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“Lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad”.

Karl A. Menninger

La trágica muerte de un joven universitario a manos de adolescentes, derivó en protestas encabezadas por UNEN, no demandando seguridad ciudadana ni tampoco acceso a una justicia imparcial, transparente y expedita, sino recrudecimiento de las penas a los adolescentes. Rápidamente ALN presentó la iniciativa legislativa en la Asamblea Nacional, la magistrada sandinista Alba Luz Ramos, Presidenta de la CSJ se pronunció a favor y el CNU, también se  mostró a favor, coincidentemente todos estos actores están a la disposición del régimen de Ortega.
La trayectoria política de Ortega se caracteriza, entre otras cosas, por fabricar crisis y luego lucirse aportando en la solución, además por usar el populismo como herramienta de gobernabilidad.

El populismo sirve para crear una ficticia paz social, que consiste en darles prebendas, beneficios o concesiones onerosas  a los diferentes actores sociales para obtener su apoyo, complicidad o al menos un pacto de convivencia armoniosa. Estamos en un año electoral donde Ortega pretende imponer su inconstitucional reelección, sin permitir la observación electoral como presupuesto del fraude que pretende implementar, ante esta situación es necesario crear una cortina de humo o distracción, para desviar la atención pública de lo esencial, como lo es el proceso electoral.

Es necesario tener presente el hecho que Nicaragua es suscriptor de la Convención sobre los Derechos del Niño, y además, según el artículo 71 de la Constitución es parte  integral de la misma; por tal razón, el Código de la Niñez y la Adolescencia es el desarrollo legislativo de los principios ahí contenidos. Endurecer las penas para menores es una regresión en materia de derechos humanos, y en segundo lugar no es una solución al problema de la delincuencia juvenil, sino es populismo penal y manipulación con interés político.

Dicha Convención contempla la necesidad de crear un sistema de justicia para menores que violen leyes penales, de donde se desprende parte del articulado del Código de la Niñez. De igual manera, la Convención crea el Comité Sobre los Derechos del Niños, que vela por su cumplimiento; realiza exámenes periódicos a los Estados Parte; y crean observaciones generales para la aplicación de la Convención. En el último examen periódico que realizó el Comité a Nicaragua en octubre de 2010, se recomendó (párrafos 80-82) perfeccionar el sistema de justicia para menores y que se adopten las llamadas reglas de La Habana (Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad). De igual manera, se recomendó la incorporación de la Observación General número 10, que está referida a los derechos del niño en la justicia de menores, y si bien es cierto, no prohíbe expresamente la imposición de penas privativas de libertad a menores, afirma que es la última medida que debe ser impuesta porque tiene consecuencias muy graves en el desarrollo armonioso del niño y dificulta gravemente su integración social (párrafo 11). Asimismo, en forma transversal, esta observación general insiste en la creación de una política general de justicia de menores que prevenga y luche contra la delincuencia juvenil.

Una política de prevención y lucha contra la delincuencia juvenil con enfoque de derechos humanos, pasa por atacar las causas de la misma. La delincuencia juvenil es un engendro de la pobreza y exclusión social, consecuentemente debe hacerse un programa de prevención social del delito que identifique a los niños en riesgo o vulnerables y se les brinde oportunidades de formación integral entre otras cosas. De esta manera, además de garantizar la seguridad ciudadana, se le brinda a la niñez el derecho a la educación integral, el desarrollo y, sobre todo, se estaría velando por el interés superior del menor.

Una política de esa naturaleza garantiza la progresividad de los derechos del niño, en cambio el incremento de las penas es regresivo en materia de derechos humanos, además está demostrado que el incremento de las penas en sí, no reduce el índice delictivo ya que no cambia ningún comportamiento en las personas, lo que es el fin de toda política pública. La regresividad de esta medida radica en el hecho de que el Código de la Niñez reconoce una serie de derechos reglamentando una disipación constitucional, entre ellas una pena máxima para los menores que violen leyes penales. Visto así me pregunto ¿Se pueden quitar los derechos?

Nosotros vivimos en un Estado Constitucional de Derecho y la creación de leyes no tiene la misma lógica que una fábrica de chorizos. En este sentido, es pertinente retomar a Luigi Ferrajoli, quien en su libro “Derechos y Garantías: La ley del más débil” describe un paradigma legislativo compuesto por la vigencia (reglas de formación) y validez (compatibilidad con el carácter sustancial de los derechos fundamentales). Variar la penas en los delitos cometidos por adultos, solo debe guardar coherencia y proporción con el bien jurídico protegido, en el caso de los niños que infringen leyes penales es diferente porque implica restricción al proyecto la vida, se le condena a una pena privativa de libertad y además de adquirir una formación para su vida adulta; por tal razón, el incremento de las penas a los menores carece de contenido sustancial.

Si la oposición apoya esta iniciativa se convierte en tonto útil del régimen orteguista, dejándose llevar por el populismo artificial que demanda la aprobación de la medida. El liderazgo en política implica adoptar decisiones sobre la base de principios, en este caso se deben defender los derechos humanos de los niños, lo que implica adoptar programas de prevención social del delito y no endurecer las penas. Tal vez mis expectativas de la oposición son ilusas, porque ellos saben que al que le tocará explicar esta aberración al Comité será a Ortega, cayendo en oportunismo.

*Miembro de la Juventud
Partido Conservador