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Una, aunque no la única causa, de la baja productividad de la economía nicaragüense es  la falta de capitalización adecuada de sus emprendimientos.

Como mencionado en columnas anteriores, durante casi 30 años consecutivos Nicaragua ha perdido  patrimonio productivo, es decir equipos, herramientas, maquinaria, tecnología y conocimiento productivo.

Baja productividad se traduce en falta de oportunidades de trabajo mejor pagado, bajas ganancias para los emprendimientos y crecimiento solamente vegetativo de la economía; es decir, crecimiento en base de usar más recursos  hasta menos aprovechados por unidad producida, en lugar de un crecimiento dinámico  resultando de producir más usando menos recursos.

Capitalización no es lo mismo como acceso a fuentes de financiamiento. Para explicarlo  con un sencillo ejemplo, imaginémonos dos empresas, donde la primera recibe un  crédito de US$10,000 a 5 años y 15% de interés anual, la segunda acepta a un socio de  capital por los mismos US$10,000 a un término inicial igual de 5 años e igual 15% de  interés anual.

Al terminarse los 5 años ambas empresas habrán pagados US$7,500 en  interés, sin embargo la primera habrá devuelto además el financiamiento inicial,  mientras en la segunda, esa inversión inicial se queda en la empresa, quedándose el  socio libre en vender su participación a otros, entre ellos a sus copropietarios, o a recibir  de ahí en adelante dividendos; es decir, participación en las ganancias, proporcional a su  participación en capital al momento de hacerse socio. Si la empresa ha sido muy  exitosa, su participación después de 5 años vale bastante más que su aporte inicial.

En resumen, los créditos sirven en primera instancia para financiar capital de trabajo, es  decir los insumos que se requiere para producir cierto producto, pero no para aumentar el patrimonio productivo de un emprendimiento, menos aún si los márgenes de ganancia neta por producto son muy bajos, como suelen ser, tanto al inicio de emprendimientos como para emprendimientos de baja productividad inicial.

A la inversa, tanto las experiencias del Programa Cuenta del Reto de Milenio en Nicaragua como las investigaciones del BID, muestran claramente que inyecciones de capital relativamente módicas puedan cambiar drásticamente la productividad de emprendimientos, en particular de pequeñas y medianas empresas mientras les permitan a las microempresas convertirse en empresas pequeñas en camino al éxito. Cabe señalar que las inyecciones de capital siempre deben ser un componente de programas más integrales.

Para inyectar capital a un emprendimiento hay una serie de instrumentos bien conocidos, como el empréstito-bono convertible, que al vencerse el plazo del empréstito  se convierte en acciones o participación como socio, las acciones de preferencia que  ganan dividendos antes y con tasas más altas que acciones ordinarias, la misma emisión  de acciones, y al final el socio de capital.

Esos instrumentos ya los contiene en gran  medida el aunque vetusto Código Mercantil de Nicaragua, otros los contemplan la Ley  del Mercado de Valores. La última ley introduce además entidades privadas  especializadas, los Fondos de Inversión, los que por un lado recolectan capital hasta  ahorros pequeños emitiendo certificados con derecho a dividendos, y por el otro lado,  inviertan el capital acumulado en títulos públicos de valores, en particular empréstitos y acciones.

Basta algunas modificaciones a ambas leyes, pequeñas pero críticas, y por tanto, muy bien pensadas, para que los Fondos de Inversión puedan, siempre con el debido análisis previo, extender su cobertura a títulos privados de valor y de esa forma inyectar directamente capital a microempresas y empresas pequeñas sin pasar por la Bolsa de Valores reservada para títulos públicos –público y privado se refiere a como se transan  los títulos, no a su origen en el sector público o privado. Títulos privados se transan entre  privados, donde se presupone que ambos lados saben qué están haciendo, títulos  públicos se transa por medio entre otros de la Bolsa o de la oferta al público en lo  general. Parte de esas modificaciones debería ser la Ley de Transparencia Económica de  Personas Jurídicas, la que propuse en una columna anterior.

¿De donde vendrá el capital para inyectarlo? Por seguro, No vendrá por medio de la inversión extranjera directa, puesto que esa primero invierte en sus propios emprendimientos no para fortalecer a los de otros, mucho menos pequeños, y segundo, al final consiste en traer maquinarias y equipos del exterior para mejorar la prestación de servicios en el país –energía, comunicaciones-, teniendo
por tanto solamente efectos globales pero no específicos en cuanto a la
productividad.

En consecuencia, el capital para mejorar el patrimonio productivo del país tendrá que salir de los ahorros del país mismo. Obviamente, dado sus otras obligaciones aún mal cumplidas, el estado tampoco servirá de fuente. Queda entonces solamente el ahorro privado.

Para estimular la re-orientación del ahorro privado, quiero proponer una reforma de fondo de la lógica del Impuesto sobre la Renta, favoreciendo la reinversión productiva  encima del consumo de ganancias de capital.

Con ese propósito se reduce el IR  empresarial a una tasa del 10%, similar a Chile y un poco más abajo al de Irlanda con el  12%. Pero al mismo tiempo, se grava como anticipo al IR del receptor todas las  erogaciones en concepto de dividendos u otras transferencias de ganancias, intereses,  alquileres y rentas, pagos por derechos, marcas y patentes con un 25%.

Ese anticipo se  retiene en la fuente en caso de retenedores de impuestos, dándole al retenido la opción  de acreditar la retención al instante a su cuenta en la DGI o de recibir solo una Constancia de Retención a presentarse en su declaración anual. En el primer caso, la DGI  reembolsa al fin del periodo automáticamente IR acaso retenido en exceso. El cambio no incrementará la carga impositiva –hoy un 25% sobre las ganancias mas un 10% de  retención sobre rentas transferidas-, pero crea un fuerte estímulo para que las empresas  reinviertan sus ganancias, incrementando así su valor para sus socios.

Manejar la  retención como anticipo, no como definitivo, restablece la justicia fiscal en que cada  quién deba aportar en la medida de sus ingresos.

Como medida colateral, se incrementa la tasa marginal del IR personal al 35%, sin embargo se permite a deducir de los ingresos imponibles inversiones hechas en los instrumentos mencionados anteriormente, incluyendo certificados de Fondos de Inversión productiva, los que inviertan en esos instrumentos. Al vender los instrumentos  después de un mínimo de 7 años, se contabiliza como ingreso así diferido solamente el  valor facial de los instrumentos y se permite ya después de 5 años la deducción de  perdidas, si el valor real ha caído por debajo del valor facial.

Ahora bien, si asumimos que solo el 10% de las familias tienen ingresos promedios mensuales superiores a 4,000 US$ –en esa categoría ya están los diputados, ministros etc.- y que esas familias se sientan motivadas por la propuesta de reforma al IR a reinvertir un 10% de sus ingresos anuales en el patrimonio productivo del país, entonces  se podrían movilizar unos 480 Millones de dólares al año para capitalizar la economía  nacional, suficiente, según las experiencias del programa CRdM y TecnoServe, para  generar al año 240,000 oportunidades de trabajo mejor remunerado. No se les quita  nada a esas familias ni se les pide confianza para con el gobierno. Solo se les pide un  poco de compromiso en el futuro del país entero y con sus emprendedores  compatriotas, en beneficio de todos. ¿Será que se rehúsen porque no confían ni en su  patria Nicaragua, ni en sus compatriotas?

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