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Sin mayor empacho Telcor continúa actuando a contrapelo de la Ley de Telecomunicaciones. Una vez más se abrogó potestades de las que carece, emitió los Acuerdos Administrativos No. 009-2010 del 22 de junio de 2010 y No. 013-2010, La Gaceta No 89, del martes 17 de mayo de 2011. Ambas resoluciones modifican el Reglamento de la Televisión por Suscripción. El primero establece que los operadores de televisión por suscripción y de radiodifusión televisiva deben poner sus canales al servicio del gobierno y de las instancias coordinadoras de mecanismos de auxilio, cada vez que haya necesidad de hacer frente a situaciones de emergencia nacional o regional que afecten al país, la defensa y seguridad de la nación, condiciones económicas y sociales adversas, inundaciones, incendios, movimientos telúricos o cualquier tipo de catástrofe o fenómenos naturales. El segundo acuerdo impone a los licenciatarios de los servicios de televisión por suscripción, reservar gratuitamente canales televisivos para la distribución de mensajes que indique el ente regulador por requerimiento del Poder Ejecutivo.

Sería un contrasentido oponerse por razones de seguridad nacional, catástrofes, inundaciones, epidemias generalizadas, crisis económicas o terremotos, que la televisión en sus diferentes variantes sea puesta al servicio de los intereses de los nicaragüenses. Los medios tienen una gran capacidad de movilización y una vasta cobertura que facilita las tareas de prevención, socorro y desplazamiento de personas ubicadas en zonas afectadas por desastres telúricos. Aun sin un mandato de esta naturaleza, ningún operador en su sano juicio se opondría a encadenar la estación televisiva y diferentes canales bajo contrato, para prevenir riesgos y evitar pérdidas humanas. Las razones humanitarias deben estar siempre por encima de cualquier cálculo o ganancia económica. La tecnología ha sido creada y desarrollada para el bienestar de la población, sobre todo cuando ocurren eventos que ponen en riesgo sus vidas.

Pero ocurre que la Ley de Telecomunicaciones no establece contraprestaciones de ninguna naturaleza a los operadores de radio y televisión. Un vacío sensible que debería subsanarse en la nueva ley. En todo el articulado de la Ley 200 no existen disposiciones que manden a encadenarse a los medios electrónicos.

Telcor está inhibido de emitir disposiciones administrativas obligando a sus dueños ponerlos al servicio del Ejecutivo. Mientras no se promulgue el nuevo estatuto jurídico, sería pertinente que la Asamblea Nacional emita una ley subsanando la omisión. Las discrecionalidades que goza el presidente ejecutivo de Telcor le permiten determinar el número de años que estime conveniente –diez o cinco- en el otorgamiento de licencias de radio y televisión, premiando o castigando según convenga a los intereses del Ejecutivo, ahora por muto propio decide agregar regulaciones que sobrepasan el ejercicio de sus funciones.

La reforma que introdujo al Acuerdo Administrativo No. 06-97 mediante Acuerdo No. 013-2010 amplía el alcance del Reglamento de la Televisión por Suscripción.

El presidente de Telcor insiste sin base legal, en modificar las disposiciones establecidas en el Artículo 35 del Reglamento de la TV por suscripción, violentando cada uno de los artículos en los que pretende sustentar su decisión.

Las modificaciones no se corresponden con las normas o parámetros técnicos señalados en este artículo. Con su insistencia persiste en operar fuera de la ley.

Nada más que esta vez fue más cuidadoso, optó por no mandar a encadenarse a todos los canales de la Televisión por Suscripción. ¿A qué obedece su empeño de continuar legislando? ¿Por qué tanto afán de atribuirse facultades que no le corresponden? Un mal endémico del que no parecieran librarse quienes han ocupado la presidencia ejecutiva de esta institución. Por segunda ocasión los diputados de la Asamblea Nacional desconocen la importancia estratégica de las telecomunicaciones. La primera vez fue cuando vendieron este activo, el más importante en manos del Estado-Nacional.

Con el Acuerdo Administrativo No. 013-2010, recorta en forma drástica el Acuerdo Administrativo No. 009-2010, con la intención de imponer la reserva de un canal si el servicio ofrecido por el operador de la Televisión por Suscripción es de 31 a 37 canales, dos cuando el servicio prestado sea de 38 a 64 canales e incrementen un canal por cada 32 canales adicionales. Los dueños de los títulos habilitantes pueden utilizar los canales bajo reserva en tanto no sean requeridos por Telcor. La gratuidad impuesta a los prestatarios de la televisión por suscripción tampoco está contenida en la Ley 200 por lo que la disposición resulta igualmente ilegal. ¿La exigen como contraprestación a los dueños de la TV por suscripción por el hecho de utilizar el espectro radioeléctrico nacional para bajar sus señales, (Arto. 10 Cn? Es probable que este nuevo acuerdo satisfaga a prestatarios y usuarios. No por eso el presidente de Telcor deja de actuar por las vías de hecho.

