Leoncio Vanegas
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Existen varias motivaciones en las personas para participar en el quehacer social, económico, político y cultural de una determinada comunidad. Participar es una acción natural del ser humano, un fin en la búsqueda de satisfacer las necesidades de su propia existencia, tanto personales como colectivas. Participar es vida cotidiana, donde se tejen proyectos, esperanzas, etc., pero es de consenso, de respeto mutuo y de solidaridad.

En este sentido, la participación ciudadana no se activa por un simple decreto presidencial o por una ley o por lo que piense un mesías, pues, participar es una acción voluntaria. Producto de esa voluntariedad, en los municipios subsisten muchas obras que no fueron erigidas por una autoridad determinada, sino por el aunar de esfuerzos y recursos de la propia ciudadanía que solventaron una necesidad colectiva. Así existen parques, escuelas, puentes, miniacueductos, templos religiosos, campos deportivos, casas comunales, etc.

Posteriormente, organismos de cooperación junto con alcaldías desarrollaron formas institucionales de participación ciudadana apuntaladas a orientar el desarrollo local de una manera planificada que tomara en cuenta ámbitos políticos institucionales, sociales, económicos y ambientales. Así, desde mediados de la década pasada, se puso en moda la planificación estratégica de largo plazo. Ahora es una condición imperante: todos los municipios tienen un documento rector de este tipo.

Entonces, gobiernos locales con una visión política más avanzada convocaron a la población organizada y no organizada a participar en mesas de trabajo, según su interés natural. La gente aprendió a manejar metodologías de análisis de problemas, y con ello, la gente logró diagnosticar obstáculos y potencialidades para impulsar un desarrollo sostenible y planificado.

De las necesidades planteadas se derivaron planes de inversión multianual (PIM), un menú de proyectos en orden de prioridad para gestionar su ejecución a plazos de cinco y más años; ahora, en la mayoría de los casos, se ha limitado al mismo período edilicio de 4 años, por aquello de que el partido a gobernar el municipio trae consigo un plan de gobierno, el cual termina disuelto en la realidad concreta.

De allí, cada año, los gobiernos locales desprenden el plan de inversión anual (PIA), pero que junto con el presupuesto de gastos corrientes es sometido a consulta ciudadana, cumpliendo de esta manera un proceso que regula y mandata la Ley de Municipios, Ley de Régimen Presupuestario Municipal y Ley de Participación Ciudadana. Algunos gobiernos locales con cierto nivel de fortalecimiento institucional, lo cumplen; otros, dirigidos por alcaldes autoritarios y enfocados al partidismo soslayan esta legalidad y procedimiento técnico.

Además están los cabildos, uno de presentación del presupuesto de lo que se va a ser en el año nuevo y otro que es para rendir cuentas sobre la ejecución del año concluido. Y a éstos tienen derecho de asistir todos los ciudadanos del municipio y exponer sus opiniones y críticas a las autoridades edilicias, y todo debe constar en acta. Luego, el Concejo le da forma legal a través de una ordenanza.

De tal forma que lo del “poder ciudadano” no es un concepto nuevo en muchos municipios, pues la ciudadanía no sólo participa en la elección de sus autoridades o ser representada a través de los concejales de diversidad ideológica, sino que también propone y toma decisiones para orientar la gestión local.

No obstante, este “poder ciudadano” es de consenso y concertación, donde caben todos sin exclusiones de ninguna naturaleza. La temática es de interés municipal y común para todos los ciudadanos.

Esta participación venía madurando una jerarquía de participación para el desarrollo local; su diversidad social, económica, política, religiosa y cultural se conjugaba en un diálogo dentro de una instancia formal, que es el Comité de Desarrollo Local (CDM), seccionado en subcomisiones, y según su naturaleza, a éstas se apegaban las distintas expresiones organizativas de la sociedad civil. Sus juntas directivas son electas democráticamente.

Las expresiones territoriales se evidencian en la ciudad en comités de barrios o asociaciones de pobladores; en la rural, predominan las juntas o comités comarcales. Son instancias de organización autónoma. En algunos territorios hasta se han elaborado su propio reglamento para normar su funcionamiento.

Claro que no han estado libres de la “contaminación partidistas”. Existen alcaldes sandinistas de perfil sectarista que instrumentalizan estas instancias para mantener un control de la base política de su partido y para legitimar avales sociales ante organismos de cooperación que demandan una consulta ciudadana para aprobar determinados proyectos. Este mismo enfoque también se evidencia en alcaldes liberales, pero también en ambos grupos ideológicos hay ediles que promueven y respetan la participación como un mecanismo para potenciar el desarrollo de sus municipios.

De manera que los gobiernos locales que trabajan y fomentan una relación transparentes con la ciudadanía logran hacer gestiones de más éxito y de consenso, y, por supuesto, acumulan un capital político para sus respectivas banderas políticas, porque han motivado una confianza y estabilidad social en la población.

Para el ámbito departamental, a la entrada del nuevo gobierno del matrimonio Ortega-Murillo, estaba en consolidación los Consejos de Desarrollo Departamental (CDD), en los que se representaban todos los municipios. Aquí buscaban el consenso en la priorización de las inversiones necesitadas en un área parcial o total del departamento, por ejemplo, la conservación de cuencas hídricas, recursos forestales, infraestructura educativa y sanitaria, carreteras, etc.

Por último, el consenso del CDD subiría al Consejo de Planificación Económica Social (Conpes), para que la demanda departamental se materializara en los planes y políticas públicas del gobierno.

Los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) que la pareja presidencial se ha empecinado imponerle al país, a cualquier costo, puede ser que tengan buenos propósitos en la gestión de demandas locales, pero su formación en los territorios ha estado envuelta con el mismo secretismo característico del gobierno.

La población que tradicionalmente no ha simpatizado con el FSLN, y si le ponemos porcentaje es el 62% del padrón electoral, ve con suspicacia el hecho que éstos CPC están coordinados por militantes sandinistas, en su mayoría, los mismos que integran los comités de campaña electoral. Y al igual que la pareja presidencial despacha desde su casa y Secretaría de su partido, también en los departamentos y municipios, los CPC tienen como referencia las secretarías del FSLN, lo que les etiqueta como instrumentos partidarios.

Se suma que muchos CPC son integrados por militantes radicales que no admiten una opinión divergente contra el gobierno y su partido. Además, su animadversión a los vecinos que tradicionalmente han pertenecido a partidos contrarios, les resta la voluntad de invitar a participar en los llamados CPC. Al final, se ha avivado la polarización política, que es uno de los obstáculos destacados en los diagnósticos municipales como un elemento negativo para impulsar el desarrollo municipal.

Lástima que una jugada más democrática y ventajosa para el actual gobierno y para que hiciera mérito a su consigna de “unidad y reconciliación”, hubiese sido reconocer y fortalecer la participación ciudadana a través de las instancias tradicionales ya existentes en los territorios, las que ya tenían un espíritu de verdadero “poder ciudadano” para una toma de decisiones consensuada. Así el país no estuviera en crisis por caprichos enfermizos, sino en marcha, generando confianza interna y externa.

Nueva Segovia