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Por Vanessa Barbara

SÃO PAULO, Brasil — Hace poco más de un año, una mujer que era miembro del Ayuntamiento de Río de Janeiro fue asesinada de cuatro balazos en la cabeza y el cuello. La concejal, Marielle Franco, se dirigía a su casa tras un evento cuando un auto se le emparejó y alguien abrió fuego, causando su muerte y la de su chofer.

Este fue un asesinato profesional. Franco era una activista LGBT de raza negra y feminista, una feroz defensora de los derechos humanos que no tenía miedo de abordar temas delicados: el uso de la violencia por parte del Estado en las favelas, o el involucramiento de la Policía y de políticos en los grupos paramilitares de Río de Janeiro.

En marzo, la Policía estatal arrestó a dos sospechosos, ambos ex oficiales de la Policía militar. El presunto gatillero, Ronnie Lessa, se había jubilado de la fuerza policial tras resultar herido en un ataque con coche bomba; los investigadores dicen que entonces tomó un empleo como asesino a sueldo y contrabandista de armas para Escritório do Crime, u Oficina del Crimen, una de las milicias más poderosas en Río de Janeiro. El otro sospechoso, Élcio Vieira de Queiroz, había sido expulsado de la fuerza policíaca bajo sospecha de proporcionar seguridad a una casa ilegal de apuestas. (Ambos hombres niegan participar en los homicidios).

Pero, ¿quién ordenó el asesinato? Ahí es donde las cosas se ponen complicadas. Tan complicadas que el año pasado, la Policía federal inició una indagatoria de la investigación local del homicidio, tras alegatos de que había sido sistemáticamente obstruida por miembros de la milicia, funcionarios públicos y políticos.

La fuerza especial federal ha registrado las residencias de un ex diputado estatal, un ex policía civil, un ex agente federal y un oficial de la Policía Federal en servicio activo. Incluso Jair Bolsonaro, el Presidente de Brasil, ha sido sometido a escrutinio público por sus lazos con ambos sospechosos en el asesinato. Él y Lessa eran vecinos en un condominio de lujo junto al mar en Río de Janeiro y su hijo menor alguna vez fue novio de la hija de Lessa. También hay una fotografía en la que Bolsonaro posa con Queiroz. (Bolsonaro ha negado conocer a los hombres). Pero lo más inquietante es la franca solidaridad mostrada por el Presidente y su familia hacia los paramilitares.

Las “milicias” fueron establecidas en las favelas de Río de Janeiro a fines de los 90 y principios de la década del 2000 bajo el pretexto de proteger a los residentes de los narcotraficantes. Están formadas principalmente por oficiales de policía jubilados y en servicio activo, quienes asumen control de las comunidad y extorsionan a ciudadanos y comerciantes. Un reporte académico del 2013 concluyó que de las aproximadamente mil favelas en la Ciudad, 45 por ciento son controladas por grupos de milicias y 37 por ciento por pandillas de narcotraficantes.

Durante sus 27 años como congresista, Bolsonaro apoyó en repetidas ocasiones a los escuadrones de la muerte y las milicias.

Recientemente se reveló que el hijo mayor de Bolsonaro, el Senador Flávio Bolsonaro, tiene vínculos con un ex capitán de la Policía Militar, Adriano Magalhães da Nóbrega, la presunta cabeza de la Oficina del Crimen. (El ex oficial de policía es ahora un fugitivo de la justicia). Tanto la madre como la esposa de Nóbrega fueron empleadas durante años en la oficina de Flávio Bolsonaro cuando fue legislador en Río de Janeiro.

El Senador Bolsonaro afirmó que las mujeres fueron contratadas por alguien más y que él era víctima de una campaña de difamación. Pero también elogió dos veces a Nóbrega en la Asamblea Legislativa de Río por su labor como oficial de policía, al otorgarle el honor más alto concedido por la Asamblea —la Medalla Tiradentes— mientras aún estaba en la cárcel purgando una sentencia por homicidio.

Cuando Nóbrega fue hallado culpable y sentenciado a 19 años en prisión, Jair Bolsonaro salió en su defensa en el Congreso, al decir que era un “oficial brillante” y exigir una revisión de la condena. (Nóbrega fue exonerado tras apelar).

En el 2015, Flávio Bolsonaro fue el único legislador que votó contra el establecimiento de una comisión parlamentaria para investigar fraudes en “autos de resistência” —asesinatos por parte de la Policía que son reportados como si hubieran ocurrido en defensa propia. Argumentó que la investigación pondría un “cuchillo en la garganta” de los oficiales de Policía. En el 2008, habló de la “felicidad” de la gente que “reside en estas comunidades, presuntamente dominadas por las milicias”. Por último, el año pasado, fue el único legislador que votó contra otorgar la Medalla Tiradentes a Marielle Franco.

Registros bancarios muestran un depósito en efectivo de 100 mil reales (alrededor de 25 mil dólares) a la cuenta del presunto ejecutor de Franco. ¿Quién ordenó el crimen? ¿Y por qué? ¿Qué tan generalizada es la influencia de las pandillas paramilitares en la fuerza policíaca y la política de Brasil?

Esas preguntas son recibidas con silencio mientras el País sigue siendo uno de los lugares más mortales en el mundo para los defensores de los derechos humanos. La situación sólo parece estar a punto de empeorar, en vista de que el nuevo Presidente detesta el concepto de los derechos humanos (en un tuit del 2016, los comparó con “estiércol”) y recibe con beneplácito las acciones de los escuadrones de la muerte.

Parece que, después de todo, no hay necesidad de legalizar las milicias en Brasil. Hoy en día, uno podría tener la impresión de que los grupos paramilitares no actúan simplemente como un Estado paralelo —son el Estado.

 The New York Times