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Desde los inicios de Estados territoriales ha habido políticas económicas incidiendo en  particular en el uso que se le daba a la plusvalía o a la capacidad productiva más allá de  la pura sobrevivencia y reproducción. Ya la Biblia nos habla de las políticas económicas de José para enfrentar los 7 años de vacas flacas. A lo largo de la historia quedó más  que una vez comprobado que el desarrollo y bienestar de un territorio definido y de la  población en sus confines lo condicionan fuertemente, aunque no lo determinan, las  políticas económicas, entendiéndose como políticas económicas no solo un programa  ejecutado por un gobierno, sino la concertación mas amplia entre los diversos actores  económicos alrededor de ese programa.

Partiendo ideológicamente de las ideas de Adam Smith y David Ricardo sobre la Libre Empresa y el Libre Mercado, se superó la fase anterior, en la cual los gobiernos incidieron directamente en la producción. No obstante, sin las garantías públicas por Bancos Centrales, la legislación apropiada y la intervención oportuna de gobiernos jamás se hubiese establecido el sistema capitalista de producción, que movilizando capital ajeno permitió obras como los sistemas de ferrocarril, de agua, alcantarillado y  energía, y por ende el crecimiento de corporaciones industriales mucho más allá de su  limitada capacidad propia de acumular y re-invertir ganancias.

De ejemplo más cercano, sin los empréstitos forzados, impuestos por gobiernos conservadores a los grandes terratenientes de occidente, no se hubiera dado nunca el inicio del ferrocarril en Nicaragua. Sin las políticas económicas consensuadas entre el  Banco Central de Laínez, el estatal Banco Nacional de Desarrollo, y el INFONAC tampoco se hubiera dado el desarrollo agrario y en particular agro-industrial de los años   50 a 70 del siglo pasado. Cabe señalar que sin la nacionalización del sector financiero  por José Figueres, mantenida en su esencia hasta hoy día, tampoco se hubiera dado el  desarrollo tan exitoso en comparación con Costa Rica.

Desde sus inicios, el capitalismo se enfrenta a un problema así no previsto: Ni a los  miles y miles de ahorrantes pequeños, medianos y grandes ni tampoco por tanto a las  entidades financieras –bancos, fondos de inversión, seguros- les interesa ni un pito la  innovación productiva ni la competencia por calidad y precio de productos en el  mercado, pues no son empresarios, sino solo rentistas, personas interesadas en la máxima renta de su capital manteniendo al mismo tiempo la mayor disponibilidad y seguridad para el mismo sea como fuera.

El problema no son unas tantas cuantas empresas, que por falta de competitividad salgan de la economía, muchas veces pasando sus activos y mercados a otros competidores más competentes, sino las olas especulativas de capital, que caigan todas  sobre el mismo sector de la economía en esperanza de ganancias rápidas sin esfuerzo  propio, descuidando a la vez la inversión verdaderamente productiva. Los primeros 100 años del capitalismo hasta la Gran Depresión de 1929 se presentan por tanto como una  cadena de burbujas colapsadas de inversión especulativa, bancarrotas de entidades  financieras y crisis bursátiles, siempre terminando con la intervención de gobiernos y  sus bancos centrales como última salvación.

Comenzando con las políticas del New Deal en los EU y políticas similares en muchos países industrializados, los estados y gobiernos retoman un papel más activo en  la economía, no sólo en regular y supervisar más estrictamente las entidades financieras,  sino también orientando las inversiones productivas, sea por medio de programas de  obras públicas, sea por programas de investigación y desarrollo tecnológico a cuenta  pública, sea al final canalizando inversiones privadas incentivando unas y  desincentivando otras.

