensión”.

Con dos o tres pensiones, afirmó, algunos están recibiendo hasta medio millón de dólares en pago de retiro. Esto, vociferó, es una estafa a los contribuyentes y otros trabajadores.

Tan pronto como Rauner fue elegido, sin embargo, el millonario que se forjó por sí mismo atenuó la retórica. El tamaño y la complejidad del embrollo de las pensiones públicas repentinamente lo golpearon y, consciente de que tenía que unir a demócratas, sindicatos y acreedores, empezó a retroceder. Ahora declara que es más importante “proteger lo que está hecho. No cambiar la historia. No modificar o reducir la pensión de alguien que se ha retirado, o ha pagado por un sistema y ha acumulado beneficios”.

Similitudes con Grecia

Illinois es como Grecia en una forma obvia: Ha prometido de más y cumplido de menos sobre las pensiones y tiene pocas ganas de hacer frente al problema, dice Hal Weitzmn de la Universidad de Chicago.

Este gran estado del Medio Oeste – tiene una población de 13 millones de habitantes, comparable a los 11 millones de Grecia, aunque Grecia tiene un PIB mucho más pequeño – tiene el sistema de retiro más subfinanciado entre los estados y la carga de pensiones más grande en relación con los ingresos estatales. También tiene el número más alto de fondos de pensiones públicas cerca de la insolvencia, como el que vela por los policías y los bomberos de Chicago.

Según la Federación Cívica, un vigilante del presupuesto, Illinois ha acumulado la asombrosa cantidad de 111,000 millones de dólares en obligaciones de pensiones no financiadas, además de 56,000 millones de dólares en deuda para beneficios de salud para los retirados. El estado dedica uno de cada cuatro dólares a pensiones, que es más de lo que gasta en educación primaria y secundaria.

Principalmente como resultado de esta gigantesca deuda de pensiones, la calificación de bonos de Illinois es la más baja de cualquier estado, lo cual significa costos de endeudamiento radicalmente más altos.

Subfinanciamiento

Cuando el gobierno estatal no logró abordar el subfinanciamiento de las pensiones en su presupuesto para 2014, dos agencias calificadoras del crédito, Fitch y Moody’s, redujeron la calificación de bonos del estado, que en el caso de Moody’s colocó a Illinois a la par de Botsuana. Un furibundo editorial en The Chicago Tribune preguntó lo que Botsuana había hecho para ser insultado de tal manera.

La razón principal para la debacle de las pensiones son décadas de subfinanciamiento.

“Todo se hizo siempre con una visión a corto plazo”, dice Laurence Msall, director de la Federación Cívica. “Caracteriza a Illinois la idea de que no se tienen que pagar las pensiones y no se tienen que seguir las recomendaciones de los

actuarios”.

Mientras la mayoría de los demás estados siguen las reglas establecidas por el Consejo de Estándares Contables Gubernamentales (GASB, por su sigla en inglés), que, aunque imperfectas, requieren cierta disciplina presupuestaria, Illinois las ha ignorado en gran medida. En 2013, el estado pagó 2,800 millones de dólares a su fondo de pensiones para maestros, uno de sus cinco fondos de pensiones, pero las reglas del GASB habrían requerido una contribución de 3,600 millones de dólares, dice Joshua Rauh, profesor de Finanzas en la Universidad de Stanford.

Exagerado optimismo

Según los cálculos de Rauh, la verdadera obligación de pensiones subfinanciadas de Illinois es de 250,000 millones de dólares. Todos los otros cálculos, afirma, están basados en suposiciones exageradamente optimistas: Por ejemplo, el estado supone un rendimiento promedio anual sobre sus inversiones de 7.75 por ciento por 30 años. Según Rauh, sin embargo, solo tiene una posibilidad del 25 por ciento de lograr ganancias de ese orden.

Después del desastre de relaciones públicas tras las degradaciones crediticias, el gobernador saliente Pat Quinn tardíamente impulsó una reforma de pensiones. En diciembre de 2013, la legislatura aprobó un proyecto de ley que reduciría los aumentos anuales en los pagos de pensiones, incrementaría la edad de retiro y pondría un tope a los salarios pensionables.

Algunos le han dado la bienvenida como el primer plan de financiamiento de pensiones actuarialmente sólido de Illinois, diseñado para que los cinco planes se financiaran por completo en 30 años. Sin embargo, Rauh piensa que la reforma “ni siquiera se acerca a abordar el problema”.

Se suponía que los cambios de Quinn se promulgarían como ley en junio, pero fueron retrasados por recusaciones legales y finalmente rechazados por el juez John Belz del Tribunal de Circuito del Condado de Sangamon por violar la constitución estatal, que hace virtualmente intocables los contratos de pensiones existentes. Solo Nueva York y Arizona tienen salvaguardas similares en sus constituciones. Lisa Madigan, la procuradora general estatal, ha apelado el fallo ante la Suprema Corte de Illinois, que está considerando el caso.

James Spiotto, un abogado en Chapman Strategic Advisers, argumentó que, si un estado es incapaz de pagar sus pensiones, en vez de estar poco dispuesto a hacerlo, entonces el bienestar de sus ciudadanos está por encima de cualquier protección constitucional. La Suprema Corte ha dictaminado consistentemente que los estados no pueden abdicar de su responsabilidad de ofrecer servicios esenciales e infraestructura. Si Illinois reduce aún más los servicios públicos, dijo Spiotto, el estado perderá más contribuyentes, resultando en “una espiral mortal”. Los representantes sindicales no están de acuerdo con este escenario.

 

Piden buscar mejores formas para pagar más

PROPUESTA • Dan Montgomery, presidente de la Federación de Maestros de Illinois, cree que la reforma del gobernador saliente Pat Quinn es ilegal y que el estado debe encontrar formas de pagar más, por ejemplo, extendiendo el calendario de pago de su deuda e incrementando los ingresos fiscales cerrando resquicios y ampliando un impuesto sobre las ventas a los servicios.
Rauner fue elegido con base en una promesa de que no haría permanente el aumento temporal de los impuestos al ingreso y corporativo de su predecesor. Hasta ahora, sin embargo, no ha explicado cómo hará frente Illinois a la pérdida de más de 7,000 millones de dólares en ingresos anuales. Ni ha trazado algún plan más amplio para corregir el embrollo de las pensiones.
Para empezar, podría analizar a Washington y el acuerdo presupuestario debatido en el Congreso. Este permite a algunos planes de pensiones del sector privado en problemas recortar los beneficios de los retirados.
En Illinois, sin embargo, podrían necesitarse medidas más ingeniosas. En 2015, el estado se hundirá más en una montaña de deuda al estilo griego o iniciará su largo tiempo postergada rehabilitación. Rauner ha advertido de 24 meses difíciles por venir.
“No voy a ser el Señor Popularidad por un tiempo”, dijo el gobernador. A los votantes quizá no les importe, si puede solucionar este desastre.