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La muerte de un estudiante universitario a manos de cuatro adolescentes el pasado mes de mayo y la consecuente demanda de que se modifique el Código de la Niñez y la Adolescencia aumentando los años de privación de libertad contemplados en el mismo, ha sacudido la opinión pública y colocado en una encrucijada a la sociedad nicaragüense en materia de seguridad ciudadana y política criminal. Afirmo lo anterior pues distintas opiniones han planteado dos posiciones contrarias que básicamente son: a)la persistencia de una visión que tiende a favorecer estrategias de mayor punición y b) la promoción de políticas que faciliten el alcance de contextos sociales más favorables, para  la prevención del delito.

En el primer planteamiento se manifiesta una actitud radicalmente pragmática y populista en problemas político – criminales, a los que se concibe como fáciles de resolver, mediante una rígida voluntad represiva de cero tolerancia, mano dura con los adolescentes que cometen delitos, mayor control social, más cárceles, etc.

De acuerdo con distintos voceros de esta tesis, una política de endurecimiento de las penas  evitaría la impunidad en la que se amparan los adolescentes que delinquen y, a la vez, sería una amenaza y un elemento de intimidación e inhibición sicológica,  para que los adolescentes dejen de cometer delitos en el corto plazo.

El segundo planteamiento expone que la violencia y el delito  son problemas que se generan en  la estructura social, por tanto el fenómeno delictivo en general, y el de los adolescentes en particular,  es un hecho social multicausal y complejo, que involucra a todos sus estratos.

Según este enfoque de nada serviría reformar el Código de la Niñez,  ni aumentar las penas, pues estas medidas no eliminarían los factores de riesgo asociados al delito. Más bien lo que se requieren son políticas de prevención e intervenciones sociales profundas,  estratégicas e inclusivas, como planes de mayor cobertura y calidad de la educación, acceso a la educación técnica, acceso al empleo, promoción de valores positivos en los medios de comunicación,  fortalecimiento del papel de la familia y la comunidad en la prevención del delito,  impulso del deporte, la recreación sana y el uso positivo del tiempo libre de los adolescentes, entre otras.

Estando así las cosas la pregunta obligatoria es cómo saldrá de la encrucijada nuestra sociedad, que se debate entre planteamientos de control social y de prevención y que no cuenta todavía con una política de seguridad ciudadana ni criminal que enrumbe los destinos del país en el marco de un contrato social sobre el tema. Lo cierto es que el populismo penal está ganando muchos simpatizantes favoreciendo a los defensores del endurecimiento de las leyes, según los cuales los problemas sociales deben ser resueltos rápida y pragmáticamente, para que cesen de molestar.

En lo personal hago mis votos porque en nuestra sociedad dejemos de creer que el aumento de penas trae consigo la seguridad. De lo contrario estaremos abonando el camino para emular las políticas de  países vecinos en los cuales ni con la pena de muerte  han logrado detener la violencia y la criminalidad.