Al principio del mandato del Comandante Ortega, Telcor procedía de manera cautelosa. Sabiendo que puede mandar a encadenarse a los medios, sus dueños recibían una paga cada vez que eran requeridos por Telcor. Esta situación duró muy poco. En la medida que las relaciones gobierno-medios fueron endureciéndose, el ente regulador se saltó las trancas, comenzó a aplicar la ley como premio o castigo. El antecedente inmediato fue su negativa a renovar las licencias de radio y televisión cuyo plazo de operación se habían vencido. El argumento utilizado por algunos diputados sandinistas para desatender las solicitudes fue alegar la necesidad de promulgar una nueva Ley de Telecomunicaciones; la actual en verdad está desfasada. Ahora quedó claro que el argumento cobijaba otras pretensiones.

Para hacer frente al impasse, la Asamblea Nacional decidió prorrogar de manera indefinida las licencias vencidas. La medida sosegó temporalmente los ánimos. El aumento de tono del mandatario evidenció que estaba dispuesto a cumplir letra por letra el contenido de las políticas de comunicación diseñadas para lidiar con medios y periodistas. En vez de buscar cómo fortalecer sus posiciones, los dueños de medios entraron en inercia absoluta. Los reclamos elevados contra los gobiernos de los presidentes Alemán y Bolaños desaparecieron. La beligerancia que había mantenido ANIR como defensora de los derechos de los dueños de radioemisoras también entró en declive. Con esta actitud los dueños de medios abdicaron en la defensa de sus derechos. Las acciones del gobierno de dividir a los periodistas resultaron exitosas.

Conociendo que los reclamos en su contra no están incluidos en la agenda de los propietarios de medios radiales, Telcor olvidó por completo mandar a enlazarse a las radioemisoras, dejándolas por fuera de lo estipulado en ambos acuerdos.

¿Conociendo su displicencia no consideró necesario establecer ninguna disposición facultándole a encadenar a las radios? Hasta la fecha lo ha venido haciendo sin recibir objeciones. ¿Qué otra causa o motivo pudo tener Telcor para no establecer ninguna disposición obligando a las radioemisoras (AM y FM) a enlazarse por requerimientos del Poder Ejecutivo? Si lo que pretendían era ser efectivos en salvar vidas humanas y daños a la infraestructura, las primeras que debieron incluirse eran las radioemisoras. Su alcance y penetración es mayor que el de la televisión. En la zona del Caribe y en las profundidades de las montañas nicaragüenses solo llegan las señales de radio.

No incluyó además a la televisión directa. Si el motivo para encadenar a la TV por suscripción se debe a que utiliza el espectro radioeléctrico nacional, ¿por qué dejan fuera a la televisión directa? Se trata de trato discriminatorio el cual pueden alegar a su favor los operadores de la TV por suscripción. Telcor tiende a multiplicar sus desatinos. En vez de ser cuidadoso en la redacción del Acuerdo 013-2010 cerrando las puertas a la tentación de destinar las cadenas radiales y televisivas para usos distintos a los establecidos en estos acuerdos, más bien ensanchó las puertas de las discrecionalidades. El penúltimo párrafo de la reforma del Artículo 35 quedó redactado en los siguientes términos: “El licenciatario podrá utilizar los canales a que se refiere este artículo, en tanto no le sean requeridos por Telcor- Ente regulador; en estos deberá trasmitir los mensajes indicados en el ARTO 30 del presente reglamento y cualquier mensaje que resulte necesario para las autoridades administrativas del Estado”. Ese “y cualquier mensaje” constituye una especie de ábrete sésamo. En Nicaragua siempre se ha abusado de las cadenas radiales y televisivas.

La flojera de los dueños de medios ha sido de tal magnitud, que no se han preocupado por exigir la promulgación de la nueva Ley de Telecomunicaciones.

Los cambios en la configuración del mapa radiotelevisivo, mediante entrega parcializada de las frecuencias, todavía no concluyen y continuaran debilitando sus posiciones en el dial. La entrega de la frecuencia de Canal 13 a la familia gobernante, constituye un nuevo capítulo. El gobierno y sus aliados se encuentran en una carrera maratónica. El fortalecimiento de su presencia en el campo radial y televisivo, indica que asistimos a una tragedia donde Telcor opera como tigre suelto, frente a un conjunto de ovejas-dueñas de medios, incapaces siquiera de berrear para que no se las coma el tigre. ¿Cómo detener la ilegalidad del ente regulador si la Asamblea Nacional se muestra ajena a toda esta charanga? ¿Recurrirán de amparo esta vez los dueños de medios?