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Por Elisabeth Malkin

CIUDAD DE GUATEMALA — Encerrados en las sórdidas barracas de una base militar, miembros de la otrora élite intocable de Guatemala traman su regreso al poder.

Ex presidentes y ex ministros, legisladores, jueces y empresarios acusados en una batalla de años contra sobornos, pasan sus ratos libres haciendo labores de jardinería, afinando guitarras, estudiando inglés, asando carne… y librando una campaña para poner fin a las investigaciones anticorrupción que los llevaron a prisión.

Su blanco es un panel de investigadores internacionales, que trabaja junto con fiscales guatemaltecos y es respaldado por Naciones Unidas, que ha liderado una de las luchas más eficaces contra la corrupción en América Latina.

Los acusados tienen un poderoso aliado en el Presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Hizo campaña como un reformista sólo para cambiar de bando una vez que él y su familia fueron acusados de delitos.

Desde entonces se ha intensificado la ofensiva, lo que amenaza al estado de derecho, dijo Iván Velásquez, jefe del panel llamado Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

“Los empresarios que fueron acusados, los legisladores, los magistrados de la Suprema Corte, todo el Gobierno: su intención es obtener impunidad”, dijo Velásquez. “Para hacer eso, tienen que permanecer en control del Estado”.

Ahora, con las elecciones presidenciales de junio, los prisioneros y sus aliados están conspirando para cambiar la votación a su modo y asegurarse de que la Cicig desaparezca.
Una decisión de un tribunal guatemalteco el 15 de mayo hizo que su objetivo estuviera más cerca: A Thelma Aldana, la única candidata presidencial más conocida que respalda a la Cicig, le prohibieron postularse.

Eliminar de la contienda a Aldana hace casi seguro que la Cicig dejará de existir cuando termine su mandato este septiembre, dijo Alexander Aizenstadt, abogado especialista en derecho constitucional.

El esfuerzo contra de la corrupción ha sido tan popular entre los guatemaltecos que quien resulte electo no podrá eliminar a la Cicig de inmediato, dijo Aizenstadt, pero advirtió que un sustituto podría carecer de una autoridad real para imponer la ley.

Desde su creación, la Cicig ha procesado más de 100 casos, presentando cargos contra unas 700 personas.

Países vecinos de Guatemala también ven al panel como un modelo. En Honduras, una comisión similar ha revelado redes de corrupción entre legisladores. El Presidente electo de El Salvador también ha propuesto una versión de la Cicig y el Presidente de Ecuador estableció una comisión antisobornos este mes.

Sin embargo, los desafíos para las acusaciones sugieren lo frágiles que pueden ser los avances contra la corrupción, no sólo en Guatemala sino en gran parte de América Latina. El creciente disgusto público por los sobornos y la deficiente gobernanza ayudaron a impulsar investigaciones que destituyeron a presidentes y encarcelaron a directivos de compañías.

En Guatemala, oponentes argumentan que el involucramiento de extranjeros en las investigaciones socava la soberanía del País y que, sobre todo, el proceso se ha politizado.
“Yo me siento como un rehén político”, afirmó Carlos Vielmann, ex Ministro de Gobernación. Ayudó a traer a los fiscales internacionales, y luego se convirtió en acusado en uno de sus casos.

Luego de seis meses en prisión, fue liberado bajo fianza este mes.

En agosto, Morales anunció que no renovaría el mandato de dos años de la Cicig. Expulsó a Velásquez en septiembre y declaró cuatro meses después que Guatemala se saldría del acuerdo.

Cuando esa orden fue revertida por la Corte Constitucional guatemalteca, los oponentes intentaron enjuiciar a los tres jueces cuyo voto protegió a la Cicig.
Por ahora, la Cicig sigue trabajando.

A medida que se acercan las elecciones, los organizadores políticos se han resignado a que se necesitará mucho más que un nuevo presidente para dar un vuelco a las estructuras del poder.

 The New York Times