Insatisfechos los rentistas -los pequeños hasta los grandes incluyendo las entidades financieras- con las tasas de retorno del capitalismo domesticado, se inicia con los gobiernos de Thatcher y Reagan, pero continuada por los gobiernos de los Bush, de Clinton, Blair y Schröder, una nueva ola de desregularización financiera, políticamente  sostenida por una clase media alta con capacidad de ahorro pero sin vocación  empresarial propia, incluyendo a los altos ejecutivos y los empleados superiores de las  entidades financieras, sin dejar afuera a los propios políticos. Para favorecer a los rentistas, se reduce la tasa del impuesto sobre la renta de capitales, eliminando de paso  el sistema de tasas progresivas para este tipo de ingresos. A la par en los Estados Unidos  y Gran Bretaña se elimina los programas de inversión pública así como –bajo el  supuesto de la neutralidad fiscal- los incentivos y desincentivos para los diferentes tipos  de inversión, salvo para sectores muy selectos.

La crisis financiera global de 2008/09 presenta la factura: un meltdown del sistema financiero mundial sin precedentes en la historia económica,  cuyo media salvación a último momento les ha costado millones de millones en dólares, euros y libras al erario  de Estados en todo el mundo desarrollado. No solo eso, favoreciendo al rentista sobre el  empleado o trabajador, el programa del capitalismo salvaje ha empeorado la situación  para la clase media y ha profundizado la desigualdad en ingresos y participación en la  riqueza nacional a niveles peores –como consta Stiglitz- que a finales del siglo XIX. De  paso se desmanteló en los EU y Gran Bretaña la producción propia de bienes y  servicios transables, sustituyéndola por servicios personales y el comercio al detalle,  con consecuencias severas para los balances externos de comercio y de pagos.

Las políticas económicas de Nicaragua desde el primer programa de ajuste estructural a  la mitad del gobierno de Doña Violeta hasta la fecha siguen el patrón de esas políticas  neo-monetaristas, es decir favoreciendo el depósito rentista en el banco por encima de  cualquier otro tipo de inversión productiva. Como primera factura, el Estado rescató a  los rentistas del colapso bancario en el 2001, gastando del erario el equivalente a 3 años  del presupuesto de educación pública. La política de favorecer la renta sobre la  inversión productiva produce después una asignación de créditos con preferencias claras  para créditos de consumo, de comercio y tarjetas de créditos, complementado por  hipotecas para casas particulares, o sea imitando hasta en los detalles al modelo elegido.  Igual como en el modelo, florecen las MIPYMES de servicios y comercio, clientes  predilectos para las micro-financieras; mientras al mismo tiempo el agro involucionó a  indicadores de tecnificación similar a los años 40 del siglo pasado y la industria  manufacturera nacional desapareció casi por completo. Expresado en productividad por  persona laborando, el indicador de productividad-país hoy está más bajo que en 1990.

Si alguien ha tenido aún dudas sobre la orientación rentista –o de clase-  del gobierno  actual, basta tomar nota de la ultima reforma tributaria promovida por este gobierno,  aclamada por su bancada y aprobada por abrumador mayoría a finales de 2009, la que  estableció una preferencia para las rentas de capital mejor que cualquier legislación  neoliberal desde Ronald Reagan hasta George W. Bush: sin consideración del ingreso  personal total, se aplica solamente un 10% de IR definitivo, exonerando además  completamente a las instituciones financieras de ese impuesto. Se aplica igual tasa a lo  desigual: depósitos a plazo pagan lo mismo como acciones u otras formas de capital de  riesgo. Se salvan solo las inversiones en turismo por el amplio programa de  exoneraciones.

