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Por Eduardo Porter=

Cuando Bill Gates planteó la idea de cobrar un impuesto a robots hace un par de años, Lawrence Summers, ex asesor económico de alto rango del entonces Presidente Barack Obama, afirmó que el cofundador de Microsoft estaba “profundamente desatinado”. 

En el 2017, el Parlamento europeo rechazó un borrador de propuesta que recomendaba considerar un impuesto a los propietarios de robots para financiar programas de recapacitación para obreros desplazados por las máquinas y apuntalar las finanzas de su sistema de seguro social.

Sin embargo, Corea del Sur, el País más robotizado del mundo, instituyó una especie de impuesto robótico en el 2018, cuando redujo la deducción fiscal sobre inversiones empresariales en automatización.

Un argumento a favor de gravar los robots es que los Gobiernos necesitan el dinero.

El Instituto Global McKinsey halló que las funciones laborales “más susceptibles a la automatización” en EU representan el 51 por ciento de las actividades en la economía y 2.7 billones de dólares en salarios.

El Instituto estima que “la mitad de las actividades laborales actuales podrían ser automatizadas para el 2055”, lo que significa que cada año se perderían cientos de miles de millones de dólares en impuestos.

Al mismo tiempo, las secuelas de la automatización impondrán mayores demandas a los servicios gubernamentales. Podrían crecer las listas de asistencia social, al tiempo que millones de trabajadores son desplazados al fondo de la economía de servicios, donde los salarios son bajos.

Para costear cualquier tipo de servicio gubernamental en la era de la robótica, los Gobiernos tendrán que buscar algo más que gravar.

El argumento a favor de aplicar un impuesto a los robots se vuelve aún más fuerte porque muy poca automatización es desplegada para realzar la productividad económica. En lugar de ello, muchos negocios están invirtiendo en la automatización porque el código tributario los está alentando a hacerlo.

“El sistema tributario incentiva la automatización aún en casos en los que, por lo demás, no es eficiente”, escribieron Ryan Abbott y Bret Bogenschneider, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Surrey, en Gran Bretaña, en un análisis de las políticas fiscales respecto a la automatización en EU y otros países ricos. “La gran mayoría de la recaudación fiscal hoy se deriva de los ingresos laborales, así que las firmas evitan el pago de impuestos eliminando empleados”.

Los robots no incurren en el impuesto sobre la renta, que se utiliza para financiar las prestaciones de retiro. Además, el código tributario permite a las compañías estadounidenses aplicar una “amortización acelerada” para inversiones de capital, lo que les permite deducir el costo de sus robots más rápido de lo que podrían deducir los salarios de los trabajadores que reemplazan.

Abbott y Bogenschneider proponen que los negocios con altos niveles de automatización podrían hacer que su depreciación fiscal se reduzca automáticamente más allá de cierto umbral.

También se les podría requerir a los negocios cubrir el ISR de trabajadores desocupados por la automatización, como lo propuso el analista tecnológico William Meisel.
En la práctica, es muy probable que sea difícil gravar la automatización. Requeriría definir qué son los robots. ¿Acaso un torno también estaría sujeto a un impuesto robótico?
No hay motivo para subsidiar inversiones diseñadas para eliminar empleos. Un impuesto a los robots forzaría a las compañías a pensar mejor cuándo y dónde desplegarlos.

 The New York Times