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La responsabilidad social es un termino comúnmente relacionado al mundo empresarial, de ahí surgió, aunque con el paso del tiempo el término se ha extendido en su uso hacia otros sectores.

A pesar de ser un concepto ampliamente utilizado, en realidad su límite teórico-conceptual está lejos de definirse. Numerosos instrumentos e iniciativas internacionales hacen referencia a este tema. A partir de la existencia de la norma ISO 26000 RS (en noviembre 2010) se generaliza la aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial, trasladando el concepto de forma indistinta a instituciones públicas y privadas sin consideración de su tamaño o ubicación, y por lo tanto, ampliando la terminología de Responsabilidad Social Empresarial a Responsabilidad Social.

Independientemente de la forma en que se perciba tal concepto, este implica una noción casi generalizada de que el sector empresarial debe -o debería- realizar aportes positivos a su entorno inmediato, para algunos incluso, debería dar solución a determinadas problemáticas sociales.

Partiendo de una declarada mejora del clima de negocios en el país por parte del Cosep, cabe preguntarse si solamente las condiciones sociales y económicas que agravian a la fraccionada sociedad nicaragüense requieren de la inmediata atención por parte del sector empresarial nicaragüense. Es decir, si únicamente estas son parte de la Responsabilidad Social Empresarial, excluyendo las condiciones políticas, que sin duda pueden tener afectación presente o futura para el desarrollo del libre mercado, la libre empresa y las condiciones de vida de su entorno inmediato. Esto último es la base principal de la Responsabilidad Social Empresarial, e incluye matices ambientales, educativos  y,  -¿por que no?-  democráticos, de ejercicios y protección de derechos individuales, como el sufragio -derecho al voto-  y a la identificación misma del ciudadano, entre otros.

La exclusión del elemento político sería un deliberado intento por limitar el concepto mismo de Responsabilidad Social Empresarial y, una exoneración a conveniencia sobre elementos propios y de capital importancia en las condiciones de vida del entorno inmediato de negocios para el sector privado. Por tanto, lo social, lo económico, y lo político es noción amplia y síntesis suprema de la responsabilidad social empresarial que comprende dentro de sí al individuo, a la familia y a la sociedad en su conjunto.

Por ello, hemos de valorar que el escenario inmediato que pone a prueba la Responsabilidad Social del sector privado, es el cercano proceso electoral. Vale preguntarse ¿qué reacción “socialmente responsable” ha de asumir el sector privado ante tal escenario? Parece impensable que el sector privado –al menos públicamente- asuma una absoluta pasividad.

Antes, oportuno es señalar que el partido de gobierno a fin de evitar ser derrotado, ha desplegado los arbitrios que le han permitido dominar la política nacional sin oposición de ningún tipo, y esto trastoca el ámbito de los negocios privados.

Los aparentes chantajes fiscales en la DGI hacia el sector privado, es uno de tantos arbitrios mostrados, pueden sumársele las constantes irregularidades en las licitaciones públicas y, la concentración económica del grupo ALBA en sectores claves del entramado económico. En todos los casos ha existido una notable exclusión del sector privado. Todo lo anterior, es al parecer una característica del “mejoramiento del ambiente de negocios” en el país.

En la disyuntiva de cumplimiento de una amplia Responsabilidad Social, el sector privado encuentra dos principales agentes. Por un lado al partido en el gobierno, del que se espera una eminente victoria electoral, pero que “aparentemente” no representa sus intereses, y que incluso, le genera competencia desleal en importantes rubros de la economía.

El partido en el gobierno descansa su fortaleza sobre la base financiera del Estado y de entidades municipales afines. Su otra importante fuente de ingresos financieros -sin lugar a dudas- lo serán las participaciones fiscales y no fiscales sin control alguno –el caso de la DGI es muestra de ello-.

El hecho es que con dinero público, y acaso otros recursos procedentes de orígenes inconfesables, la ventaja del partido de gobierno se ha vuelto insuperable.

Por el otro lado, se trata del apoyo a la corriente de pensamiento liberal que dice ser -al menos en teoría - garantía del libre mercado y de la libertad de empresa. Es decir, se presenta a sí misma como defensa del interés empresarial. Esta, ubicada en la acera de la “oposición”,  no solo está carente de cohesión, sino también de recursos financieros, llamando a gritos al sector privado, ahora temeroso y cauteloso en su apuesta al caballo ganador. Asoma desde ya el financiamiento de campañas electorales en dos alcancías, y para bien o mal, con la Responsabilidad Social Empresarial de fondo. Finalmente, la encrucijada es la misma en la historia: la elección entre gobernabilidad e intereses económicos particulares.

*Docente universitario.
bmendezrojas@hotmail.com