En esas circunstancias, solo locos, santos o exterritoriales bajo regímenes especiales  invertirán en la infraestructura productiva del país, sea en el campo sea en la ciudad. El  desempleo y la miseria del país han sido los resultados previsibles. No son efectos  colaterales, sino inevitables por favorecer a los viejos y los nuevos rentistas. Sin un  cambio de fondo eliminando el sesgo pro-rentista,  no habrá nunca desarrollo  económico-productivo ni tasas de un crecimiento mejor que vegetativo.

http://la-subversion-etica.blogspot.com/Cornelio Hopmann

Desde los inicios de Estados territoriales ha habido políticas económicas incidiendo en  particular en el uso que se le daba a la plusvalía o a la capacidad productiva más allá de  la pura sobrevivencia y reproducción. Ya la Biblia nos habla de las políticas económicas de José para enfrentar los 7 años de vacas flacas. A lo largo de la historia quedó más  que una vez comprobado que el desarrollo y bienestar de un territorio definido y de la  población en sus confines lo condicionan fuertemente, aunque no lo determinan, las  políticas económicas, entendiéndose como políticas económicas no solo un programa  ejecutado por un gobierno, sino la concertación mas amplia entre los diversos actores  económicos alrededor de ese programa.
Partiendo ideológicamente de las ideas de Adam Smith y David Ricardo sobre la Libre Empresa y el Libre Mercado, se superó la fase anterior, en la cual los gobiernos incidieron directamente en la producción. No obstante, sin las garantías públicas por Bancos Centrales, la legislación apropiada y la intervención oportuna de gobiernos jamás se hubiese establecido el sistema capitalista de producción, que movilizando capital ajeno permitió obras como los sistemas de ferrocarril, de agua, alcantarillado y  energía, y por ende el crecimiento de corporaciones industriales mucho más allá de su  limitada capacidad propia de acumular y re-invertir ganancias.
De ejemplo más cercano, sin los empréstitos forzados, impuestos por gobiernos conservadores a los grandes terratenientes de occidente, no se hubiera dado nunca el inicio del ferrocarril en Nicaragua. Sin las políticas económicas consensuadas entre el  Banco Central de Laínez, el estatal Banco Nacional de Desarrollo, y el INFONAC tampoco se hubiera dado el desarrollo agrario y en particular agro-industrial de los años   50 a 70 del siglo pasado. Cabe señalar que sin la nacionalización del sector financiero  por José Figueres, mantenida en su esencia hasta hoy día, tampoco se hubiera dado el  desarrollo tan exitoso en comparación con Costa Rica.
Desde sus inicios, el capitalismo se enfrenta a un problema así no previsto: Ni a los  miles y miles de ahorrantes pequeños, medianos y grandes ni tampoco por tanto a las  entidades financieras –bancos, fondos de inversión, seguros- les interesa ni un pito la  innovación productiva ni la competencia por calidad y precio de productos en el  mercado, pues no son empresarios, sino solo rentistas, personas interesadas en la máxima renta de su capital manteniendo al mismo tiempo la mayor disponibilidad y seguridad para el mismo sea como fuera.
El problema no son unas tantas cuantas empresas, que por falta de competitividad salgan de la economía, muchas veces pasando sus activos y mercados a otros competidores más competentes, sino las olas especulativas de capital, que caigan todas  sobre el mismo sector de la economía en esperanza de ganancias rápidas sin esfuerzo  propio, descuidando a la vez la inversión verdaderamente productiva. Los primeros 100 años del capitalismo hasta la Gran Depresión de 1929 se presentan por tanto como una  cadena de burbujas colapsadas de inversión especulativa, bancarrotas de entidades  financieras y crisis bursátiles, siempre terminando con la intervención de gobiernos y  sus bancos centrales como última salvación.
Comenzando con las políticas del New Deal en los EU y políticas similares en muchos países industrializados, los estados y gobiernos retoman un papel más activo en  la economía, no sólo en regular y supervisar más estrictamente las entidades financieras,  sino también orientando las inversiones productivas, sea por medio de programas de  obras públicas, sea por programas de investigación y desarrollo tecnológico a cuenta  pública, sea al final canalizando inversiones privadas incentivando unas y  desincentivando otras.
