• |
  • |

Por Frances Robles

MANAGUA, Nicaragua — Una vida huyendo no era la intención de ninguno de estos nicaragüenses. Pero muchas personas en esta pobre nación centroamericana han cambiado sus vidas normales como abogados, estudiantes de ingeniería, conductores de radio y comerciantes por una de casas de seguridad siempre cambiantes, apps de mensajes encriptados y seudónimos.

Ocho meses después de que una revuelta popular dejó a 322 personas muertas y 565 más en la cárcel, algunos nicaragüenses han empezado a vivir en la clandestinidad, ocultándose de un Estado cada vez más autoritario que intenta localizar a los que protestaron contra el Gobierno del Presidente Daniel Ortega y su esposa, la Vicepresidenta Rosario Murillo.

“Nos están cazando como venados”, afirmó Roberto Carlos Membreño Briceño, de 31 años, un ex asistente legal que ahora vive oculto en un rancho en Costa Rica con 50 desconocidos.

Cuando cientos de miles de personas salieron a las calles de las ciudades nicaragüenses para exigir la salida del Presidente esta primavera, muchos observadores pensaron que pronto terminarían los días de Ortega en su cargo.

En lugar de eso, Ortega respondió con una estrategia brutal para sofocar la oposición. Ahora, casi 40 años luego de que el Frente Sandinista de izquierda dirigido por Ortega destituyó a la dinastía Somoza, Ortega es acusado de convertirse en el mismo dictador al que ayudó a derrocar.

Ortega, de 73 años, y su esposa, de 67, controlan prácticamente todos los aspectos del Gobierno.

Los muchos hijos adultos de la pareja manejan todo desde la distribución de gasolina hasta los canales de televisión.

Cientos de civiles han sido acusados de crímenes bajo una nueva ley que amplió la definición del terrorismo.

En diciembre, el Gobierno cerró un popular canal de televisión, encarceló a su director de noticias y expulsó a observadores de los derechos humanos.

Las gasolineras privadas que habían participado en unas huelgas fueron clausuradas. La Policía hizo una incursión a la principal organización de los derechos humanos del País y confiscó sus computadoras.

“Nuestro trabajo de campo demostró que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad”, señaló Paulo Abrão, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien fue expulsado del País.

Las protestas empezaron en abril cuando el Gobierno trató de promulgar reformas al seguro social que habrían reducido las prestaciones y aumentado los pagos de los contribuyentes.

Cuando las personas mayores cuyas pensiones serían reducidas protestaron en Managua, la Capital, unas turbas pro Gobierno las atacaron.

Los estudiantes universitarios que se precipitaron a apoyar a los manifestantes fueron agredidos, y algunos resultaron muertos.

La oleada de descontento social se extendió rápidamente a otras ciudades. Residentes enmascarados armados con morteros caseros y otras armas establecieron bloqueos en las calles que paralizaron el comercio.

Algunos manifestantes incendiaron edificios gubernamentales y quemaron autos, mientras la Policía respondía con una fuerza letal incluso contra manifestantes desarmados, afirman observadores de los derechos humanos.

Vilma Núñez, una ex sandinista que fue encarcelada como presa política en los años 70, dijo que la represión actual es mucho peor que cualquier cosa que hicieron los Somoza.

Ella es presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que recibió reportes de activistas que dijeron haber sido agredidas sexualmente con bayonetas.

Los hombres fueron desnudados y torturados. Los expertos calculan que 60 mil personas han huido y más de 23 mil buscan protección como refugiados en Costa Rica.

El 21 de diciembre, un grupo reunido por la Organización de Estados Americanos concluyó que la represión sólo pudo haber sido ordenada por el mismo Ortega.

The New York Times