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Por Ernesto Londoño y Manuela Andreoni

RÍO DE JANEIRO — Con disparos desde helicópteros, vehículos blindados o a quemarropa, los oficiales de policía de Río de Janeiro abatieron a 558 personas durante los primeros cuatro meses del año, la mayor cantidad en este periodo desde que las autoridades comenzaron a llevar un registro hace más de 20 años.

Esta cifra reciente sucede después de años de políticas que disminuyeron significativamente los asesinatos a manos de la policía. Sin embargo, al tiempo que el País cayó en una profunda crisis económica y política en 2014, se agotaron los recursos. Las bandas de delincuentes reclamaron territorio perdido en Río, y la violencia se disparó en todo Brasil: el año pasado más de 51 mil 500 personas fueron asesinadas.

Los electores acudieron a las urnas en octubre y dieron su apoyo a candidatos que prometieron combatir la violencia con violencia, al relajar las reglas de propiedad de armas y permitir que la policía dispare contra sospechosos armados.

El número de personas muertas por la policía en Río de Janeiro se elevó en el 2018 a mil 538, de acuerdo con las estadísticas estatales. Si las muertes continúan al ritmo actual —casi 5 por día— esa marca será superada.

Wilson Witzel, el nuevo Gobernador del Estado, señaló a una reducción general en los homicidios para argumentar que la estrategia estaba funcionando.

El Presidente Jair Bolsonaro prometió dar a la policía más flexibilidad para matar a los delincuentes sospechosos, al decir que “el delincuente bueno es el delincuente muerto”.
Witzel, un ex juez federal, dijo en enero que no faltarían lugares a donde enviar a los delincuentes. “Cavaremos tumbas”, señaló.

En marzo, Witzel anunció francotiradores en el Estado estaban abatiendo a sospechosos armados, que “tienen que ser neutralizados de manera letal”.
Sin embargo, hay quienes dicen que los oficiales llevan a cabo asesinatos extrajudiciales. “En las favelas y otras zonas de la periferia se están realizando ejecuciones sumarias”, afirmó Renata Souza, representante estatal.

La oficina del Procurador del Estado creó un grupo de trabajo en el 2015 para investigar las denuncias. Desde entonces, la policía ha matado a más de 4 mil personas. La unidad ha acusado de homicidio a 72 oficiales; de ellos, al menos 19 han sido absueltos y ninguno está en la cárcel.

Desde hace mucho tiempo, Río de Janeiro ha sido un Estado sumamente complejo para vigilar.

Poco después de que se desató un tiroteo el 8 de febrero en el distrito Fallet-Fogueteiro, se volvió claro que no era un enfrentamiento común y corriente entre pandillas rivales.

Mientras un escuadrón elite de la policía subió estruendosamente la colina, presuntos narcotraficantes corrieron al interior de una casa. Se quitaron la camisa —un gesto de que se rendían, dijeron los residentes. Entre ellos estaba Felipe Guilherme Antunes, de 21 años.

Cuando cesó la lluvia de balas, nueve hombres yacían en el suelo y otros cuatro afuera. Los policías dijeron en ese entonces que habían actuado en defensa propia. Pero cuando los familiares y los investigadores de derechos humanos analizaron los relatos de los testigos, los reportes de las autopsias y las fotografías de los cuerpos, muchos quedaron convencidos de que los hombres habían sido ejecutados. De acuerdo con Human Rights Watch, algunos tenían disparos en la cabeza o el corazón.

“No vinieron a arrestarlos”, afirmó Tatiana Antunes de Carvalho, madre de Antunes. “Vinieron a matar”.

Otorgar poder a la policía para que mate con más facilidad nunca ha reducido la violencia, afirmó Roberto Sá, quien supervisó a la policía de el Estado de 2016 a 2018 y trabajó en una unidad policial élite al inicio de su carrera.

“La confrontación genera un ambiente de inseguridad, enfermedades mentales y estrés para los policías y los residentes”, dijo.

 The New York Times