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Violeta Granera Padilla

El debate sobre un Recurso de Amparo, si hubiera una nueva reforma a la Ley 290, para suprimir la potestad del Ejecutivo de formar Consejos es un debate jurídico y político. El Presidente no debe manipular su obligación de promover los acuerdos nacionales. Sería lamentable que por desconocimiento o mala intención, se malogre el esfuerzo que ha hecho este país por superar el pasado -no tan lejano-, por reencontrarnos y valorar nuestras diferencias para aprender a convivir. Durante los últimos años se han aprovechado los espacios existentes, evidenciando que estamos cansados de la confrontación y la manipulación partidaria. El Presidente debería cambiar el tono de sus discursos o pondrá en riesgo su propia base electoral.
El Presidente ha repetido que es “deber de este Gobierno, de este Presidente, compartir el poder con el pueblo, con el pueblo que sea presidente”. Esta afirmación aparentemente loable, refleja una confusión conceptual: en una democracia, el poder reside en el pueblo, que lo delega en las elecciones. Así, pues, el deber de cualquier gobernante de Nicaragua es respetar este principio, que nada tiene que ver con la voluntad individual, o con un slogan partidario. Nuestra Constitución refuerza este mandato a través de la democracia participativa, sin requerir de calificativos exóticos, como el de democracia directa.
El Presidente cuenta con las condiciones jurídicas necesarias. Nuestra Constitución (Arto. 49) tutela el “derecho de constituir organizaciones…sin discriminación alguna…” y en su Arto. 50, el de “participar en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y la gestión estatal…” señalando que se deberá hacer por medio de una ley que “garantizará, nacional y localmente, la participación efectiva del pueblo”. Esta es la Ley 475 de Participación Ciudadana, que define lo que el sistema legal debe considerar como espacios jurídicos de participación ciudadana, justamente para evitar tergiversaciones o violaciones a este derecho humano fundamental, uno de cuyos principios es la pluralidad y el derecho a la información veraz y objetiva.
Ciertamente, el aumento de la población dificulta la participación directa de todos. Si la intención fuera --como debería ser-- que los intereses de los más pobres estén mejor representados, el Presidente debería comprometerse a estimular una mayor organización independiente de la población, y la inscripción de sus organizaciones ante el Secretario del Consejo Municipal, como lo manda la Ley, y no ante un Secretario del FSLN. La mejor forma de hacerlo es que los funcionarios incorporen en las decisiones públicas estas opiniones, provean toda la información, faciliten el debate y se sometan al escrutinio público. Una mayor voluntad política para ello es un desafío pendiente sobre el que hemos venido trabajando las organizaciones de sociedad civil desde hace años. El Presidente podría hacer una diferencia positiva muy importante, y dar un ejemplo a los otros niveles de gobierno y poderes del Estado, sin atentar contra sus respectivas autonomías.
Igualmente, nuestra Constitución tutela el derecho del FSLN a organizarse y participar. La propia Ley 475 lo refuerza indicándoles utilizar sus procedimientos para asignar su representación en estas instancias. Así que los 900,000 militantes del FSLN pueden formar sus Consejos, pero deben adecuarse al mandato de la Ley. Sin duda esto sería muy bueno para la democratización del FSLN y de Nicaragua. Pero lo que no puede hacer el Presidente es pretender que estos Consejos sean el único canal de comunicación con el Ejecutivo para retroalimentar la toma de decisiones de su gobierno.
Esto lo sabe bien el Presidente, dado que solicitó una reforma a la Ley 290 para poder formar Consejos dentro de la estructura de Gobierno, pero debido a las funciones anunciadas, excediendo los límites establecidos por la misma ley, los legisladores contribuirían con la institucionalidad y la convivencia nacional si aprobaran una contrarreforma que derogue este mandato y obligue a usar y facilitar el fortalecimiento de las instancias existentes para el diálogo sistemático con el Ejecutivo.
Esto no anula el derecho constitucional de los nicaragüenses para organizarnos de cualquier forma, pero dejaría clara la obligación del Gobierno de no instrumentalizar partidariamente el derecho ciudadano de incidir en igualdad de condiciones en las decisiones públicas. Por lo tanto, a mi juicio, la reforma no transgrediría ninguna norma constitucional, no cabiendo entonces la interposición de un Amparo por Inconstitucionalidad.