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El calendario para el actual proceso electoral fue aprobado por el Consejo Supremo Electoral el 16 de noviembre del año pasado, sin tomar en cuenta las observaciones formuladas por los partidos políticos, no obstante que el Art. 4 de la Ley Electoral establece la obligación del Consejo de elaborarlo “en consulta con las organizaciones políticas que gozan de personalidad jurídica”. Ese mismo artículo faculta al CSE para modificar o reformar el calendario.

El actual calendario ya sufrió su primera reforma, cuando el CSE prorrogó el período para la inscripción de los candidatos para diputados nacionales, departamentales y del Parlacén. Esta reforma la hizo el CSE prácticamente de oficio, pues no aclaró qué partido político había solicitado la reforma. Y sin que existiera las “causas de caso fortuito o fuerza mayor”, que menciona el aludido Art. 4 de la Ley Electoral.

Varios partidos políticos que están participando en la contienda electoral habían solicitado que se adelantara la fecha de aprobación y publicación del Reglamento para la observación electoral, que está prevista para el 16 de agosto de este año.
El CSE no atendió estas solicitudes. En procesos electorales anteriores, esa fecha no ha sido tan tardía. Cabe recordar que el numeral 8 del art. 10 de la Ley Electoral, faculta al CSE para “Reglamentar la acreditación y participación correspondiente a los observadores del proceso electoral”. En esta disposición conviene subrayar que la facultad del CSE se limita a “reglamentar la acreditación”, no lo autoriza a desvirtuar la observación electoral transformándola en un simple “acompañamiento”, como aparece ahora en el calendario electoral. Además, también corresponde señalar que la Ley Electoral habla de “observadores del proceso electoral”, es decir de observadores de todo el proceso electoral y no solo de una parte del mismo.

Al establecer, maliciosamente, el día 16 de agosto como fecha para aprobar y publicar el reglamento del “acompañamiento” nacional e internacional, el CSE limita la observación electoral a las últimas etapas del proceso, desde luego que etapas claves del mismo están teniendo lugar o van a realizarse antes de la aprobación del Reglamento, como lo son la cedulación (el último día para solicitar cédula de identidad es el 8 de agosto); el registro de las alianzas de partidos políticos; la inscripción de candidatos a presidente, vicepresidente, diputados nacionales, departamentales y al Parlacén; la formación de los Consejos Electorales Departamentales, Regionales y Municipales; la verificación ciudadana (prevista para el 8 de agosto), etc…

Si bien los organismos nacionales de observación electoral más reconocidos por la opinión pública, ya decidieron observar el proceso con o sin la acreditación de parte del CSE y, en tal virtud, ya están llevando a cabo sus tareas de observación y han hecho públicos sus primeros informes sobre las irregularidades que se han dado en las primeras etapas del proceso, a quienes más afecta la decisión de dejar hasta para el 16 de agosto la aprobación y publicación del Reglamento de “acompañamiento”, es a los organismos internacionales de observación, como la OEA , la Unión Europea y el Centro Carter, pues estos organismos, aunque algunos ya hayan sido invitados a “acompañar” el proceso, no podrán hacerlo sino después de que se apruebe el Reglamento de marras pues, seguramente, necesitan conocer en qué condiciones desarrollarán su tarea de “acompañamiento” y si realmente se les permitirá hacer una verdadera observación electoral, acorde con los principios internacionalmente establecidos para este tipo de tareas, que por cierto conlleva una gran responsabilidad para los organismos que las realizan.

Si se tiene en cuenta que la Constitución Política en el numeral 6 de su Art. 173 establece la obligación del CSE de “Dictar de conformidad con la ley de la materia, las medidas pertinentes para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de plena garantía”, no vemos por qué el CSE no podría adelantar la fecha de la aprobación del famoso Reglamento de acreditación, por ejemplo para el 30 de junio, de manera que los organismos internacionales tengan tiempo suficiente para organizar sus misiones de observación y estas puedan llegar al país a más tardar en la segunda quincena de julio o principios de agosto. La observación electoral internacional es una de las mejores garantías para que el proceso electoral sea transparente y se respeten sus resultados.

En la opinión pública existe un amplio reclamo a favor de la observación electoral nacional e internacional. Las encuestas recientes demuestran que más del 70% de la ciudadanía, incluyendo militantes del FSLN están de acuerdo con que exista la observación electoral. Se han pronunciado a favor de la misma la Conferencia Episcopal, las iglesias evangélicas, el Cosep, Amcham  y los diferentes organismos de la sociedad civil organizada. Pero, lo que se demanda es una observación electoral eficaz, que pueda darle seguimiento a todas o la mayor parte de las etapas del proceso electoral, tal como lo dice la Ley Electoral, y no solo a sus etapas finales, cuando el fraude electoral podría estar ya montado.