Jorge Eduardo Arellano
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Cada año, la Policía Nacional requiere, por conveniencias institucionales, relevos y rotación, para descongestionar la escala jerárquica en sus distintos niveles, preservando su estructura y cadena de mando, retirar entre 5 y 7 comisionados mayores. No debe ser motivo de alarma que un proceso de tal tipo se desarrolle. Creo que, en las especulaciones generadas, se vislumbra desconocimiento a la norma, falta de información y/o especulación periodística motivada por razones ajenas a la esfera institucional. Fueron retirados en el año 2006 nueve comisionados mayores, y tres en 2007. Los retiros de oficiales superiores suelen anunciarse en ocasión del aniversario de la institución en septiembre y en el marco de la Reunión de Mandos que se efectúa en los primeros dos meses del año, como ha sido el caso de 2008 con siete oficiales a la fecha.

De conformidad con la Ley de Policía, la carrera policial comienza con el ingreso al órgano policial y concluye cuando el funcionario egresa en alguna de las siguientes formas:
a) Baja. Puede darse en cualquier momento por solicitud propia, conveniencia institucional, incapacidad física o mental, fallecimiento y otros. Causan baja funcionarios de cualquier nivel jerárquicos. Recibe prestaciones según la ley laboral.

b) Retiro. Se aplica en tres niveles superiores: Primer Comisionado, Comisionado General y Comisionado Mayor. El criterio para el primero es cuando cumpla el tiempo por el cual fue nombrado (cinco años) y Comisionados Generales y Comisionados Mayores cuando “hayan agotado las opciones de promoción y rotación interna”. El Comisionado General, cuyo cargo es de subdirector o inspector general, es nombrado por cinco años, por lo que su retiro se efectúa al concluirlo. Los comisionados mayores pueden ser retirados en cualquier momento después de haber obtenido el grado. Reciben, del presupuesto de la República, el pago equivalente a su salario mensual hasta llegar a los 55 años.

c) Jubilación. Es otorgada después de 25 años de servicio en el Escalafón Ejecutivo (policías, suboficiales) o 30 en el de oficiales (desde inspectores). Recibe un porcentaje de su salario. A la fecha no ha sido aplicada debido a la carencia de fondos.

d) Edad. Prevista en la ley al cumplir 55 años; a partir de esa edad, pasa a recibir pensión del Instituto de Seguridad Social de la Policía.

La actual Ley establece que el tiempo máximo de servicio es 30 años (razonable para el servicio continuo en estas instituciones) o el cumplimiento de la edad límite de 55 años. Es normal que dicha edad sea inferior a la prevista para la jubilación de otras profesiones (60 años en Nicaragua) debido al desgaste personal que este oficio conlleva y a la esperanza de vida del país. Algunos comentarios públicos han expresado la inconveniencia de lo previsto por la Ley 228, debido a que en 2009 tendrían que salir los fundadores (ingresos 1979; actualmente: 400) quienes cumplirán 30 años de servicio, sin embargo, prevé, por acuerdo entre el interesado y aprobación del Director General, ampliación del periodo siempre y cuando el funcionario no cumpla aún la edad límite. La actual Ley de Policía (1996) tiene desajustes, dadas las circunstancias actuales y la evolución de las necesidades del servicio policial en el país, pero no creo sea lo anterior el problema. Hay otros aspectos de la organización y funciones que requieren adecuación legal sustantiva que no comentaremos en esta ocasión, pero que han sido objeto de distintos diagnósticos durante la presente década.

El retiro de comisionados mayores con edad menor a los 50 años es un costo económico para el Estado, ya que mantienen una pensión durante más de cinco años, después, la seguridad social asume los pagos. Desde mi punto de vista, éste es uno de los aspectos que amerita reforma. Dados los orígenes de la Policía Nacional, durante los próximos seis años deberá salir la última generación de fundadores e ingresos anteriores a 1983, esto permitirá estabilizar los retiros de ese nivel jerárquico en edad no inferior a los 53/55 años.

La ley no obliga al Director General ni al Ministro de Gobernación ni al Presidente de la República a tener alguna otra razón para ejecutar un retiro de un comisionado mayor, simplemente que el oficial llegue a ese grado policial habiendo agotado sus opciones de promoción interna. La Ley de organización del Estado, reformada en enero de 2007 (Ley 612), pasó esas facultades, anteriormente, en el Ministro de Gobernación, al Presidente de la República. Las motivaciones para tomar la decisión de retiro de un oficial superior de policía no están expresadas en la ley y pueden obedecer a valoraciones institucionales y personales que la autoridad facultada realice. Es recomendable que la decisión no se base en motivos personales, condiciones externas ni políticas ajenas a la institución, sino, tal y como la ley lo dice, “estará basada en criterios de profesionalismo y eficacia”. Quienes estamos fuera de dicha decisión, podremos tener opiniones diversas, de simpatía o rechazo que no afectan su carácter legítimo. Lo cierto es que los criterios aplicados en los once años de vigencia de la ley han sido diversos y amplios, aunque, en general, conforme lo permite la norma.

Un precedente negativo (abril 2005) que es importante no olvidar fue la salida antes de cumplir el periodo por el cual fue nombrado (cinco años: 2001-2006), sin tener la edad máxima (55 años), ni el tiempo de servicio (30 anos) ni existir ninguna causalidad de destitución, un retiro anticipado y arbitrario ordenado por el ex presidente Bolaños al suscrito (Comisionado General y Subdirector General), quien a pesar de decir que respetaba la institucionalidad, manipuló la ley y ordenó tal medida por motivaciones antojadizas y políticas, con la complicidad de otros funcionarios gubernamentales, sin ninguna base. La ilegalidad fue puesta en evidencia ante la opinión pública, distintas entidades institucionales y sociales del país, pero, a pesar de resolución judicial, no cumplió con lo mandado por la Sala Constitucional, cayendo en evidente desacato. Este hecho ha sentado un precedente en la historia institucional, de tal forma que decisiones a ese nivel tienen que estar sujetas a lo que la ley ha definido a menos que, por consenso político y legislativo se modifique el actual marco legal. La base de la institucionalidad es lo que la ley indica, mientras se cumpla lo que ella manda en el ámbito policial, podríamos afirmar que se respeta la institucionalidad. No faltan quienes apelan a la institucionalidad sólo cuando se alinea a sus intereses políticos y excluyentes; reniegan de ella cuando favorece a otros, o aprovechan colarse a través de ella para obtener beneficios y ventajas personales.

Todos y todas confiamos en que las fortalezas acumuladas por la institución policial a partir de su fundación en 1979, después del triunfo de la Revolución, con sus reformas en 1990, la promulgación de su ley y reglamento en 1996, el diagnóstico de 1999, el Plan de Modernización y Desarrollo 2001-2005 y el nuevo plan en ejecución para el periodo 2005 – 2009, continúen avanzando para superar los déficit institucionales y acercarse a construir un modelo policial de servicio, cercano, accesible a la población, que promueva la participación y el control social, respetuoso de los derechos humanos, profesional y eficaz ante los problemas de las convivencia cotidiana y las amenazas organizadas de la delincuencia nacional y transnacional.


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