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GUADALUPE, México

Al iniciar una elección para elegir un sindicato en una planta de llantas mexicana una mañana lluviosa reciente, un líder sindical exhortó a sus partidarios a acudir a votar: “Pueden relajarse, su voto es libre y secreto”, dijo en las redes sociales.

Durante décadas, los trabajadores mexicanos tuvieron poca voz para elegir a los sindicatos que firmaban contratos con los patrones en su nombre. En lugar de ello, los gobiernos otorgaban a sus aliados en el movimiento sindical control sobre la fuerza laboral.

Ahora, el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de izquierda, ha prometido cambiar drásticamente este sistema.

En mayo entró en vigor una nueva ley que garantiza a los trabajadores el derecho a decidir quién los representará. Sin embargo, los líderes sindicales independientes dicen que transformar un sistema de décadas de antigüedad —venciendo la oposición de patrones y de sindicatos poderosos y políticamente favorecidos, junto con la profunda desconfianza de los trabajadores— es una labor ardua y lenta.

Bajo la nueva ley, los sindicatos tendrán que ganarse el apoyo de al menos el 30 por ciento de los trabajadores en un lugar de trabajo antes de que puedan ser reconocidos formalmente.

La ley también establece un plazo de cuatro años para que la Secretaría del Trabajo analice al menos medio millón de contratos existentes. Muchos de ellos probablemente son inválidos porque nunca fueron aprobados por los trabajadores, dijo Luisa María Alcalde, Secretaria de Trabajo y Previsión Social.

Los históricos sindicatos de México, que prosperaron durante décadas en su alianza con el Partido Revolucionario Institucional, o PRI, durante su larga permanencia en el poder, advierten que la nueva ley podría debilitar a los sindicatos al tiempo que éstos compiten por el apoyo de los trabajadores.

La inestabilidad podría trastornar las fluidas relaciones laborales que los sindicatos tradicionales pueden prometer a los patrones, señaló Carlos Aceves del Olmo, ex Senador priísta y actual Secretario General de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM), que afirma contar con 5 millones de trabajadores afiliados.

“Las compañías internacionales conocen la organización y continúan firmando contratos con nosotros”, dijo Aceves.
Dos sindicatos están peleando por ganar el apoyo de la fuerza laboral en la fábrica de llantas Bridgestone a las afueras de Monterrey: el sindicato hulero, que es independiente, y un sindicato de trabajadores de la industria automotriz, que es parte de una federación tradicional y ha representado a los trabajadores en la planta durante el último par de años.

La junta laboral había fijado una fecha a mediados de abril para que los trabajadores eligieran a sus representantes.
Antes de la elección, los trabajadores fueron acosados y miembros del sindicato de la industria hulera, junto con sus abogados, fueron amenazados, de acuerdo con una queja presentada ante la junta laboral.

En el día para la elección, ningún miembro de la junta se presentó para realizar la votación. Esa elección fue cancelada y se programó una nueva elección varias semanas después.

En esta ocasión, la votación transcurrió sin problemas: el voto fue secreto y todas las partes estuvieron presentes.

El sindicato de trabajadores de la industria hulera perdió, por un amplio margen.

En una declaración, Bridgestone Americas dijo que su planta en Monterrey “bajo ninguna circunstancia interviene ni ha intervenido jamás en cuestiones de elecciones sindicales libres y justas”.

Pero Patricia Juan Pineda, abogada del sindicato de trabajadores huleros, dijo que un bono de unos mil 500 dólares pagado a los obreros una semana antes podría haber ayudado a convencerlos de rechazar al sindicato independiente.

The New York Times