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Por Raphael Minder

MADRID — Durante más de 20 años como Comisario del Cuerpo Nacional de Policía de España, José Manuel Villarejo se codeó con políticos, jueces, periodistas, aristócratas y líderes empresariales. Recibió seis condecoraciones, incluyendo una por sus esfuerzos contra el terrorismo. Aún así, era una figura relativamente desconocida para el público español.

Todo eso cambió con su arresto hace 20 meses.

Hoy el otrora héroe policial enfrenta 10 investigaciones por parte de fiscales españoles. Lo acusan de haber realizado una labor secundaria ilícita y lucrativa como interventor privado para los ricos y poderosos de España, quienes, afirman los fiscales, utilizaron los servicios de Villarejo para espiar a sus rivales y desprestigiar a sus enemigos.

Villarejo, de 67 años, es hoy uno de los rostros más conocidos de España. Sin embargo, es su voz la que ha cimbrado al establishment español.

Villarejo grabó en secreto sus tratos. Fragmentos de esas conversaciones están apareciendo en los medios españoles. Las filtraciones dejan claro que podría tener información delicada sobre miembros de la élite política y empresarial del País.

“Grabó absolutamente todo —todas sus llamadas y juntas— así que sabemos que es un archivo enorme”, dijo Joaquín Vidal, director de Moncloa.com, una publicación en línea que ha dado a conocer varios de los audios de Villarejo sin explicar cómo los obtuvo.

Las grabaciones, combinadas con el testimonio de Villarejo en el tribunal, han expuesto un mundo de tejemanejes en las altas esferas del poder en España. Han conducido a numerosas investigaciones, incluyendo una sobre si el anterior Gobierno conservador del País empleó una “policía patriótica” especial para desprestigiar a sus opositores políticos.

La trayectoria de Villarejo empezó a deshilacharse en el 2016, cuando investigadores se tropezaron con millones de euros que dicen que Villarejo había escondido en el exterior.

Los fiscales dicen que recibió un pago de 5.3 millones de euros (5.9 millones de dólares) del Gobierno de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Presidente de Guinea Ecuatorial desde 1979, para ayudarlo a desprestigiar a sus opositores políticos.

Los jueces han congelado millones de euros en bienes controlados por empresas que él y sus asociados usaron para comprar propiedades en España, así como un hotel en Punta del Este, Uruguay.

Los fiscales buscan que sea procesado por cargos como sobornos y lavado de dinero. Otras 50 personas también han sido indiciadas.

Villarejo niega las acusaciones y afirma que realizó su labor a nombre del Estado español. Su arresto ha exacerbado interrogantes sobre si partes del Estado y Gobierno español intentaron atacar y desprestigiar a sus opositores.

Las personas grabadas por Villarejo niegan mayor ofensa que haber hablado con él.

Dolores Delgado, la Ministra de Justicia de España, dijo al Parlamento que había sido víctima de “chantaje político” por parte de opositores de la derecha, después de que se filtró una de las conversaciones de Villarejo.

En otra grabación, Villarejo presume estar ganando “mucho dinero” del Estado por encontrar ropa sucia de políticos catalanes, cuando el conflicto separatista estaba cobrando ímpetu.

Esa afirmación es hoy parte de una investigación sobre si el anterior Gobierno conservador español también intentó desprestigiar a sus opositores del partido de izquierda Unidas Podemos.

“Villarejo parece haber pertenecido a un círculo de personas que creían estar en posiciones privilegiadas donde podían percibir mucho dinero mientras se beneficiaban de una impunidad total”, dijo Íñigo de Barrón, periodista en El País. “Lo que quiero saber es qué tan alto llegó este sistema ilegal”.

The New York Times