Insatisfechos los rentistas -los pequeños hasta los grandes incluyendo las entidades financieras- con las tasas de retorno del capitalismo domesticado, se inicia con los gobiernos de Thatcher y Reagan, pero continuada por los gobiernos de los Bush, de Clinton, Blair y Schröder, una nueva ola de desregularización financiera, políticamente  sostenida por una clase media alta con capacidad de ahorro pero sin vocación  empresarial propia, incluyendo a los altos ejecutivos y los empleados superiores de las  entidades financieras, sin dejar afuera a los propios políticos. Para favorecer a los rentistas, se reduce la tasa del impuesto sobre la renta de capitales, eliminando de paso  el sistema de tasas progresivas para este tipo de ingresos. A la par en los Estados Unidos  y Gran Bretaña se elimina los programas de inversión pública así como –bajo el  supuesto de la neutralidad fiscal- los incentivos y desincentivos para los diferentes tipos  de inversión, salvo para sectores muy selectos.
La crisis financiera global de 2008/09 presenta la factura: un meltdown del sistema financiero mundial sin precedentes en la historia económica,  cuyo media salvación a último momento les ha costado millones de millones en dólares, euros y libras al erario  de Estados en todo el mundo desarrollado. No solo eso, favoreciendo al rentista sobre el  empleado o trabajador, el programa del capitalismo salvaje ha empeorado la situación  para la clase media y ha profundizado la desigualdad en ingresos y participación en la  riqueza nacional a niveles peores –como consta Stiglitz- que a finales del siglo XIX. De  paso se desmanteló en los EU y Gran Bretaña la producción propia de bienes y  servicios transables, sustituyéndola por servicios personales y el comercio al detalle,  con consecuencias severas para los balances externos de comercio y de pagos.
 Las políticas económicas de Nicaragua desde el primer programa de ajuste estructural a  la mitad del gobierno de Doña Violeta hasta la fecha siguen el patrón de esas políticas  neo-monetaristas, es decir favoreciendo el depósito rentista en el banco por encima de  cualquier otro tipo de inversión productiva. Como primera factura, el Estado rescató a  los rentistas del colapso bancario en el 2001, gastando del erario el equivalente a 3 años  del presupuesto de educación pública. La política de favorecer la renta sobre la  inversión productiva produce después una asignación de créditos con preferencias claras  para créditos de consumo, de comercio y tarjetas de créditos, complementado por  hipotecas para casas particulares, o sea imitando hasta en los detalles al modelo elegido.  Igual como en el modelo, florecen las MIPYMES de servicios y comercio, clientes  predilectos para las micro-financieras; mientras al mismo tiempo el agro involucionó a  indicadores de tecnificación similar a los años 40 del siglo pasado y la industria  manufacturera nacional desapareció casi por completo. Expresado en productividad por  persona laborando, el indicador de productividad-país hoy está más bajo que en 1990.
Si alguien ha tenido aún dudas sobre la orientación rentista –o de clase-  del gobierno  actual, basta tomar nota de la ultima reforma tributaria promovida por este gobierno,  aclamada por su bancada y aprobada por abrumador mayoría a finales de 2009, la que  estableció una preferencia para las rentas de capital mejor que cualquier legislación  neoliberal desde Ronald Reagan hasta George W. Bush: sin consideración del ingreso  personal total, se aplica solamente un 10% de IR definitivo, exonerando además  completamente a las instituciones financieras de ese impuesto. Se aplica igual tasa a lo  desigual: depósitos a plazo pagan lo mismo como acciones u otras formas de capital de  riesgo. Se salvan solo las inversiones en turismo por el amplio programa de  exoneraciones.
En esas circunstancias, solo locos, santos o exterritoriales bajo regímenes especiales  invertirán en la infraestructura productiva del país, sea en el campo sea en la ciudad. El  desempleo y la miseria del país han sido los resultados previsibles. No son efectos  colaterales, sino inevitables por favorecer a los viejos y los nuevos rentistas. Sin un  cambio de fondo eliminando el sesgo pro-rentista,  no habrá nunca desarrollo  económico-productivo ni tasas de un crecimiento mejor que vegetativo.   

