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A propósito de la cruenta muerte de un reo en manos de otro, producida en la cárcel “Modelo”, se ha llegado a afirmar que el victimario, quien presuntamente cumplía una condena de 25 años por otro delito, “sólo pagaría cinco años de prisión, porque aunque el juez establezca una pena que podría ser de 15 a 25 años, por una disposición constitucional y legal nadie puede estar más de 30 años en la cárcel”. La anterior afirmación se deriva indudablemente del art. 37 de la Constitución Política que prescribe “No se impondrá pena o penas que, aisladamente o en conjunto, duren más de treinta años”; sin embargo, la solución sugerida a la luz de esta disposición no está exenta de dudas, ya que la correcta aplicación de la norma constitucional requiere de importantes matizaciones y de la adecuada interpretación de otra norma complementaria, esto es, el art. 15 de la novedosa Ley 745 de Ejecución, Beneficios y Control jurisdiccional de la sanción penal.

Pues bien, una vez planteado este escenario atinente al tiempo máximo de cumplimiento de penas, principalmente de prisión, procederé muy brevemente a exponer la interpretación que considero correcta para el caso que motiva esta reflexión. Así, en primer lugar, es preciso señalar que si bien el art. 37 Cn proscribe la imposición de penas que duren más de 30 años, lo cierto es que tal disposición no puede invocarse, en el sentido antes propuesto, cuando quien se encuentra cumpliendo condena por uno o varios delitos comete otro u otros hechos delictivos, pues en caso contrario la imposición judicial de penas de prisión próximas a los 30 años daría carta blanca para la comisión de futuros ilícitos, tanto dentro del centro penitenciario como fuera de éste, cuando, por ejemplo, el sujeto goza de un permiso de salida.

En contra de esta interpretación, podría argumentarse que cuando la norma constitucional prohíbe la aplicación de penas que, “aisladamente o en conjunto”, duren más de treinta años, hace referencia a todo tipo de sanciones penales, presentes o futuras, derivadas de la comisión de uno o varios delitos; no obstante, creo que cuando la norma utiliza tales expresiones está aludiendo a la imposición de condenas susceptibles de unificación en atención a determinados criterios de conexidad, aunque bien es cierto que el art. 408 CPP, que habla de la unificación de penas, simplemente dispone que la misma será efectuada, incluso frente a condenas posteriores, por el juez que impuso la última pena, con observancia de las disposiciones constitucionales.

Con algunos ejemplos se podría ilustrar mejor la cuestión que aquí se discute. Pensemos en el sujeto que ha sido condenado a 25 años de prisión por un delito de parricidio y que estando en la cárcel comete otros dos homicidios; según la interpretación sugerida inicialmente, y que considero incorrecta, por estas dos muertes el reo sólo cumplirá 5 años de efectiva prisión en virtud de la norma constitucional que prohíbe la imposición de penas superiores a treinta años, con independencia de que sea condenado, por ejemplo, a 20 años por los dos homicidios.

Por el contrario, la interpretación aquí propuesta se deduce precisamente del art. 15 Ley 745, cuyo contenido vino a aclarar el verdadero espíritu de la norma constitucional al prescribir que “No se impondrá pena o penas que, aisladamente o en conjunto, duren más de treinta años. Para efectos de aplicación de este límite, cuando la persona condenada se encuentre cumpliendo una sanción y se le imponga una nueva, la suma de la nueva pena más el monto pendiente de descontar no podrá exceder del límite constitucional”; así pues, aplicando esta disposición al ejemplo anterior, si el sujeto condenado a 25 años por el parricidio es sentenciado a 10 años de prisión por cada homicidio cometido en la cárcel (es decir 20 años), habiendo cumplido sólo 15 años por el parricidio, entonces lo que la ley dispone es que la nueva condena de 20 años por los dos homicidios se sumará al monto pendiente de la primera (en nuestro ejemplo 10 años), y el resultado no podrá exceder del límite constitucional (30 años). Desde este perspectiva, pues, la pena a imponer al sujeto sería de 30 años de prisión desglosados de la siguiente manera: 1) saldo de la primera condena (10) + segunda condena (20) = 30 años de prisión, sin que pueda descontarse los 15 años de efectivo cumplimiento de la primera condena por el delito de parricidio.

En conclusión, a la luz de la interpretación que habitualmente se ha realizado del art. 37 Constitución se diría que la condena impuesta en este caso es, en realidad, de 45 años, lo cual infringe abiertamente el límite temporal constitucionalmente establecido; sin embargo, entiendo que la cuestión ya era dudosa cuando la única previsión al respecto se encontraba en la norma constitucional que, como hemos visto, al conectarse con el art. 408 CPP parecía limitar, en todo caso, la pena de prisión a treinta años. Pero, considero que con la previsión legal del art. 15 de la Ley 745, el legislador ha venido a complementar la interpretación que ha de realizarse en torno al límite constitucional de las sanciones penales, en el sentido de que quien está cumpliendo una condena no puede ampararse en dicho límite, entendido como la suma global de condenas impuestas en la carrera delictiva de una persona, para continuar lesionando bienes jurídicos vitales para el desarrollo del individuo y la sociedad.

A mi juicio, la interpretación aquí sugerida es acorde con la letra del precepto, aunque bien es cierto que tal solución podría ser criticable desde los postulados que rigen los fines de la pena.  

*Doctor en Derecho Penal por la Universidad de Alcalá, España
Profesor de Derecho Penal (UCA)