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En abril de 2008, dos contratos de exploración y explotación de petróleo y gas natural fueron otorgados en el Caribe Nicaragüense a la empresa estadounidense MKJ Exploraciones Internacionales S.A., socia de Noble Energy Ltd., compañías que exploran en dos áreas de la plataforma marítima de Nicaragua en el mar Caribe.  El Banco Tyra, a 120 kilómetros al este-sureste de Bilwi, Caribe Norte y en el Banco Isabel, a 170 kilómetros al noreste de Bluefields, Caribe Sur.

Cabe destacar que la plataforma continental del Caribe es de aproximadamente 45,000 km2, y la profundidad promedio del agua es menor a los 30 metros. Tiene 541 Km de playa y un lecho marino, aporta alrededor del 50% del volumen nacional anual de productos del mar, sin olvidar que es el hogar de indígenas y afrodescendientes que viven y  sobreviven principalmente de la pesca y el turismo.

Los proyectos de exploración y explotación, según lo poco que se conoce de los contratos de concesiones, por los dos años de confidencialidad que le otorga la Ley 266 en su  arto 32, consta de tres fases e incluye estudios sísmicos, geológicos, perforación y desarrollo.

De acuerdo con los contratos de concesión y según información brindada por la compañía petrolera MKJ destinaría un 48% de sus ganancias al Estado Nicaragüense, según las exigencias estipuladas en la Ley de Exploración y Explotación de Hidrocarburos (Ley 286), de las cuales un 15% de las utilidades se reservarían en concepto de regalías para el Gobierno Central y las autoridades de las regiones autónomas, y un 3% sería destinado a proyectos en las comunidades de la Región Autónoma del Atlántico Norte  y Región Autónoma del Atlántico Sur.

Esta distribución de las regalías viola la Ley de Demarcación y Titulación de la Propiedad Comunal en las Regiones Autónomas y los ríos Indio, Coco, Bocay y Maíz (Ley 445) que precisa de forma clara: “…La distribución  de los tributos recaudados por el Fisco en concepto de derechos de aprovechamiento, los cuales según la ley deben beneficiar directamente a las comunidades indígenas en cuyas áreas se encuentren los recursos naturales, 25% para la comunidad, 25% para las alcaldías y 25% para el Estado.”

Otro asunto de vital importancia es el hecho de que se desconozca cuál es el siguiente paso a seguir, ya que el periodo de exploración ya está por concluir  y nadie o pocos en la Costa Caribe saben qué es lo que sigue ¿Se va a concesionar para su aprobación por las comunidades y los Consejos Regionales los permisos de explotación para perforar, o el permiso que se dio fue extensivo para el proceso de perforación de los pozos? ¿Existen estudios de impacto ambiental y de existir, fueron debidamente consultados con expertos en la temática no pagados por las empresas? ¿Se  indemnizará a las comunidades que viven del turismo y la pesca  de  ocurrir un derrame petrolero? ¿Corresponde al Estado o a la empresa el remediar un posible daño, tomando en cuenta que el principio internacional es que el que contamina paga? ¿Hay empresas con capacidad probada y presencia en la Costa Caribe para realizar la remediación?

Todas estas interrogantes, al parecer no le interesan a nadie, pese a que estos proyectos podrían cambiar para bien o para mal la vida de las y los costeños (veamos el ejemplo de Noruega, como positivo, o el ejemplo de Holanda como negativo).

Sabemos que existe la necesidad de conseguir más información, de fortalecer las instituciones y las normas técnicas relacionadas con los niveles de contaminación, tomando ejemplos menos permisivos como los europeos y no los más permisivos como los latinoamericanos, y considerando que la distribución de las posibles rentas es violatoria a la Ley 445.

También sabemos que no ha habido empresas de extracción de petróleo en el  mundo que no hayan tenido al menos un accidente con daños serios al medioambiente, por más seguridad, monitoreo institucional, normas legales y tecnología de punta que se tenga, miremos el ejemplo de British Petroleum  (BP) en el Golfo de México.

Lamentablemente solo sabemos que no sabemos nada, en una era donde la información es vital. Entre más información se tenga mejor es la capacidad de decidir y actuar en beneficio de ecosistemas y comunidades tan vulnerables como el de las comunidades indígenas y afrodescendientes “Demandemos con hechos lo que es nuestro por Derecho”.

*Movimiento Jóvenes Estableciendo Nuevos Horizontes