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El crimen de un joven universitario ha sido el detonante para que se reforme el Código de la Niñez y Adolescencia, en cuanto a la pena de los menores infractores, tras la presión de sus compañeros de estudio.

Yerran los que pregonan que se trata de una táctica electoral, pues olvidan que la reforma la pide toda la población honrada, ante la impunidad del menor que delinque estimulado por el monto de penas irrisorias. Desde el nacimiento del Código hubo oposición sobre las penas.

Los que desde su pedestal opinan contra el aumento de las penas lo hacen sin tomar en cuenta la realidad de las víctimas. Para opinar se debe ir a los barrios populares, donde adultos utilizan a menores para delinquir, sabiendo que al menor, por la baja sanción quedará impune. Citando un caso entre miles que no hace estadística, una menor de 16 años, contratada por su hermana y su cuñado, vino de Tipitapa hasta el barrio Santa Elena para lesionar con una piedra a una señora y le quebró los dientes, fue presa y al día siguiente estaba libre, pasó frente a la casa de la señora para gritarle ¡Ya estoy libre HdeP porque soy menor, en la próxima te mato! Esta pobre joven ya se hizo criminal.

Las familias bochincheras de los barrios mandan a sus menores o contratan jovencitos vagos para que amenacen, apedreen casas, maten mascotas,  etcétera, porque se conoce lo impune del delito. El adulto utiliza menores para el delito porque el dolor de la víctima es el mismo, independiente de si es adulto o adolescente quien lo ataca.

El extremo suave de las penas estimula al delito, igual que el extremo aflictivo lo hace más doloroso para la víctima. La violación, al elevarse la pena contra el violador, hizo subir las estadísticas de las víctimas asesinadas al consumar el hecho, evitando el violador ser reconocido.

Los menores en los barrios más conflictivos son pasto exquisito del crimen, porque desde niños se hacen amigos de los infractores mayores, los ven morir y matar en cada pleito de pandilla, adquieren el deseo de venganza si el muerto es de los “suyos”, y lo disfrutan si es del grupo rival.

Desde niños se acostumbran contemplar el cadáver del asesinado y la sangre del herido, formando en ellos una piel de paquidermos ante el dolor ajeno, así ya esta listo para que un adulto lo utilice para el crimen. La promesa es simple, por amenazas no hay cárcel y por un muerto la pena no es mayor de 6 años.

El adulto que sufre la amenaza ni se molesta en denunciar, pues ya conoce el resultado. Si el adolescente asesino recibe  como máximo 6 años de pena, el trabajo y buen comportamiento se lo reducen a 3. Esa es la lógica del  adulto que utiliza menores para el crimen.

En el barrio “Andrés Castro”, un menor enviado por sus dos tíos amenazaba al vecino a grito partido mientras le apedreaba la casa, el agredido pagó a dos menores del barrio San Judas, quienes llegaron al Andrés Castro, cogieron al infractor con un cable de alta tensión y de tres golpes le hicieron jirones la piel. Santo remedio, aquel jovencito no volvió amenazar. Un crimen tras otro crimen involucrando menores.

Hay quines opinan que elevar las penas tendría el efecto del alza criminal  de nuestros vecinos del Norte, que no es cierto, por la diferencia del trato policial a la población. Quien no ha visto actuar a los agentes policiales desde Honduras hasta México no sabe lo que es abuso. Nuestra relación Policía-población es distinta que la de nuestros vecinos del Norte. Aquí el trabajo de Prevención al Delito ha logrado el desalzamiento de docenas de pandillas juveniles, reduciendo la violencia en los barrios conflictivos.

Es mi criterio que se debe aumentar la pena del menor infractor hasta la mitad del adulto, trabajar en el rescate juvenil, y establecer en dos los días de pesquisa policial para procesar al menor infractor antes de  presentarlo al juez. El Código establece que el menor infractor debe ser llevado a juez competente en término de 24 horas.

*Abogado penalista

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