http://la-subversion-etica.blogspot.com/Cornelio Hopmann
Desde los inicios de Estados territoriales ha habido políticas económicas incidiendo en  particular en el uso que se le daba a la plusvalía o a la capacidad productiva más allá de  la pura sobrevivencia y reproducción. Ya la Biblia nos habla de las políticas económicas de José para enfrentar los 7 años de vacas flacas. A lo largo de la historia quedó más  que una vez comprobado que el desarrollo y bienestar de un territorio definido y de la  población en sus confines lo condicionan fuertemente, aunque no lo determinan, las  políticas económicas, entendiéndose como políticas económicas no solo un programa  ejecutado por un gobierno, sino la concertación mas amplia entre los diversos actores  económicos alrededor de ese programa.
Partiendo ideológicamente de las ideas de Adam Smith y David Ricardo sobre la Libre Empresa y el Libre Mercado, se superó la fase anterior, en la cual los gobiernos incidieron directamente en la producción. No obstante, sin las garantías públicas por Bancos Centrales, la legislación apropiada y la intervención oportuna de gobiernos jamás se hubiese establecido el sistema capitalista de producción, que movilizando capital ajeno permitió obras como los sistemas de ferrocarril, de agua, alcantarillado y  energía, y por ende el crecimiento de corporaciones industriales mucho más allá de su  limitada capacidad propia de acumular y re-invertir ganancias.
De ejemplo más cercano, sin los empréstitos forzados, impuestos por gobiernos conservadores a los grandes terratenientes de occidente, no se hubiera dado nunca el inicio del ferrocarril en Nicaragua. Sin las políticas económicas consensuadas entre el  Banco Central de Laínez, el estatal Banco Nacional de Desarrollo, y el INFONAC tampoco se hubiera dado el desarrollo agrario y en particular agro-industrial de los años   50 a 70 del siglo pasado. Cabe señalar que sin la nacionalización del sector financiero  por José Figueres, mantenida en su esencia hasta hoy día, tampoco se hubiera dado el  desarrollo tan exitoso en comparación con Costa Rica.
Desde sus inicios, el capitalismo se enfrenta a un problema así no previsto: Ni a los  miles y miles de ahorrantes pequeños, medianos y grandes ni tampoco por tanto a las  entidades financieras –bancos, fondos de inversión, seguros- les interesa ni un pito la  innovación productiva ni la competencia por calidad y precio de productos en el  mercado, pues no son empresarios, sino solo rentistas, personas interesadas en la máxima renta de su capital manteniendo al mismo tiempo la mayor disponibilidad y seguridad para el mismo sea como fuera.
El problema no son unas tantas cuantas empresas, que por falta de competitividad salgan de la economía, muchas veces pasando sus activos y mercados a otros competidores más competentes, sino las olas especulativas de capital, que caigan todas  sobre el mismo sector de la economía en esperanza de ganancias rápidas sin esfuerzo  propio, descuidando a la vez la inversión verdaderamente productiva. Los primeros 100 años del capitalismo hasta la Gran Depresión de 1929 se presentan por tanto como una  cadena de burbujas colapsadas de inversión especulativa, bancarrotas de entidades  financieras y crisis bursátiles, siempre terminando con la intervención de gobiernos y  sus bancos centrales como última salvación.
Comenzando con las políticas del New Deal en los EU y políticas similares en muchos países industrializados, los estados y gobiernos retoman un papel más activo en  la economía, no sólo en regular y supervisar más estrictamente las entidades financieras,  sino también orientando las inversiones productivas, sea por medio de programas de  obras públicas, sea por programas de investigación y desarrollo tecnológico a cuenta  pública, sea al final canalizando inversiones privadas incentivando unas y  desincentivando otras.
