•  |
  •  |

En esta campaña electoral, Ortega no puede incluir en sus propuestas la lucha anticorrupción porque sería una admisión tácita de la generalizada y sistemática corrupción del régimen que preside, tampoco es una propuesta que Arnoldo Alemán pueda apadrinar, ya que por sus antecedentes sería más que una burla, una ofensa al pueblo de Nicaragua. En cambio, Don Fabio Gadea sí tiene la entereza moral de enarbolar esta bandera, el inconveniente es que tiene que visualizar una estrategia que sea flexible y no empantane sus buenas intenciones como ocurrió con Enrique Bolaños.

La frase “revolución de honestidad” es una expresión emotiva, pero a la luz del concepto de revolución que nos brinda Harold Berman no es posible, ya que en su libro Law and Revolution la define como un cambio rápido, violento y fundacional de un nuevo orden jurídico. Es más, al tenor de los elementos conceptuales que brinda dicho autor, en nuestro país jamás ha existido una revolución, sólo luchas por el poder. Sin embargo, esto no implica que no puedan hacerse cambios importantes en la lucha anticorrupción.

Es posible, aunque improbable, que Gadea obtenga una mayoría calificada en la AN y así impulse cambios en la CSJ y CGR que permitan castigar a los corruptos. De igual manera, es posible hacer un acuerdo político (No Pacto) que restablezca la institucionalidad en el país, la cual debe ser el primer frente de lucha anticorrupción. En cualquier caso, se estaría otorgando a los nicaragüenses una garantía institucional en la lucha anticorrupción, pero no es lo único que se puede hacer, ya que Gadea puede incluir en su estrategia el control político y la auditoría social.

En el control político la suerte está echada, ya se seleccionó a los diputados que le respaldarán en la AN, así que sólo nos resta esperar no sucumban ante la potencia de los “cañonazos” del régimen ortegista y que además hilvanen una estrategia anticorrupción desde la AN. En el caso de la auditoría social es donde creo debe hacerse especial énfasis, ya que abrir de par en par las puertas de las instituciones públicas le dará legitimidad a su gestión y además ganará aliados importantes dentro de la sociedad civil. Asimismo, el efectivo reconocimiento del derecho de acceso a la información pública a los nicaragüenses, será una garantía futura de lucha anticorrupción aún después de la gestión de Gadea.

La auditoría social está vinculada con la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), para su efectividad se requiere en primer lugar crear en todas las dependencias del Ejecutivo, las Oficinas de Acceso a la Información Pública (OAIP) y en segundo término una reforma a la LAIP que centralice la segunda instancia de la solicitud de información en sede administrativa y facilite la demanda de este derecho en sede jurisdiccional.

Actualmente no están creadas en todas las dependencias del Ejecutivos las OAIP y donde si existen no son funcionales. Cuando una solicitud de acceso a la información es rechazada o simplemente no es contestada, la LAIP establece la posibilidad de recurrir ante la Oficina de Coordinación de cada poder del Estado, mismas que actualmente no existen o no son funcionales. Este diseño de la ley obedece al mito de que debe respetarse la independencia de los poderes del Estado, pero si la Constitución reconoce a los nicaragüenses el derecho de acceso a la información y la LAIP establece que es información pública, la creación de un instituto o dependencia central de acceso a la información por medio de una reforma a la LAIP que obligue a las OAIP de los diferentes poderes del Estado, órganos de creación constitucional y alcaldías a entregar la información pública demandada por los ciudadanos, no es trasgredir la independencia de poderes, sino garantizar el efectivo derecho de acceso a la información pública. ¿Qué es de mayor interés público en éste caso, la independencia de poderes o el derecho de acceso a la información pública?

Asimismo, otro ajuste que requiere la LAIP es que la demanda en sede jurisdiccional de este derecho, no se haga por la vía de lo Contencioso Administrativo ante la CSJ, sino por la vía del Recurso de Amparo en cualquier Tribunal de Apelaciones del país. Cualquier derecho reconocido en la Constitución puede hacerse efectivo en vía jurisdiccional por medio del Recurso de Amparo y a pesar que el derecho de acceso a la Información Pública lo está en la Constitución, los Diputados decidieron degradarlo y que éste fuera demandado por la vía Contenciosa Administrativo, el cual es un procedimiento más formal, menos expedito y sobre todo sólo puede activarse en Managua ante la CSJ
En suma, estimo que la revolución de honestidad que quiere emprender Gadea no sólo debe apostarle al fortalecimiento institucional y el control político, sino que principalmente debe consagrarse el efectivo reconocimiento del derecho de acceso a la información pública, ya que si nos hemos enterado de los casos corrupción en ALMA, DGI y CSE entre otros, es justamente por la valiente labor de periodistas y medios independientes, pese a la persecución que han sido víctimas.

Consecuentemente, si esto ha sido lo que ha dado algún nivel de resultado, es sensato pensar que hay que fortalecer la auditoria social como mecanismo de lucha contra la corrupción.

* Miembro de la juventud Partido Conservador