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Tal como señalé en mi escrito último (END: 18/3/11), ante las pretensiones autoritarias con rumbo dictatorial del Señor Ortega, de lo cual, a la gente sensata y amante de la libertad, ya nos queda la menor duda, y ante el fracaso estratégico de no haber podido conseguir los 56 votos para la reforma Constitucional para su reelección, así como para el nombramiento de los 25 cargos de plazos vencidos, al parecer les resultó absolutamente insuficiente y poco convincente la sentencia espuria, NO. 504 de la Corte Suprema de Justicia.- Sala de lo Constitucional.- Managua, diecinueve de octubre de dos mil nueve.- Las cinco de la tarde.- Exp. No. 602-09, por lo que dieron paso a un nuevo artificio que abonara en la pretendida legalidad de los 25 cargos de plazos  vencidos, en los distintos poderes e instituciones del Estado, que posteriormente serían instrumentalizados para acoger la sentencia espuria arriba señalada, y darle la pretendida legalidad a una candidatura que es a todas luces inconstitucional.
A continuación presento a ustedes los argumentos con los cuales muchos prestigiados juristas tienen plena coincidencia, que demuestran la ilegalidad de la emisión del Decreto Presidencial 3-2010, a saber:

Decreto Presidencial 3-2010 del 11 de enero 2010, “Ratificando y Prorrogando en sus cargos a todas las autoridades de los poderes e instituciones del Estado establecido en el Arto. 138  Numerales 7, 8 y 9 de la Constitución Política que se les vence el periodo”.

a. Pretendiendo haber resuelto la legalidad de su candidatura con la sentencia ilegal, inconstitucional e inmoral 504 de la Sala Constitucional y de la Corte Plena, ahora el presidente Ortega emprendería un atropello más a la legalidad, emitiendo el decreto 03-2010, en el que miente y deforma el significado de los preceptos constitucionales y establece falsos considerandos para justificar su voluntad reeleccionista, prorrogando en sus cargos a 25 funcionarios con plazos vencidos en el ejercicio de sus cargos, habiendo expresado mayor interés en el CSE, ante la negativa de todas las demás fuerzas políticas y bancadas, de que no habría ninguna elección si el Presidente de la República insistía en nombrar a los mismos miembros del CSE y particularmente al Presidente del mismo, Roberto Rivas.

b. El Decreto es ilegal porque nuestra Constitución Política no le otorga ninguna facultad al Presidente de la República para “ratificar o prorrogar” ningún cargo de elección indirecta, como a los que se refiere en el Decreto Ejecutivo No. 3-2010, pues solamente le otorga facultades para “proponer” candidatos a dichos cargos, previa consulta a la Sociedad Civil.

c. La Constitución tampoco le otorga competencias de ser el “coordinador” y “responsable constitucional” de los otros poderes del Estado, mucho menos de “hacer que se cumpla” la Constitución.

d. La Constitución tampoco le da facultades al presidente de la República, para hacer que funcionarios de otros poderes del Estado cumplan con la Constitución, o girarles instrucciones para permanecer o no en un cargo.

e. Las facultades del Presidente de la República están dadas en ámbito del Poder Ejecutivo y sobre los funcionarios bajo su dependencia. El Presidente solo está facultado para emitir decretos ejecutivos en materia puramente administrativa.

f. La principal responsabilidad del Presidente de la República es cumplir con la Constitución y las Leyes de la República, y hacer que los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo también las cumplan (Art. 150 inc. 1 Constitución).

g. El Procurador y Subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos, los contralores, los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, los diputados, Consejo Supremo Electoral, el superintendente y vicesuperintendente de Bancos y otras Instituciones Financieras no son funcionarios del Poder Ejecutivo y por tanto no deben obediencia al Presidente y su nombramiento es responsabilidad exclusiva de la Asamblea Nacional conforme el Arto. Cn. 138 inc. 7, 8, 9 y 11, cuyo procedimiento está regulado por Art. 138 inc. 11 de la Constitución, y Art. 128 y 129 Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua.

Como vemos, el abuso de funciones del Presidente-candidato inconstitucional, Daniel Ortega, ha estado encaminado a imponer su voluntad para tener a los magistrados y funcionarios públicos bajo su égida, y que éstos al ser prorrogados en sus cargos por el Presidente, se deberían y sujetarían a él personalmente y no a la Constitución; esta decisión violatoria de la ley y la Constitución también nos pone de manifiesto que estamos ante un Estado de facto, pues al ser ilegal el decreto que les prorroga en sus cargos, les convierte en usurpadores de cargos públicos, y el funcionar de esta manera nos pone ante una crisis de gobernabilidad, de la que saca beneficios el Presidente-candidato inconstitucional.

Con lo anterior los magistrados y directivos de instituciones estatales se han convertido en operadores políticos partidarios, pretendiendo darnos un mensaje de la fuerza hegemónica y todopoderosa del candidato ilegal, y sobre todo pretenden darnos un mensaje desmotivador, que lleve a la desesperanza a los ciudadanos, y con ello a la resignación de que nada cambiará el estado actual de cosas; sin embargo, debemos sacar la lección de que estamos frente a un régimen político dictatorial, y que lejos de desestimularnos, nos está conminando a la reflexión y a la consiguiente toma de posiciones políticas frente a sus abusos.

Si ellos han llegado a la conclusión, y así lo han expresados sus enigmáticos voceros, de “de que ahora detentan el poder, están dispuestos a hacer todo lo necesario para mantenerse” nosotros podemos decir, que todos los ciudadanos haremos todo lo necesario para no volver a perder la libertad que tanta sangre y vidas ha costado a este sufrido pueblo. Animo ciudadanos y ciudadanas, la historia la escriben los pueblos y no los dictadores.