Jorge Eduardo Arellano
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Las principales fronteras territoriales de Centroamérica (Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) son: al Norte México y al Sur Colombia. Esta estrecha franja geográfica es una obligada zona intermedia entre dos grandes naciones inmediatas cuyas poblaciones sumadas representan 150 millones de personas, el 30% de la población de habla española en el mundo, su extensión territorial es de 3 millones de kilómetros cuadrados y sus economías tienen la posición número 14 (México) y 28 (Colombia) entre las naciones del mundo. Esa realidad geográfica, económica, política y social hace que cuanto suceda en estos dos países, tenga efectos en la pequeña Centroamérica, cuya población es de 37 millones de habitantes y 510 mil kilómetros cuadrados, su economía se ubica entre las más pequeñas del Continente.

El conflicto armado colombiano, con antigüedad de más de medio siglo, sumado a que se ha constituido en el principal país abastecedor de cocaína del mundo, en donde además converge una excesiva presencia militar, económica y de intereses geopolíticos de Norteamérica, es un reiterado ciclo que mezcla el conflicto político, militar y de delincuencia organizada, y que indudablemente tiene efectos en el escenario inmediato de Centroamérica. Región que, habiendo superado el conflicto interno, lograda la paz, desmovilizados los grupos irregulares, dejó en evidencia sus viejos problemas de pobreza, desigualdad, violencia social y fragilidad institucional, condiciones favorables para el asentamiento de fuerzas delictivas organizadas nacionales y transnacionales, que requieren operar al margen de límites fronterizos.

La violencia criminal organizada en México, la dispersión de los carteles de la droga que manejan el comercio hacia el principal mercado consumidor del mundo, Estados Unidos, que son además su frontera territorial inmediata, sumado al desarrollo de la corrupción institucional y la fragmentación del Estado, son escenarios externos a centroamericana que requieren extender su base de actuación en esa pequeña franja territorial, obligado paso terrestre, aéreo o marítimo entre la oferta del Sur y la demanda del Norte.

No hay nada más globalizado en el mundo que la delincuencia, no hay ninguna actividad que desarrolle de manera tan fría e indiferente el capitalismo que las nuevas manifestaciones organizadas de la delincuencia transnacional. Ellas buscan el máximo beneficio con las menores regulaciones, sin fronteras ni restricciones de ningún tipo para asegurar la oferta de bienes al mercado que los demanda.

El creciente conflicto de violencia criminal organizada en México y el empantanado problema colombiano demandan de las pequeñas economías y descohesionadas sociedades centroamericanas ser un tránsito seguro para la droga, un lugar de descanso y abastecimiento, un facilitador para el lavado de activos, una fuente para la compra de los remanentes de armas, municiones y explosivos dejados por la guerra en manos de la población civil o en los arsenales institucionales, facilitar el tráfico de personas, etcétera.

El crimen organizado en gran escala requiere para su sostenibilidad mayores volúmenes de actividad económica y financiera que pueda soportar el flujo de recursos generados y la movilización de personas. Lo anterior encuentra un suelo fértil debido a que se suma a las vulnerabilidades nacionales de corrupción pública y privada, carencia de instituciones profesionales y aguda desigualdad social. Economías muy pequeñas no pueden justificar ni sostener niveles de delincuencia organizada altos. Naciones con menores niveles de corrupción, mayor nivel de profesionalismo de sus instituciones y menor desigualdad social, limitan el desarrollo de formas organizadas de delincuencia organizada.

El creciente problema del crimen organizado en Guatemala, El Salvador y Honduras. Las crecientes manifestaciones en Nicaragua, Costa Rica y Panamá, no son ajenas a las necesidades de operaciones de los grupos delictivos de Colombia y México, requieren de la pequeña región del centro de América para desarrollar sus operaciones económicas e ilegales. Independientemente de que cada uno de los países tiene las problemáticas delictivas propias de su desarrollo social, el factor organizativo y transnacional es indudablemente un factor externo que encuentra un adecuado enlace nacional cuando coexisten las fragilidades enumeradas. Ese factor externo contribuye a las nuevas amenazas que afectan la seguridad democrática de la región.

Cuando el conflicto se agudiza en el Norte o el Sur, cuando se opera sobre los grupos en el Norte o el Sur, cuando los riesgos aumentan o disminuyen, cuando las operaciones se hacen por el Caribe o el Pacífico, entonces los grupos criminales organizados modifican con flexibilidad su terreno operacional, sus modus operandis, su tecnología, en el panorama de los países de la región se manifiestan los efectos y comportamientos de dichos carteles y mafias. Unos son capturados, muertos o desactivados, la forma transnacional de la delincuencia, dado el mercado global en el cual actúa, crea los nuevos grupos que se adaptan “creativamente” al reciente escenario, el mercado crea sus nuevos mecanismos. El problema es global y las soluciones han dejado de ser exclusivamente nacionales, se exigen abordajes regionales y extrarregionales, en este difícil contexto que adquiere complejidades derivadas de la caldera efervescente de problemas generados en el Norte y el Sur, donde se conjugan con los autóctonos, riesgos y vulnerabilidades
nacionales.

¿Cómo parar el fuego que nos amenaza con invadirnos desde ambos extremos cuando somos conscientes que el material con el cual estamos hechos es altamente combustible?
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