Insatisfechos los rentistas -los pequeños hasta los grandes incluyendo las entidades financieras- con las tasas de retorno del capitalismo domesticado, se inicia con los gobiernos de Thatcher y Reagan, pero continuada por los gobiernos de los Bush, de Clinton, Blair y Schröder, una nueva ola de desregularización financiera, políticamente  sostenida por una clase media alta con capacidad de ahorro pero sin vocación  empresarial propia, incluyendo a los altos ejecutivos y los empleados superiores de las  entidades financieras, sin dejar afuera a los propios políticos. Para favorecer a los rentistas, se reduce la tasa del impuesto sobre la renta de capitales, eliminando de paso  el sistema de tasas progresivas para este tipo de ingresos. A la par en los Estados Unidos  y Gran Bretaña se elimina los programas de inversión pública así como –bajo el  supuesto de la neutralidad fiscal- los incentivos y desincentivos para los diferentes tipos  de inversión, salvo para sectores muy selectos.
La crisis financiera global de 2008/09 presenta la factura: un meltdown del sistema financiero mundial sin precedentes en la historia económica,  cuyo media salvación a último momento les ha costado millones de millones en dólares, euros y libras al erario  de Estados en todo el mundo desarrollado. No solo eso, favoreciendo al rentista sobre el  empleado o trabajador, el programa del capitalismo salvaje ha empeorado la situación  para la clase media y ha profundizado la desigualdad en ingresos y participación en la  riqueza nacional a niveles peores –como consta Stiglitz- que a finales del siglo XIX. De  paso se desmanteló en los EU y Gran Bretaña la producción propia de bienes y  servicios transables, sustituyéndola por servicios personales y el comercio al detalle,  con consecuencias severas para los balances externos de comercio y de pagos.
 Las políticas económicas de Nicaragua desde el primer programa de ajuste estructural a  la mitad del gobierno de Doña Violeta hasta la fecha siguen el patrón de esas políticas  neo-monetaristas, es decir favoreciendo el depósito rentista en el banco por encima de  cualquier otro tipo de inversión productiva. Como primera factura, el Estado rescató a  los rentistas del colapso bancario en el 2001, gastando del erario el equivalente a 3 años  del presupuesto de educación pública. La política de favorecer la renta sobre la  inversión productiva produce después una asignación de créditos con preferencias claras  para créditos de consumo, de comercio y tarjetas de créditos, complementado por  hipotecas para casas particulares, o sea imitando hasta en los detalles al modelo elegido.  Igual como en el modelo, florecen las MIPYMES de servicios y comercio, clientes  predilectos para las micro-financieras; mientras al mismo tiempo el agro involucionó a  indicadores de tecnificación similar a los años 40 del siglo pasado y la industria  manufacturera nacional desapareció casi por completo. Expresado en productividad por  persona laborando, el indicador de productividad-país hoy está más bajo que en 1990.
Si alguien ha tenido aún dudas sobre la orientación rentista –o de clase-  del gobierno  actual, basta tomar nota de la ultima reforma tributaria promovida por este gobierno,  aclamada por su bancada y aprobada por abrumador mayoría a finales de 2009, la que  estableció una preferencia para las rentas de capital mejor que cualquier legislación  neoliberal desde Ronald Reagan hasta George W. Bush: sin consideración del ingreso  personal total, se aplica solamente un 10% de IR definitivo, exonerando además  completamente a las instituciones financieras de ese impuesto. Se aplica igual tasa a lo  desigual: depósitos a plazo pagan lo mismo como acciones u otras formas de capital de  riesgo. Se salvan solo las inversiones en turismo por el amplio programa de  exoneraciones.
En esas circunstancias, solo locos, santos o exterritoriales bajo regímenes especiales  invertirán en la infraestructura productiva del país, sea en el campo sea en la ciudad. El  desempleo y la miseria del país han sido los resultados previsibles. No son efectos  colaterales, sino inevitables por favorecer a los viejos y los nuevos rentistas. Sin un  cambio de fondo eliminando el sesgo pro-rentista,  no habrá nunca desarrollo  económico-productivo ni tasas de un crecimiento mejor que vegetativo.   

