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La muerte es dolorosa, cuando es violenta ha de doler más. Ninguna persona debe quitarle la vida a otra.

A raíz de la lamentable y condenable muerte del universitario Evans Omar, hemos sido testigos de muchos planteamientos, a favor y en contra de El Código de la Niñez y la Adolescencia, (El Código) una Ley vigente desde el veintidós de noviembre de 1998 – no tiene 13 años-  que representa un cambio paradigmático en términos históricos, jurídicos, sociales, políticos y sobre todo éticos-culturales.

El Código, con fundamento en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, es una Ley armónica integrada por 3 libros, que desde la perspectiva del Estado Social, de Derecho y Democrático, reconoce condición de persona y ciudadanía a las niñas, niños y adolescentes, que representa un gran desafío de transformación cultural, frente al menos tres características de la sociedad nicaragüense: caudillista, machista y adulto-centrista.

Con la aprobación de El Código, por primera vez en la historia jurídica, política y social del país el principio constitucional de igualdad toma vigencia sin distingo de ninguna clase. Se reconocen derechos, libertades, garantías y responsabilidades a la niñez y la adolescencia. Por primera vez la adolescencia es responsable penalmente por sus actos.

El Código es una ruta estratégica para que se vayan produciendo en Nicaragua cambios sociales, culturales, económicos y políticos con base en El Estado Social, Democrático y de Derecho. Pero el desafío no se ha asumido, a pesar de las garantías establecidas en la Constitución y las leyes, la niñez y la adolescencia son quienes más sufren la pobreza, las violaciones a sus derechos se producen a diario, en todos los ámbitos y a todos los niveles; igualmente el Sistema de Justicia Penal Especial para adolescentes no se aplica con el rigor que la norma establece, creando una percepción –equivocada- de que el Código es fuente de impunidad.

El Código es una Ley integral, el Libro I establece “Derechos, libertades, garantías y deberes” y Libro II crea una Política Integral y El Consejo Nacional de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia (CONAPINA). El Libro Tercero del Código crea un Sistema de Justicia Penal Especial para Adolescentes y establece claramente que son responsables o imputables penalmente las personas entre los 13 años cumplidos y los 18 no cumplidos, es decir fija claramente la edad mínima a partir de la cual todo nicaragüense es responsable penalmente por sus actos.

La percepción de que El Código crea impunidad –a mi juicio- se basa en el desconocimiento que una gran mayoría de instituciones y de la población tiene, incluyendo a la adolescencia, que piensan que ante un delito que cometan no pueden ser detenidos ni procesados, menos sancionados, lo cual es completamente falso. El Código no crea impunidad, define una autoridad penal especial, tipifica delitos, establece un proceso, procedimientos y sanciones incluyendo la privación de libertad.

Ciertamente en el país hay mucha impunidad. No resultado de El Código, sino por el poco respeto a la institucionalidad. En Nicaragua, se está volviendo normal que muchas personas e instituciones irrespeten La Ley. Aplaudo la participación de los universitarios en demandar justicia, pero ¿debemos hablar solo de justicia penal? ¿Qué pasa con la justicia social? Los adolescentes entre 13 y 18 años no cumplidos –en conflicto o no con la ley; cometan o no delitos-, cuando el Código entró en vigencia, no habían nacido y los mayorcitos no habían cumplido 5 años.

¿Quiénes están en la impunidad? Los que no han cumplido con sus obligaciones expresamente establecidas en El Código, ¿qué ha pasado en la práctica con el principio del interés superior del niño y la niña? Muy poco.

¿Por qué no se responsabiliza a las personas, funcionarios administrativos y autoridades que no cumplen con el Código?  ¿La única respuesta es penalizar más duramente a los adolescentes?, ¿no sería mejor responsabilizar a padres y madres; y penalizar a los adultos que promueven, incitan y obligan –en muchos casos-, a adolescentes a cometer delitos? Hay que evitar el sicariato. Hay que tomar el toro por los cuernos.

