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la promulgación del Decreto Presidencial 15 – 2011, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, el 5 de abril de este año, referido a la adscripción administrativa temporal de los municipios de Rama, Nueva Guinea y Muelle de los Bueyes al departamento de Chontales, se han levantado voces irreflexivas que pretenden tergiversar el contenido y propósito de dicho Decreto, propugnando la creación de un supuesto departamento 17 o una tercera región autónoma, lo que en efecto implicaría el cercenamiento del territorio de la RAAS. Semejante acción solamente puede hacerse mediante reforma al Estatuto de Autonomía, requiriéndose el voto favorable de las dos terceras partes de ambos Consejos Regionales Autónomos y ningún costeño o costeña verdaderamente comprometido con el avance del proceso de Autonomía y el desarrollo de la Costa Caribe de Nicaragua podrá avalar tal aberración.

Dicho lo anterior, es importante analizar los méritos e implicancias del Decreto Presidencial 15 – 2011 que en esencia trata de restaurar el Principio de Proporcionalidad a las elecciones de Diputados Regionales y Departamentales.

En ese sentido cabe recordar que en 2001, el entonces Presidente Arnoldo Alemán emitió el Decreto 33 – 2001, incorporando administrativamente los municipios de Rama, Muelle de los Bueyes y Nueva Guinea al régimen político administrativo de la Región Autónoma del Atlántico Sur. Esta disposición fue promovida de manera arbitraria y sin previa consulta, obviando lo establecido en el Arto. 42 del Estatuto de Autonomía: “las zonas que se encuentran bajo otra jurisdicción se incorporarán a su respectiva Región Autónoma a medida que las circunstancias lo permitan y que éstas sean definidas y determinadas por la Región Autónoma respectiva en coordinación con el Gobierno Central.”

La incorporación administrativa de los municipios de Rama, Muelle de los Bueyes y Nueva Guinea a la RAAS, requería por lo menos de una Reforma a la Ley Electoral (Ley 331) para asegurar que el número de Diputados Regionales de esa Región Autónoma correspondiera a la cantidad de población de los municipios incorporados, o sea un incremento de por lo menos 2 Diputados, lo cual no se dio.

El efecto de esta arbitraria e injusta disposición se puede observar al comparar el número de ciudadanos y ciudadanas debidamente inscritas en el Padrón Electoral para los comicios electorales del 9 de noviembre de 2001, reflejando el total de personas inscritas en la RAAS asciende a 177,149 y se le asigna únicamente 2 diputados, mientras departamentos como Carazo tienen asignado 3 diputados; Granada 3; Chontales 3. No obstante, el número de ciudadanos y ciudadanas inscritas en estos departamentos apenas alcanzaron los 99,400; 98,580 y 102,435 respectivamente. Asimismo, en las elecciones nacionales del 2006, la RAAS contó con 213,551 personas inscritas, mientras Carazo alcanzó 121,084; Granada 127,585 y Chontales 117,404.

Los resultados oficiales emitidos por el Consejo Supremo Electoral para las elecciones nacionales del 2006 también reflejan esta inconsistencia, al notar que en la RAAS se contabilizaron 103,417 votos válidos para elegir a 2 Diputados Regionales y en Chontales 73,907 votos válidos eligieron a los 3 Diputados de ese Departamento, habiendo una diferencia de 29,510 votos.

El Decreto 15 – 2011 procura restablecer el principio de proporcionalidad por cuanto las y los ciudadanos y ciudadanas inscritas en el padrón electoral en los municipios de Rama, Nueva Guinea y Muelle de los Bueyes ejercerán su Derecho al voto en el Departamento de Chontales, asegurando que la proporción de población requerida para elegir a los 3 Diputados de ese Departamento sea congruente. A su vez se ajusta la cantidad de población requerida para elegir a los 2 Diputados de la RAAS.

Habiéndose restablecido el Principio de Proporcionalidad en la elección de Diputados Regionales y Departamentales, es importante destacar que estos Decretos Presidenciales surgen debido a los vacíos existentes en nuestra Ley Electoral y demuestran la imperiosa necesidad de reformar dicha Ley, asegurando no solamente la adecuada representación poblacional, sino también la elección y participación equitativa de pueblos afrodescendientes e indígenas en la Asamblea Nacional, los Consejos Regionales Autónomos y otras instituciones del Estado, conforme lo establecido y en armonía con el Estatuto de Autonomía de la Costa Caribe Nicaragüense.

Nicaragua debe asumir plenamente el reto histórico de la construcción de su modelo democrático iniciado en 1987 con la aprobación de la Constitución Política y el Estatuto de Autonomía de la Costa Caribe de Nicaragua promulgado ese mismo año, trascendiendo efectivamente de una democracia representativa tradicional, hacia una democracia multiétnica. Ello implica la superación de las inequidades y la igualdad de acceso a las oportunidades sociales, políticas, económicas y culturales, así como la promoción de los Derechos Humanos y Autonómicos de pueblos afro descendientes e indígenas del caribe nicaragüense, desde la perspectiva de sus propias cosmovisiones y culturas. Nuestro compromiso ha de ser: “Construyendo la Unidad, Respetando la Diversidad.”

*Director Ejecutivo
Centro de Derechos Humanos, Ciudadanos y Autonómicos (CEDEHCA)