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¿Dónde quedó la disposición de aplicación específica en relación a denuncias de violencia intrafamiliar?

Me refiero a la Disposición No. 022-2008 que se refiere a la aplicación de medidas específicas en relación a denuncias por hechos de violencia intrafamiliar, emitida por la Directora General de la Policía Nacional, en octubre de 2008.

En dicha disposición se considera “que es común dentro de la violencia contra la niñez y la mujer que algunas personas que tienen el privilegio y la autorización para poseer y portar armas de fuego, las utilicen para amenazar a las víctimas, agredirlas físicamente e incluso privarlas del derecho a la vida”.

Se indica, además, que la Ley 510 “Ley Especial para el Control y Regulación de Armas de Fuego, establece restricciones para otorgar o poseer licencia de portación de armas de fuego a personas que tengan antecedentes penales y/o policiales o estén siendo procesadas judicialmente o investigadas por este tipo de conductas.

En los últimos días, en los medios de comunicación, algunas mujeres se han atrevido a denunciar las amenazas y el riesgo que están viviendo, porque precisamente han denunciado a sus esposos y/o excompañeros de vida, y estos se encuentran en libertad y sin ninguna restricción. ¿Y la disposición 022-2008?

Una de esas mujeres que ha decidido denunciar las amenazas de su excompañero Luis Felipe Mendoza, exinspector de las oficinas centrales de la Policía en Plaza El Sol, es la señora Marta Crisalia Espinoza, quien denunció que su agresor fue condenado a seis años de prisión, pero fue liberado sin ninguna restricción unos meses después; ahora él mantiene una amenaza permanente sobre ella y sus hijos.

Situaciones de riesgo como la que vive Espinoza son muchísimas en  Nicaragua, algunas han sobrevivido y otras dramáticamente forman parte de la estadística de feminicidio; no menos grave es la impunidad con que se mueven los agresores, y que crece aceleradamente, convirtiéndose una condición que aumenta las cifras de feminicidio y/o femicidio, y por ende la desgracia de todas las familias nicaragüenses.

La reflexión me viene, a propósito de la inminente aprobación de una ley que pretende sancionar todas las formas de violencia contra las mujeres. Aunque desde mi punto de vista, hace falta mucho debate en Nicaragua acerca de una ley que efectivamente contribuya a detener los asesinatos contra mujeres y niñas, una ley que sancione sólidamente de una vez por todas a agresores, violadores y abusadores sexuales.

Una ley que tipifique adecuadamente los delitos de violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus formas, incluyendo el feminicidio y femicidio, que también es un debate pendiente, principalmente desde las instancias públicas y de la ruta de acceso a la justicia, de mujeres y de hombres.

¿Qué tiene que ver la disposición No. 022-2008 con la aprobación de una ley contra  la violencia hacia las mujeres? Es simple. Si no se cumple una disposición tan clara y precisa como la que he mencionado anteriormente; ¿qué seguridad tenemos las mujeres que efectivamente esta nueva ley se cumplirá?

En un país donde el sistema judicial obedece a intereses políticos y chanchullos partidarios, ¿podemos confiar?  En un país donde los agresores y asesinos gozan de una total impunidad, y donde la violencia contra las mujeres es permitida por el Estado y tolerada por la sociedad.

Pero además, una inminente aprobación de una ley que tiene que ver con la vida de las mujeres, y que es conocida por pocas mujeres. No ha existido un proceso de información amplio y profundo al respecto. Si bien es cierto, las organizaciones de mujeres conocen y trabajan una consulta con su membresía, es importante tener claro que no es una ley sólo para mujeres organizadas, sino para todas las nicaragüenses. Por tanto, deberíamos darnos el tiempo suficiente y consultar qué tipo de ley contra la violencia hacia las mujeres, queremos o necesitamos, partiendo de las propias debilidades del sistema judicial.

En nuestros vecinos países centroamericanos la aprobación de una ley de tal  envergadura, llevó de 3 hasta cinco años para su aprobación. En Nicaragua, los señores “padres de la patria” pretenden sin ir al fondo de este importante debate, aprobarla en menos de seis o siete meses.

Por eso reitero, si en Nicaragua se ha pasado por alto una disposición como la No. 022- 2008, que su aplicación pudiera a estas alturas salvar a muchas mujeres, ¿qué pasará con la aprobación apresurada de una importante ley contra la violencia hacia las mujeres?

Las políticas públicas que incluyen la aprobación de leyes no pueden ser el principal objetivo, puesto que si no cambia la mentalidad de los operadores de justicia, y se transforma la sociedad con todas y cada una de las mujeres y hombres, las conquistas serán mínimas.

*Periodista.