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Por Matina Stevis-Gridneff

BRUSELAS — Durante tres años, la Unión Europea ha estado pagando a otros países para mantener a los buscadores de asilo alejados de una Europa repleta de partidos populistas y antiinmigrantes.

Ha pagado miles de millones de dólares a Turquía para impedir que los refugiados crucen a Grecia. Ha financiado la Guardia Costera libia para que capture y devuelva los barcos de migrantes a África del Norte. Ha establecido centros en el lejano Níger para procesar a los buscadores de asilo, si es que llegan tan lejos. La mayoría no lo logra.

Aún al tiempo que esa red a distancia es criticada, está tan abrumada que la UE está buscando expandirla.

El bloque se prepara para cerrar un trato en Ruanda a fin de crear un lugar más que espera ayude a aliviar algunas de las crecientes presiones sobre su red de outsourcing.

Los críticos afirman que el trato profundizará una política moralmente peligrosa, aun al tiempo que subraya lo precario que se ha vuelto el sistema de la EU para manejar la crisis de los migrantes.

Decenas de miles de migrantes y buscadores de asilo siguen atrapados en Libia, donde las milicias controlan los centros de detención y los migrantes son vendidos como esclavos o a la prostitución.

Un atentado con bomba en un centro de detención de migrantes en julio dejó 40 muertos, y ha seguido operando en los meses desde entonces, a pesar de que parte de él fue reducido a escombros.

Tamizar a los buscadores de asilo en ubicaciones seguras y remotas —donde pueden calificar como refugiados sin emprender viajes peligrosos a Europa— ha sido promovido en Bruselas durante mucho tiempo como un modo de desmantelar las redes de traficantes mientras que brinda a las personas vulnerables una oportunidad justa de iniciar una nueva vida.

Pero el plan de expansión ha resaltado los defectos fundamentales del sistema: los centros offshore son demasiado pequeños y las promesas de reubicación para los refugiados son insuficientes.

La política migratoria de la UE ha reducido marcadamente el número de recién llegados al continente. En el 2016, 181 mil 376 personas cruzaron el Mediterráneo desde África del Norte para llegar a las costas italianas. El año pasado, el número se desplomó a 23 mil 485.

Pero el enfoque del bloque ha sido criticado por grupos humanitarios y de derechos de los refugiados.

“Empieza a oler a un procesamiento offshore y una puerta trasera para que los países europeos mantengan a la gente alejada de Europa”, señaló Judith Sunderland, experta de Human Rights Watch.

Esas críticas surgieron por primera vez en el 2016, cuando la UE acordó pagarle a Turquía unos 6 mil millones de dólares para que impidiera que los buscadores de asilo cruzaran a Grecia.

El financiamiento de Bruselas a la Guardia Costera libia para interceptar barcos de migrantes ha sido extremadamente efectivo, pero ha dejado a los migrantes vulnerables a abusos.

Alrededor de medio millón de migrantes vive en Libia, y apenas 51 mil están registrados con la ONU. Cinco mil viven en centros de detención inmundos e inseguros.

“Los países europeos enfrentan un dilema”, dijo Camille Le Coz, experta del Instituto de Política Migratoria, en Bruselas. “No quieren recibir a más migrantes de Libia y temen crear factores de atracción, pero al mismo tiempo no pueden dejar a la gente atrapada en centros de detención”.

Catorce países occidentales han prometido reubicar a unas 6 mil 600 personas directamente de Libia o del centro en Níger.

Bajo el acuerdo con Ruanda, el País recibirá a unos 500 migrantes evacuados de Libia y los alojará hasta que queden reubicados o sean enviados de regreso a su patria.

“El programa de Níger ha sufrido muchos reveses, vacilación, un procesamiento muy lento por los países europeos y otros, números muy bajos de verdaderas reubicaciones”, expresó Sunderland. “No hay mucha esperanza entonces de que exactamente el mismo proceso en Ruanda lleve a resultados dramáticamente distintos”.

The New York Times