Aumentar las penas, sería penalizar la ineficiencia del sistema político-jurídico-social del país, pero en cuerpo ajeno.  Adicional a su pobreza, 121 mil niños entre 6 y 13 años de edad no están en la escuela; solo 6 de cada 10 adolescentes entre 14 y 17 años de edad, están en secundaria; más de 200 mil niños y adolecentes trabajan, otros centenares piden y/o deambulan por las calles; no hay muchas alternativas ni presupuesto para formación técnica, ni empleo para los jóvenes. ¿De quién es la culpa, de El Código? No, es de las autoridades que no han asumido el rol que les corresponde y de padres, madres, de las familias y la sociedad, incluidos los adolescentes.

La Asamblea Nacional, antes de abordar cualquier iniciativa de Reforma a El Código, debe evaluar a las instituciones responsables de hacerlo cumplir. En primer lugar debería invitar al Presidente de la República Daniel Ortega y preguntarle: ¿Qué se hizo el CONAPINA?, por Ley él lo preside; ¿quién es el encargado de la Política Nacional de Atención a la Niñez y la Adolescencia, concebida como el instrumento político y de planificación social para articular, definir prioridades y dar coherencia a las acciones del Estado y la sociedad civil para una efectiva atención a la niñez y adolescencia?, ¿cómo marcha el Plan de Acción Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2001-2011?

También, debería invitar a los Ministros de Estado y de Gobierno para que den cuenta del trabajo coordinado y coherente en pro de las personas menores de 18 años, representan más del 35% de la población.  La propia Asamblea debería preguntarse qué han hecho por la implementación de El Código. Cada año, las y los diputados, aprueban el presupuesto general de la República lo harán poniéndose en los zapatos de la niñez y adolescencia como promueve la CODENI.

La Constitución prevalece ante cualquier otra Ley, pensar en reformar El Código, obliga a los legisladores pensar en Reformar la Constitución y denunciar los diversos tratados internacionales ratificados por Nicaragua, que garantizan derechos a la niñez y adolescencia y contemplan un trato especial y pertinente a quienes entran en conflicto con la Ley.

Muy bien por los universitarios que piden justicia y seguridad en las universidades y sus entornos. Sugiero que también se movilicen para pedir: justicia por los miles de niñas y niños que padecen hambre y otros miles que ni siquiera tienen derecho a estudiar; seguridad para los que estudian y que a diario se movilizan a píe o en rutas de buses y que son asediados por delincuentes –adolescentes y adultos-; que los bares y cantinas se retiren de las cercanías de escuelas y universidades; y pedir castigo a quienes les venden cerveza, alcohol, cigarrillo, droga y, a los que permiten la entrada de niñas, niños y adolescentes en discotecas y otros clubes nocturnos.

Las universidades y los universitarios están llamados a ser un motor importante para la transformación social del país, al igual que demandan penas más duras para los adolescentes –con lo que no estoy de acuerdo-, deberían demandar que se incremente el presupuesto a la educación no universitaria hasta un 7% del Producto Interno Bruto. En los últimos años solo el presupuesto de las universidades, ha experimentado un incremento real y sólo el 50% de los universitarios que ingresan a la universidad se gradúan.

Ciertamente si fuera mi hija la que muriera en las mismas circunstancias de Evans Omar, reclamaría con el mismo fervor justicia y buscaría el ojo por ojo, diente por diente, pero ¿la respuesta social y de la sociedad académica y política debe ser igual? ¿Una ley de mano dura nos asegura menos delincuencia o menor participación de adolescentes en hechos delictivos? Mirémonos en el espejo de nuestros países vecinos.

Aplaudo que los estudiantes se movilicen y expresen sus opiniones y propuestas. Sugiero que no hagan acompañar sus argumentos con morteros. Muchos universitarios – los de primer ingreso - aún no tienen 18 años cumplidos y otros no alcanzan los 21 años de edad, están imposibilitados para portar armas de fuego. El mortero ¿es o no un arma de fuego?, ¿están cometiendo delito al portarlo o no?, de ser así ¿con qué Ley deberían ser procesados?

*Educador y promotor de Derechos Humanos
gutierrezsilvio@hotmail.com