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El 17 de marzo de 2011, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorizó a la OTAN recurrir a la fuerza en Libia para proteger a civiles y poblaciones vulnerables de la represión del régimen de Qadhafi. Ésta es la primera vez que el Consejo de Seguridad invoca la responsabilidad de proteger para justificar la intervención militar extranjera en un conflicto interno.

De acuerdo con un documento de la Asamblea General de la ONU adoptado en 2005, la responsabilidad de proteger es la responsabilidad que tiene la comunidad internacional de ayudar a prevenir el genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra civiles inocentes. La idea de la responsabilidad de proteger – o “R2P” en inglés – cogió auge después de los bombardeos de la OTAN sobre la provincia serbia de Kosovo en 1999. Pero a diferencia de la actual intervención en Libia, la operación contra Milosevic fue emprendida sin la aprobación del Consejo de Seguridad. En aquella ocasión, la oposición de China y Rusia en el Consejo de Seguridad obligaron a las potencias occidentales lideradas por Estados Unidos a actuar al margen de Naciones Unidas. Cuando el Secretario de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, Robin Cook, dijo a su contraparte en Washington que sus abogados creían que el bombardeo sobre Yugoslavia era ilegal, la Secretaria de Estado Madeleine Albright respondió: “Busca nuevos abogados.” El resto es historia.

La operación militar en Kosovo hirió de muerte el artículo 2(4) de la Carta de Naciones Unidas que prohíbe el uso unilateral de la fuerza en las relaciones internacionales. La guerra en Iraq algunos años después fue la estocada final. Esta tesis podrá ofender a los abogados ortodoxos, pero la realidad es más fuerte que las leyes en los libros. Aunque por razones políticas es preferible actuar bajo el mandato de Naciones Unidas, las grandes potencias no necesitan del Consejo de Seguridad para usar la fuerza. Quizás así lo entendieron Rusia y China al no vetar la resolución 1973 sobre Libia para proteger su rol en el sistema de seguridad colectiva de Naciones Unidas.

Sorprendentemente, la resolución 1973 dejó abierta la puerta a cualquier medida con el pretexto de proteger a la población civil.

Esto le ha permitido a la OTAN esquivar muchos de los problemas legales asociados con una acción militar unilateral. Pero las dificultades éticas persisten especialmente porque la intervención en Libia ha ido más allá de la protección de civiles y pretende el cambio de régimen. ¿Se podrá proteger a la población con Qadhafi aferrado al poder? Sólo el tiempo tiene la respuesta.

Lo cierto es que la responsabilidad de proteger, más que una obligación, pareciera ser un derecho reservado a las grandes potencias. Cuando Israel descargó todo su poder militar sobre Gaza a finales de 2008, y a pesar de los reportes de muertes de mujeres y niños, Naciones Unidas se limitó a preparar un reporte académico sobre la guerra. Pero nadie autorizó el uso de la fuerza para proteger al pueblo palestino. Algo similar ha pasado en Darfur, Yemen y otros países.  El hasta ahora desmedido uso de la fuerza en Libia y la aplicación selectiva de la R2P podrían perjudicar la consolidación de este principio en el derecho internacional.