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Dos hechos sobresalen
Esta vez dos hechos sobresalieron en la agenda de los medios. El más persistente ha sido la discusión abierta a raíz del asesinato del estudiante universitario Omar Evans. Los estudiantes demandan reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. El otro referido a la presencia de narcos en la región, los medios impresos han expresado mucho interés en el tema. Sus agendas están cargadas del tema.

Reformar el Código
La demanda de los estudiantes universitarios la iniciaron sus compañeros de clase en la Facultad de Arquitectura de la UNI. Luego se han venido sumando a su petición estudiantes de otros recintos universitarios, exigiendo aumentar las penas fijadas en el Código de la Niñez, en vista que las consideran insuficientes. Específicamente demandan reformar los artículos 202 y 206.

Interés generalizado
Las demandas estudiantiles han provocado reacciones de funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, diputados de la Asamblea Nacional, Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos, Unicef, Policía Nacional, Fiscalía de la República, Coordinadora de los Derechos de la Niñez, Dos Generaciones, Cenidh y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas.

Medios acogen a todos
EL NUEVO DIARIO, La Prensa, TV Noticias, Noticias 12, Acción 10, Crónica, CDNN, 100% Noticias, Radio Corporación, Maranatha, La Primerísima, Radio 580, han abierto espacio para que todos tengan oportunidad de manifestarse. Javier Parés, de la UNI, sostuvo que delincuentes menores de edad se amparan en el Código de la Niñez para cometer crímenes, creyendo que van actuar impunemente.

Dos tesis

Los universitarios proponen 15 años como pena máxima y que los adolescentes sean procesados como adultos. Carlos Emilio López, exprocurador de la niñez adujo que dicha petición implicaría reformar la Constitución Política; en su Artículo 71 reconoce la plena vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece juzgar a los menos de 18 años de forma distinta a los adultos.

Posiciones casi unánimes
Los medios han dejado en evidencia que la mayoría de los funcionarios del Estado y la Policía Nacional, coinciden en que deben ponerse en marcha políticas sociales y no endurecer las penas. Magistrados de la CSE, la Jefe de la Comisaría de la Mujer y la Procuradora de los Derechos de la Niñez, expusieron que el aumento de las penas no ha conducido a parar la criminalidad en otros países.

Otras voces
El debate planteado en los medios condujo a que el magistrado Marvin Aguilar y el Fiscal General de la Nación, Julio Centeno Gómez, sostuvieran una posición un tanto igual. Aguilar expresó que no tiene inconveniente que se revisen las penas. Centeno Gómez justificó su posición: “El Ministerio Público ve a diario la realidad objetiva de la delincuencia juvenil y sus efectos contra la seguridad ciudadana”.

Priorizar políticas sociales
Quienes se oponen al aumento de penas, insisten en la necesidad de priorizar el Libro Segundo del Código de la Niñez. Expresan la necesidad de impulsar políticas sociales básicas a las que tienen derecho todas las niñas, niños y adolescentes: educación, salud, nutrición, agua y saneamiento, vivienda y seguridad social. Ofrecer  servicios temporales a quienes se encuentren en situaciones de extrema pobreza.

Tendencia muy arraigada
En Nicaragua existe una tendencia muy arraigada de pretender solucionar los entuertos jurídicos mediante el incremento de las penas. En un país literalmente de niños, adolescentes y jóvenes, conviene que los medios aprovechen la discusión para enfatizar la importancia de impulsar políticas sociales. Las instancias involucradas deberían mostrarse más enérgicas en estas demandas.

Lo que ya sabíamos
Desde el año pasado END ha dado especial interés a la presencia del narcotráfico en Nicaragua. De manera sistemática ha expuesto las muertes violentas sucedidas en Rivas, Chinandega y Granada, como parte de ajustes de cuentas entre bandas. Los medios mostraron las medidas de protección extrema en los juzgados de Tipitata, para evitar la supuesta liberación de los Zetas.

Presidente de Guatemala
Las declaraciones del presidente de Guatemala, Álvaro Colom, afirmando que su antecesor en el cargo había entregado el país a los narcos, fue registrada como una noticia más, no como lo que realmente significaba: su presencia real en una zona crucial, debido a su ubicación estratégica entre Colombia y México. Desde hace rato Centroamérica dejó de ser zona de paso.

Guerra se trasladó a CA
 
¿Cómo y de qué manera abordaran los medios el tema del narcotráfico en el futuro inmediato? Se trata de un tema que ineludiblemente tendrán que discutir y considerar seriamente. La experiencia adversa enfrentada por los periodistas mexicanos y las secuelas que han dejado en Honduras, plantean nuevos retos al ejercicio profesional del periodismo en Nicaragua.

¿SICA incapaz?
Sería interesante que los medios cubrieran en su justa dimensión la reunión que se celebrará en Guatemala el 21 y 22 de junio. Para el experto en Seguridad y Gobernabilidad Democrática, Roberto Cajina, el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), bajos cuyos auspicios se realizara el evento no tiene capacidad para gerenciar el plan de seguridad regional, (END).

Cuestiona instituciones nacionales
La Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad en el Istmo, fue determinante para que Cajina expresara que en Nicaragua existe “una policía que investiga y persigue el delito, una fiscalía que acusa mal, un sistema de administración de justicia que sorprende con las narcoliberaciones, y un sistema penal que no rehabilita” debido a que cuenta con recursos muy limitados.

¿Tendrá respuesta?

En sus declaraciones Cajina critica “la repartición que hacen las autoridades de los bienes incautados a los narcos, la desaparición de millones de dólares; jueces, magistrados, fiscales, abogados y policías sospechosos… funcionarios de medicina legal favoreciendo con dictámenes médicos a acusados de narcos y eso es grave”. ¿Cómo responderán a estas aseveraciones?

*Director del Observatorio de Medios-CINCO.