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La alcaldesa de Managua Daysi Tórres y el Secretario de la misma dependencia, Fidel Moreno, acusaron penalmente por injurias y calumnias a los concejales opositores Luciano García, conservador aliado del PLI-MVCE, y Leonel Teller, del PLC. Ambos funcionarios han alegado que es represalia por su labor opositara y además violatorio de su derecho a la libertad de expresión, esto último jurídicamente es correcto, pero en este juicio, al igual que en cualquier otro, no importa lo que sucedió sino lo que se pueda demostrar.

Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus ideas, sin embargo, la libertad de expresión al igual que cualquier otro derecho tiene sus límites, y uno de sus límites es el respeto a la honra y reputación de las personas, con esa finalidad el Estado crea los delitos de injurias y calumnias. A pesar de esa facultad del Estado, muchos países han optado por despenalizar las injurias y calumnias, para que estas sean ventiladas en sede civil y no afectar la libertad de expresión, no es nuestro caso,a pesar de contar con un código penal nuevo.

En este sentido, hay que demostrar entonces que no hubo afectación a la honra y reputación para que en la ponderación de ambos derechos prevalezca la libertad de expresión. Para tal efecto y considerando que Nicaragua otorga rango constitucional en su artículo 46 a la Convención Americana de Derechos Humanos, debe retomarse la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de libertad de expresión aplicable al caso concreto. Esto le permitirá al juez de la causa ejercer el llamado “control de convencionalidad” al caso concreto, lo que implica que su sentencia debe ajustarse a los derechos reconocidos por la CADH, mismos que han sido desarrollados en la jurisprudencia de la Cr IDH (en virtud del principio de progresividad de los derechos humanos).

Dicho esto, podemos destacar que algunas de las jurisprudencias más representativas sobre libertad de expresión de la Cr IDH son el caso del diario La Nación (Herrera Ulloa vs. Costa Rica) y el caso Kimel vs. Argentina.  En ambos casos se hizo prevalecer la  libertad de expresión en temas de interés público sobre la honra y reputación de las personas, ya que eran funcionarios públicos.

Esto debido a que la libertad de expresión tiene una dimensión individual (nadie sea arbitrariamente impedido o menoscabado de manifestar su propio pensamiento) y una dimensión social (recibir cualquier información o conocer la expresión del pensamiento ajeno), por lo tanto el Estado debe promover el pluralismo informativo evitando restringir la circulación de información con censuras directas o indirectas.

Por otra parte, ambos concejales no sólo refieren información de interés público, sino que también relaciona a funcionarios públicos quienes tienen una protección de la honra y reputación menor que cualquier ciudadano, ya que los señalamientos se desprenden del ejercicio de su cargo. Es decir, por una parte no hacen referencias sus vidas privadas (tal y como sucedió en un reportaje televisivo en octubre de 2009) y en segundo término, al asumir un cargo, lo hacen voluntariamente, aceptando intrínsecamente el escrutinio público respecto de su gestión. Es deber de todo funcionario público brindar las aclaraciones pertinentes cuando haya un señalamiento sobre su gestión y no activar un mecanismo penal que imposibilita el debate amplio, aquí lo importante es saber que sucedió con la administración a su cargo y no si se siente ofendida por el reclamo.

Asimismo, otro fundamento de la tolerancia de los funcionarios públicos respecto de las críticas, radica en el hecho que el control democrático ejercido por funcionarios opositores fomenta la transparencia de las actividades estatales y la responsabilidad de los demás funcionarios sobre su gestión. En suma, las declaraciones de dichos concejales es parte del control democrático y por tanto de interés público, ya que no hacen referencia a la vida privada de la alcaldesa o el secretario de ALMA,  además estos funcionarios al aceptar el ejercicio de sus cargos están sujetos al escrutinio público respecto de su gestión, obligándose a su vez a ser tolerantes a las críticas y a debatir respecto de los señalamientos que se les hagan.

En definitiva, estos son criterios jurídicos desarrollados por la Cr IDH en relación a la libertad de expresión, que de ser desarrollados de forma apropiada sustentarían una sólida defensa del caso acorde a los estándares más altos de derechos humanos. Sin embargo, el objeto de estos juicios es político y aunque parezca torpe pretender subirles el perfil a dichos concejales, en mi opinión el régimen orteguista busca garantizar la división de la oposición para las elecciones municipales del 2012, ya que cada uno de ellos perfectamente puede perfilarse como aspirante a la silla edilicia por diferentes partidos.

*Miembro de la Juventud
Partido Conservador