http://la-subversion-etica.blogspot.com/Cornelio Hopmann
Desde los inicios de Estados territoriales ha habido políticas económicas incidiendo en  particular en el uso que se le daba a la plusvalía o a la capacidad productiva más allá de  la pura sobrevivencia y reproducción. Ya la Biblia nos habla de las políticas económicas de José para enfrentar los 7 años de vacas flacas. A lo largo de la historia quedó más  que una vez comprobado que el desarrollo y bienestar de un territorio definido y de la  población en sus confines lo condicionan fuertemente, aunque no lo determinan, las  políticas económicas, entendiéndose como políticas económicas no solo un programa  ejecutado por un gobierno, sino la concertación mas amplia entre los diversos actores  económicos alrededor de ese programa.
Partiendo ideológicamente de las ideas de Adam Smith y David Ricardo sobre la Libre Empresa y el Libre Mercado, se superó la fase anterior, en la cual los gobiernos incidieron directamente en la producción. No obstante, sin las garantías públicas por Bancos Centrales, la legislación apropiada y la intervención oportuna de gobiernos jamás se hubiese establecido el sistema capitalista de producción, que movilizando capital ajeno permitió obras como los sistemas de ferrocarril, de agua, alcantarillado y  energía, y por ende el crecimiento de corporaciones industriales mucho más allá de su  limitada capacidad propia de acumular y re-invertir ganancias.
De ejemplo más cercano, sin los empréstitos forzados, impuestos por gobiernos conservadores a los grandes terratenientes de occidente, no se hubiera dado nunca el inicio del ferrocarril en Nicaragua. Sin las políticas económicas consensuadas entre el  Banco Central de Laínez, el estatal Banco Nacional de Desarrollo, y el INFONAC tampoco se hubiera dado el desarrollo agrario y en particular agro-industrial de los años   50 a 70 del siglo pasado. Cabe señalar que sin la nacionalización del sector financiero  por José Figueres, mantenida en su esencia hasta hoy día, tampoco se hubiera dado el  desarrollo tan exitoso en comparación con Costa Rica.
Desde sus inicios, el capitalismo se enfrenta a un problema así no previsto: Ni a los  miles y miles de ahorrantes pequeños, medianos y grandes ni tampoco por tanto a las  entidades financieras –bancos, fondos de inversión, seguros- les interesa ni un pito la  innovación productiva ni la competencia por calidad y precio de productos en el  mercado, pues no son empresarios, sino solo rentistas, personas interesadas en la máxima renta de su capital manteniendo al mismo tiempo la mayor disponibilidad y seguridad para el mismo sea como fuera.
El problema no son unas tantas cuantas empresas, que por falta de competitividad salgan de la economía, muchas veces pasando sus activos y mercados a otros competidores más competentes, sino las olas especulativas de capital, que caigan todas  sobre el mismo sector de la economía en esperanza de ganancias rápidas sin esfuerzo  propio, descuidando a la vez la inversión verdaderamente productiva. Los primeros 100 años del capitalismo hasta la Gran Depresión de 1929 se presentan por tanto como una  cadena de burbujas colapsadas de inversión especulativa, bancarrotas de entidades  financieras y crisis bursátiles, siempre terminando con la intervención de gobiernos y  sus bancos centrales como última salvación.
Comenzando con las políticas del New Deal en los EU y políticas similares en muchos países industrializados, los estados y gobiernos retoman un papel más activo en  la economía, no sólo en regular y supervisar más estrictamente las entidades financieras,  sino también orientando las inversiones productivas, sea por medio de programas de  obras públicas, sea por programas de investigación y desarrollo tecnológico a cuenta  pública, sea al final canalizando inversiones privadas incentivando unas y  desincentivando otras.
