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Por Paul Mozur, Jonah M. Kessely Melissa Chan

QUITO — El edificio de poca altura en la capital de Ecuador tiene una vista panorámica de la extensa mancha urbana, desde los rascacielos en la base del valle andino hasta los vecindarios de colores pastel en sus laderas.

Sin embargo, la Policía que trabaja en su interior tiene la mirada puesta en otro lado, analizando detenidamente pantallas de computadora para ver las imágenes que llegan de 4 mil 300 cámaras colocadas por todo el País.

Las cámaras envían lo que ven a 16 centros de monitoreo en Ecuador que emplean a más de 3 mil personas. La Policía escanea las calles en busca de señales de narcomenudeo, asaltos y homicidios.

Si detecta algo hace un acercamiento. Esta operación se realiza con tecnología proveniente del país que se está convirtiendo rápidamente en la capital global de la vigilancia: China.

El sistema de Ecuador es una versión básica de un programa con controles computarizados en cuyo desarrollo Beijing ha gastado miles de millones de dólares. De acuerdo con el Gobierno de Ecuador, el contenido que pasa por las cámaras es revisado manualmente por la Policía.

Pero una investigación de The New York Times encontró que las grabaciones también se envían a la temida agencia nacional de inteligencia del País, que en el mandato del ex Presidente Rafael Correa tenía un historial de seguir, intimidar y atacar a opositores políticos. Incluso al tiempo que una nueva Administración bajo el Presidente Lenín Moreno investiga los abusos de la agencia, ésta sigue recibiendo los videos.

Bajo el Presidente Xi Jinping, el Gobierno chino ha expandido la vigilancia nacional, lo que ha avivado a una nueva generación de compañías que elaboran tecnología sofisticada a precios cada vez más bajos.

Ecuador muestra cómo la tecnología desarrollada para el sistema político de China está siendo aplicada por otros gobiernos, y en ocasiones hacen mal uso de ella. Ahora, 18 países —que incluyen a Zimbabwe, Uzbekistán, Pakistán, Kenia, Emiratos Árabes Unidos y Alemania— usan sistemas de monitoreo hechos en China, y 36 han recibido capacitación en temas como “orientación de la opinión pública”, que es un eufemismo para la censura, de acuerdo con Freedom House, un grupo de investigación pro democracia.

Críticos advierten que los sistemas podrían ayudar a apuntalar un futuro de autoritarismo impulsado por la tecnología, lo que llevaría a una pérdida de la privacidad a gran escala. Descritas como sistemas de seguridad pública, las tecnologías tienen usos potenciales más siniestros como herramientas de represión política. “Están vendiendo esto como el futuro del ejercicio del poder; el futuro tendrá que ver con controlar a las masas mediante la tecnología”, dijo Adrian Shahbaz, director en Freedom House, acerca de las nuevas exportaciones tecnológicas de China.

El sistema de Ecuador, llamado ECU-911, fue fabricado en gran parte por dos compañías chinas, CEIEC, una empresa controlada por el Estado, y Huawei.
Se han vendido réplicas de la red a Venezuela, Bolivia y Angola, de acuerdo con anuncios del Gobierno y medios estatales chinos.

Aunque ECU-911 fue promocionado entre el público como una forma de contrarrestar las tasas de homicidio y delitos menores relacionados con el narcotráfico, también ayudó a la vena autoritaria de Correa, al respaldar a su temida Secretaría Nacional de Inteligencia, o Senain, de acuerdo con un ex director de la agencia. El año pasado, en la sede de la Senain a las afueras de Quito, su entonces director Jorge Costa confirmó que el servicio nacional de inteligencia tenía acceso a una versión espejo del sistema de vigilancia desarrollado por China.

Sin embargo, ECU-911 no ha sido eficaz para detener el crimen, dijeron muchos ecuatorianos, aunque la instalación del sistema se dio en paralelo a un periodo de tasas delictivas a la baja. Los ecuatorianos citan asaltos y ataques que sucedieron frente a las cámaras sin que hubiera respuesta policiaca. Aun así, la Policía ha forjado apoyo del público, en parte al publicar en Twitter y en televisión videos de delincuentes captados por las cámaras.

Moreno ha prometido investigar los abusos de la Senain y está reformando a la agencia de recopilación de inteligencia bajo un nuevo nombre.

“El Gobierno veía el espionaje como una caja de herramientas, y podía usar cualquiera herramienta que quisiera”, dijo Martha Roldós, ex legisladora ecuatoriana. “Podía espiar tu correo electrónico, tus llamadas telefónicas”.

En el 2011, Ecuador firmó un trato con China para un sistema de vigilancia de diseño chino, financiado por préstamos chinos. A cambio, Ecuador suministró petróleo. El dinero fluyó directamente hacia CEIEC y Huawei.

A cambio de facilidades de crédito que sumaban más de 19 mil millones de dólares, Ecuador cedió grandes porciones de sus reservas petroleras.

Eso fue seguido por un auge de proyectos construidos por los chinos, que incluyeron presas hidroeléctricas y refinerías. En comparación, ECU-911 era un producto menor, con un precio inicial de alrededor de 200 millones de dólares.

La construcción comenzó cerca de Guayaquil, próspera ciudad costera donde las tasas delictivas son altas, dijo Francisco Robayo, en ese entonces director general de ECU-911, en una entrevista el año pasado. Durante los siguientes cuatro años, el sistema se expandió por todo Ecuador. La actividad atrajo la atención de los vecinos de Ecuador, y funcionarios venezolanos fueron a ver el sistema en el 2013. Luego lo hizo Bolivia.

En Ecuador, las cámaras fueron colgadas de cualquier lugar con una vista. Funcionarios ecuatorianos viajaron a China para recibir capacitación, e ingenieros chinos fueron a Ecuador.
El Tejar tiene algunas de las mejores vistas de Quito, y algunos de sus peores crímenes.

Lidia Rueda, una organizadora comunitaria en el vecindario lleno de colinas, apuntó hacia los sitios donde fueron encontrados los cuerpos de varias mujeres asesinadas. Los narcotraficantes van y vienen. Los asaltos son comunes.

Pero la delincuencia no ha disminuido, ni con las cámaras. Rueda señaló un punto donde fue asaltada en el 2014. Sucedió justo debajo de una cámara de la Policía. Nunca se envió ayuda.

“Donde hay cámaras, con frecuencia no funcionan”, dijo Rueda, de 61 años. Otra posibilidad era que simplemente nadie estuviera viendo.

Quito tiene más de 800 cámaras. Pero durante una visita de The Times, había 30 policías en turno para revisar los videos. Los oficiales analizan las tomas de una cámara durante unos minutos y luego cambian a otra. Prevenir el delito es sólo parte del trabajo. Los operadores telefónicos también brindaban apoyo para responder llamadas de emergencia. La mayor parte del tiempo no había nadie al otro lado de la lente.

Robayo argumentó que el sistema había sido responsable de un descenso sustancial en los homicidios y una caída de casi un 13 por ciento en los delitos en el 2018 comparado con el año anterior. La mera existencia de una cámara puede tener un efecto profundo, afirmó.

Y pese al asalto a Rueda, ella ha pedido que se instalen más cámaras. La mejor forma de solucionar los problemas delictivos es reparar el sistema de vigilancia, dijo.

La Policía le ha dicho que las cámaras son demasiado costosas. Ante eso, Rueda dijo: “Siempre es el mismo problema, la falta de presupuesto”, mencionó. “Sólo cuando matan a alguien, entonces las autoridades llegan y dicen: ‘Ahora sí vamos a hacerlo’”.

 The New York Times