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En agosto de 2003, a dos meses del asesinato de José Alfonso Cuadra García y de sus acompañantes, en EL NUEVO DIARIO publiqué un artículo donde señalaba que el Código de la Niñez y la Adolescencia estaba siendo utilizado como “chivo expiatorio” y que no pocos lo acusaban de ser promotor de impunidad. Para esas fechas, el Código tenía poco menos de 5 años de haber entrado en vigencia.  

En dicho artículo opinaba que las causas de la delincuencia son sociales, políticas y económicas, y que los Derechos Humanos de la niñez no son causantes de los delitos. Que en el país había una tendencia sostenida de incremento de éstos y que eso era un problema que debía ser enfrentado por toda la sociedad y, por supuesto, el Estado. Preguntaba sobre el grado de prioridad que se le estaba dando al fenómeno nacional de la violencia y de manera paralela recordaba que el Código de la Niñez y la Adolescencia mandata al Estado a implementar políticas que contribuyan  al desarrollo pleno de la niñez.

En esa ocasión también decía que el Código debía ser implementado de manera integral y que debía elaborarse un plan coherente para ese fin. Opinaba que el Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez debía constituirse para coordinar esfuerzos nacionales y evitar la dispersión. Apuntaba que la Política Nacional de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia debía desempolvarse y que el Plan de Acción Nacional a favor de la Niñez y la Adolescencia debía ser empujado. Decía que eran más necesarios que nunca y que su realización, aunque un poco compleja, era posible.

Opinaba que el asesino debía recibir la pena que le correspondiera, pero que ciudadanos/as no podían seguir siendo sacrificados en el vacío o ineficiencia de políticas y en el mal cálculo de las prioridades.  Decía que ya era tiempo de hacer lo que se dice y cumplir lo que se promulga.

Ahora de nuevo, una valiosísima vida ha sido cortada de tajo. Hoy fue el joven estudiante universitario Evans Orozco y muchas voces exigen una justicia fuerte, piden el endurecimiento de las penas para adolescentes que delinquen y también exigen seguridad y protección. Yo me sumo a las exigencias de justicia y de seguridad ciudadana, pero no creo que la solución a la violencia sean más años en las penas. Sin lugar a dudas, de esa manera la justa ira de importantes sectores de la población podría encontrar alguna respuesta de momento, más el problema de fondo quedaría intacto. Tengo hijas/os de diversas edades y no quiero que vivan en riesgo de ser agredidas/os, ni ellas/os, ni nadie.  Por eso deseo soluciones integrales, duraderas y por eso hablo -escribo- y propongo con mucho desde el corazón.  

Algunos creen que ya no hay salidas viables y que ya estamos en la sin-remedio, que vamos directo a la situación que viven los países del norte de Centro América. Soy de la opinión que aún tenemos chance. Comparado con 2003, hoy tenemos ventajas considerables: el Código lleva 12 años y medio de vigencia; hay mucha más consciencia sobre los derechos de la niñez, más experiencia y avances en su cumplimiento.   

Pero debemos reconocer que la violencia es un problema multicausal muy serio, que ha ido creciendo con el paso del tiempo a pesar de algunas medidas tomadas. Nuestra historia está llena de soluciones violentas y debemos aprender de ella para no caer en una vorágine sin fin. La familia, la sociedad y las instituciones no pueden ser caldo de cultivo, ni reproducir modelos o esquemas de comportamiento violentos, menos a nombre de nuestra cultura. También debemos comprender que no hay soluciones fáciles y que las respuestas deben ser coherentes, integrales, realizables y duraderas.

Decía que tenemos ventajas sobre años anteriores y hay que aprovecharlas: la gratuidad de la educación y de los servicios de salud son trascendentales, y también lo es la prohibición de los castigos físicos en el sistema escolar, de la misma manera que es pieza clave la instalación en las cabeceras departamentales de los Juzgados Especiales para Adolescentes con sus equipos interdisciplinarios. Estos importantes logros muestran que somos capaces de avanzar a fondo en el cumplimiento y restitución de derechos de la niñez. Retos aún pendientes, algunos desde el 2003 son: vigencia plena de la Política de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia, existencia de planes actualizados y metas nacionales sobre niñez,  coordinación de los esfuerzos.

Las disposiciones del Código de la Niñez deben ser aplicadas de manera interrelacionada. Ya está más que comprobado que el cumplimiento de esos derechos promueve el desarrollo integral y nos ahorra problemas sociales. Las buenas experiencias como las del trabajo de la Policía Nacional con jóvenes de barrio deben ser reforzadas, lo mismo que la aplicación de medidas socio-educativas para adolescentes infractores. Las respuestas de “mano dura” no brindan soluciones de largo plazo, empeorarán la situación.

¿En qué grado y con qué calidad le cumplimos sus derechos a la chavalada?. Discutámoslo, evaluemos, analicemos y mejoremos. Incluso pueden servir de insumos las recientes Observaciones y Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, y del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. El Código representa una filosofía y una ética: la que promueve una cultura de respeto a la dignidad humana y de no violencia, la que promueve la institucionalidad, la no discriminación y la participación ciudadana sin distingos de ningún tipo. A esa me sumo yo.