Insatisfechos los rentistas -los pequeños hasta los grandes incluyendo las entidades financieras- con las tasas de retorno del capitalismo domesticado, se inicia con los gobiernos de Thatcher y Reagan, pero continuada por los gobiernos de los Bush, de Clinton, Blair y Schröder, una nueva ola de desregularización financiera, políticamente  sostenida por una clase media alta con capacidad de ahorro pero sin vocación  empresarial propia, incluyendo a los altos ejecutivos y los empleados superiores de las  entidades financieras, sin dejar afuera a los propios políticos. Para favorecer a los rentistas, se reduce la tasa del impuesto sobre la renta de capitales, eliminando de paso  el sistema de tasas progresivas para este tipo de ingresos. A la par en los Estados Unidos  y Gran Bretaña se elimina los programas de inversión pública así como –bajo el  supuesto de la neutralidad fiscal- los incentivos y desincentivos para los diferentes tipos  de inversión, salvo para sectores muy selectos.
La crisis financiera global de 2008/09 presenta la factura: un meltdown del sistema financiero mundial sin precedentes en la historia económica,  cuyo media salvación a último momento les ha costado millones de millones en dólares, euros y libras al erario  de Estados en todo el mundo desarrollado. No solo eso, favoreciendo al rentista sobre el  empleado o trabajador, el programa del capitalismo salvaje ha empeorado la situación  para la clase media y ha profundizado la desigualdad en ingresos y participación en la  riqueza nacional a niveles peores –como consta Stiglitz- que a finales del siglo XIX. De  paso se desmanteló en los EU y Gran Bretaña la producción propia de bienes y  servicios transables, sustituyéndola por servicios personales y el comercio al detalle,  con consecuencias severas para los balances externos de comercio y de pagos.
 Las políticas económicas de Nicaragua desde el primer programa de ajuste estructural a  la mitad del gobierno de Doña Violeta hasta la fecha siguen el patrón de esas políticas  neo-monetaristas, es decir favoreciendo el depósito rentista en el banco por encima de  cualquier otro tipo de inversión productiva. Como primera factura, el Estado rescató a  los rentistas del colapso bancario en el 2001, gastando del erario el equivalente a 3 años  del presupuesto de educación pública. La política de favorecer la renta sobre la  inversión productiva produce después una asignación de créditos con preferencias claras  para créditos de consumo, de comercio y tarjetas de créditos, complementado por  hipotecas para casas particulares, o sea imitando hasta en los detalles al modelo elegido.  Igual como en el modelo, florecen las MIPYMES de servicios y comercio, clientes  predilectos para las micro-financieras; mientras al mismo tiempo el agro involucionó a  indicadores de tecnificación similar a los años 40 del siglo pasado y la industria  manufacturera nacional desapareció casi por completo. Expresado en productividad por  persona laborando, el indicador de productividad-país hoy está más bajo que en 1990.
Si alguien ha tenido aún dudas sobre la orientación rentista –o de clase-  del gobierno  actual, basta tomar nota de la ultima reforma tributaria promovida por este gobierno,  aclamada por su bancada y aprobada por abrumador mayoría a finales de 2009, la que  estableció una preferencia para las rentas de capital mejor que cualquier legislación  neoliberal desde Ronald Reagan hasta George W. Bush: sin consideración del ingreso  personal total, se aplica solamente un 10% de IR definitivo, exonerando además  completamente a las instituciones financieras de ese impuesto. Se aplica igual tasa a lo  desigual: depósitos a plazo pagan lo mismo como acciones u otras formas de capital de  riesgo. Se salvan solo las inversiones en turismo por el amplio programa de  exoneraciones.
En esas circunstancias, solo locos, santos o exterritoriales bajo regímenes especiales  invertirán en la infraestructura productiva del país, sea en el campo sea en la ciudad. El  desempleo y la miseria del país han sido los resultados previsibles. No son efectos  colaterales, sino inevitables por favorecer a los viejos y los nuevos rentistas. Sin un  cambio de fondo eliminando el sesgo pro-rentista,  no habrá nunca desarrollo  económico-productivo ni tasas de un crecimiento mejor que vegetativo.   

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