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Las críticas no serán agradables, pero son necesarias.
Winston Churchill

Gran conmoción causó recientemente la noticia de que el Presidente Ortega compraría EL NUEVO DIARIO, no se hizo esperar la euforia de los simpatizantes del régimen, quienes celebraban finalmente haber silenciado al rotativo considerado como enemigo. Simultáneamente, la población no daba crédito a lo que estaba pasando, experimentado sentimientos de tristeza e impotencia, pero, ¿Lo que sucedió con END fue un simple problema gerencial de una empresa privada o puede considerarse una restricción a la libertad de prensa en Nicaragua?

Cuando se habla de censura indirecta a medios de comunicación, debe entenderse como acciones u omisiones realizadas por un gobierno o Estado, tendientes a crear una presión sobre los medios de comunicación, a fin de suprimir o restringir el derecho a informar (buscar, recibir y difundir información). Dentro de las modalidades utilizadas, encontramos, en primer lugar, la ausencia de mecanismos legales que regulen el otorgamiento de pautas publicitarias del Estado sobre la base de criterios objetivos. De igual manera, pueden considerarse mecanismos de censura indirecta: la negativa de acceso a instituciones y a información pública en represalia; asignación inequitativa y negativa de renovación de licencias de radio y tv; y presiones a periodistas y medios para modificar su contenido.

Los voceros del régimen orteguista se ufanan afirmando que en Nicaragua todos dicen lo que quieren, a diferencia de lo que ocurría en la dictadura somocista. Sin embargo, la crisis financiera de END se debió, en buena parte, al hecho de que el gobierno retiró la publicidad de los periódicos en general, recordemos que la llamada “estrategia de comunicación” se centralizó en el despacho de la primera dama, lo cual es jurídicamente inexplicable. Además, el acuerdo que suscribió el gobierno con un gremio de los periodistas sólo profundiza, en mi opinión, el sistema clientelar y dista mucho del requerido mecanismo legal que regule en base a criterios objetivos el otorgamiento de pautas publicitarias del Estado, es decir, hay a todas luces censura indirecta.

En este mismo orden de ideas, se hace necesario tener presente las otras modalidades de censura indirecta por parte del régimen orteguista. En marzo de 2010 a un equipo de periodistas se les negó el acceso a las instalaciones del Minsa y ya son incontables las oportunidades que el Presidente Ortega brinda conferencias sobre temas de interés nacional de forma exclusiva a medios oficialistas. En el caso del acceso a la información pública, para nadie es un secreto que el Presidente Ortega no tiene el menor interés en cumplir la ley 621, LAIP, razón por la cual no se han creado la totalidad de las oficinas de acceso a la información y las que existen no son funcionales.

En cuanto a la asignación de licencias de tv, no creo que la participación que tiene la familia Ortega-Murillo, en 3 de los 5 canales de televisión de señal abierta existentes en el país, sea equitativa, además de las radios que concentra este creciente emporio económico. La censura indirecta en canales de televisión en el régimen de Ortega no se limita a la concentración de estos, hay que tener presente el caso de Jaime Arellano.

Arellano inició su carrera como conductor de un programa de opinión en el Canal 10, al  resultar intolerables sus críticas al régimen su programa es cancelado y él se ve obligado a migrar hacia Canal 2, donde después de brindarle un espacio, se lo cancelan, en vista de que estaba próximo el vencimiento de su licencia y temían correr con la misma suerte de RCTV en Venezuela, al que el régimen de Hugo Chávez, por sí y ante sí, decidió no renovar dicha licencia.

En este caso existió una presión a los directores de ambos medios televisivos para el cierre de dicho espacio, lo que configura censura indirecta. En idéntico sentido, las pretensiones de entablar un juicio en contra de Carlos Fernando Chamorro tenían la intención de silenciar su postura crítica.

El periodismo en Nicaragua está bajo una constante amenaza, al igual que la libertad de  información y expresión que nos asiste a todos los nicaragüenses. La democracia se sustenta en la libertad de información y expresión, si la clase política quiere hacer prevalecer estos derechos y consecuentemente defender la democracia misma, es necesario legislen en virtud de regular la asignación de pautas publicitarias bajo criterios objetivos por parte del Estado, así como también garantizar la plena vigencia de la ley de acceso a la información pública que permita una auditoría social efectiva.

*Miembro de la Juventud Partido Conservador